Ecuador
Declaratoria colectiva por la defensa del
Yasuní, los derechos humanos y la vida
Diversos colectivos, organizaciones y personas de todas las provincias del Ecuador, reunidas y articuladas en torno a la defensa del Yasuní, los derechos humanos y la vida, hacemos la siguiente declaración:
* Consideramos que el extractivismo, como práctica del sistema capitalista, genera desigualdad, pobreza y destrucción en la sociedad, así como la devastación del medio natural, especialmente lugares megadiversos del mundo, donde se pretende llevar a cabo la explotación de recursos no renovables.
* Creemos en el Sumak Kawsay como paradigma de una vida digna, armónica y equitativa; el verdadero “Buen Vivir” no puede contemplar la depredación de la naturaleza ni la vida de los seres humanos.
* Consideramos que las nuevas formas de acumulación del capital mantienen un sistema económico de desigualdad social, en el que las élites (locales e internacionales), pretenden beneficiarse de los llamados recursos naturales existentes en lugares que no habían sido explotados; razón por la que este tipo de acumulación es residual y terminal. Debido a esto nuestra lucha se proyecta como una alternativa al modelo burgués extractivista.
* Entendemos y rechazamos que la explotación del Yasuní es el resultado de una política extractivista más amplia del gobierno, que se materializa en medidas como: la XI ronda petrolera, la expansión de la minería a gran escala, la introducción de transgénicos, la profundización de un modelo agro-industrial de monocultivos, etcétera.
* Por eso, creemos en la iniciativa de mantener el crudo bajo el suelo en el Yasuní-ITT como un emblema nacional e internacional que supone un primer paso para avanzar hacia modelos post-extractivistas, hacia otras formas de vida socialmente justas y ecológicamente sostenibles.
* Insistimos en que el agotamiento de los recursos fósiles tanto en el Ecuador como a nivel mundial es una realidad inminente, por lo que una transición hacia el post-extractivismo no es sólo una opción deseable, sino una vía inevitable.
* Estamos conscientes de que no existe una explotación petrolera “responsable” que no genere gran impacto ambiental, más aun cuando hemos sido testigos de cuarenta años de contaminación y depredación en nuestra Amazonía.
* Nos oponemos a toda actividad que atente contra los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, garantizados en los Artículos 10, 11, 57, 71, 72, 73 y 74 de la Constitución ecuatoriana. Es decir, que ponga en riesgo la vida de la flora, fauna y comunidades existentes en la zona, más aún si se trata de pueblos en aislamiento voluntario.
* Defendemos la identidad plurinacional, la cosmovisión de los pueblos ancestrales, y el patrimonio natural, cultural y genético. Rechazamos el modelo de desarrollo post-neoliberal, basado en la idea del progreso capitalista y patriarcal. Apostamos por recuperar una relación equilibrada y armónica entre la naturaleza y el ser humano, y también entre lo urbano y lo rural.
* Las mujeres nos declaramos en resistencia al modelo extractivista que afecta directamente a nuestros cuerpos y vidas, pues somos nosotras las que históricamente nos hemos hecho cargo de las consecuencias de la actividad extractiva con la violencia, exclusión y despojo que esta genera.
* No estamos de acuerdo con la falsa creencia de que el extractivismo resolverá el problema de la pobreza, dado que ésta no es un asunto de falta de recursos, sino de distribución de los mismos. Existen alternativas económicas sostenibles y viables a la explotación petrolera que ameritan ser discutidas más ampliamente en el espacio público.
* Como movimiento independiente, democrático, de carácter incluyente y diverso buscamos llevar nuestro mensaje a todos los sectores de la población de manera pacífica. Rechazamos todo tipo de violencia y de criminalización de la protesta social, así como la violación de nuestros derechos constitucionales como la educación, la organización y la resistencia.
* Con todos estos antecedentes, amparados en el artículo 104 de la Constitución del Ecuador, y considerando que la explotación del Yasuní ITT es de interés nacional, apostamos por la realización de una consulta popular YA!
Yasunidos y Yasunidas por la vida,
Quito, 8 de septiembre de 2013
Fuente: Amazonía por la Vida
Proteger el planeta, mantener a las empresas petroleras fuera del
Bloque ITT en el Yasuní
Estimado señor Presidente Rafael Correa,
Estamos estupefactos por el anuncio que usted hiciera el 15 de agosto de permitir la extracción de petróleo del bloque Yasuní-ITT. Creemos enfáticamente que la decisión inicial de dejar el petróleo en el subsuelo de este prístino territorio fue una decisión correcta y no debe ser revisada o cambiada por ninguna razón.
Por la presente declaramos nuestro apoyo a la iniciativa original de detener el crudo del ITT que se encuentra en el Parque Nacional Yasuní.
Ecuador ha mostrado un liderazgo de muchas maneras, incluyendo el reconocimiento de los derechos de la naturaleza (en la Constitución del Ecuador del 2008), la Iniciativa Yasuní-ITT, y en general ampliando un espacio de libertad y democracia hoy en día. Así es como la mayor parte del mundo ve a Ecuador.
El hecho de abrir el Yasuní-ITT para la entrada de compañías petroleras nacionales o extranjeras borra de golpe la imagen positiva que su querido país ha construido. Para empezar, el permitir la explotación petrolera en el Yasuní-ITT, usted estaría negando los derechos de los pueblos indígenas que han elegido vivir en aislamiento voluntario. En segundo lugar usted estaría cerrando un espacio a la democracia y declinando escuchar la voz de millones de ecuatorianos quienes valientemente han manifestado su inconformidad con esta medida antipopular. Como tercera cuestión, explotar el ITT se contrapone a los derechos constitucionales que tiene la naturaleza.
La extracción de petróleo no es de ninguna manera una actividad benigna y las profundas marcas dejadas por Texaco (Chevron) en la Amazonía ecuatoriana son un cruel recuerdo de esto. Se deben dar pasos para que la tierra sane y no infligirle más daño.
Finalmente le hacemos un llamado, señor presidente, a ignorar el hecho de que el mundo no tuvo prisa en contribuir con el dinero que usted pedía a cambio de no extraer el petróleo. Sepa usted, de parte nuestra, de que su propuesta había inspirado a muchos pueblos en todo el mundo que demandan que se detenga la expansión de la frontera petrolera, especialmente en ecosistemas frágiles. Hoy en día, yasunizar ha adquirido el significado de preservar la integridad de la Madre Tierra ante los estragos que causan las insaciables compañías petroleras y los gobiernos.
El dinero no puede pagar por los logros que la propuesta Yasuní-ITT ha dado al Ecuador en el mundo. Afirmamos que los derechos de los pueblos del Yasuní y los derechos de la naturaleza se merecen respeto y defensa, por lo que el petróleo del Yasuní-ITT debe mantenerse sin explotar.
Instamos a usted y a la Asamblea Nacional para que lo hagan. Más aún, le rogamos señor presidente que detenga la represión de los jóvenes del Ecuador que están de pie en apoyo de la vida y del Yasuní!
Oilwatch International. Noble Wadzah-Ghana (Oilwatch Africa). Siziwe Khanyile-Sudáfrica (Oilwatch Africa). Ivonne Yánez-Oilwatch América Latina. Clemente Bautista-Filipinas (Oilwatch Sudeste Asiático). Faikham Harnnarong-Tailandia (Oilwatch Sudeste Asiático). Tom Goldtooth-EUA (Indigenous Environmental Network). Winnie Overbeek-Uruguay (Movimiento Mundial por los Bosques). Nnimmo Bassey-Nigeria (Health of Mother Earth Foundation/Oilwatch International)
Ecuador
La Conaie frente a la visita
del presidente Correa a la nacionalidad waorani
La relación del Estado con la Amazonía siempre ha estado guiada por razones e intereses ajenos a los de esta región ecuatoriana, la Amazonía entra al territorio nacional de manera definitiva cuando se descubre petróleo. Pero su ingreso se da únicamente como fuente de extracción de recursos naturales. Antes nunca hubo un interés nacional por la Amazonia.
Las políticas del Estado han estado guiadas desde entonces por el “interés nacional” de la explotación petrolera, la existencia y vida de las nacionalidades indígenas ha sido visto como un problema, por lo que la confrontación Estado-nacionalidades indígenas ha sido una constante. Como una forma de respuesta a los distintos gobiernos nacionales y locales, a lo sumo, implementaron políticas asistencialistas. En los largos años neoliberales el Estado desapareció y fueron reemplazadas por las transnacionales petroleras y las misiones religiosas. El interés por mejorar las condiciones de vida de los habitantes ancestrales y de que su relación con el Estado y el resto de la sociedad ecuatoriana han sido de las propias nacionalidades indígenas amazónicas.
La relación asistencialista, impuesta por las empresas petroleras, es un modelo perverso que ha generado muchas necesidades a las nacionalidades indígenas, con el propósito de cubrirlas luego ante la ausencia del Estado. Un acierto de este gobierno ha sido eliminar las relaciones directas petroleras-comunidades, y encargarle éstas a Ecuador Estratégico, ya que es el Estado quien debe cubrir las necesidades de la población y quien, mediante procesos adecuados que respeten las características culturales de las comunidades y en el marco del carácter plurinacional, decidir conjuntamente los planes y programas de desarrollo más convenientes.
Resulta lamentable ver cómo el Estado, ausente por tantas décadas, ahora aparece con la propuesta de aumentar los montos económicos a la región y ofreciéndoles salud, educación, empleo, a condición de apoyo a extractivismo petrolero, particularmente en el bloque ITT del Yasuní, jugando con la necesidad de la gente y poniendo en duda la entrega de servicios que son derechos de estos pueblos garantizados en las leyes y la constitución.
La visita presidente Rafael Correa a la asamblea de la nacionalidad waorani, sin lugar a dudas es la primera vez que lo hace un presidente de la República, a lo cual saludamos esa apertura para escuchar los planteamientos de la nacionalidad waorani. Esperamos que sea para un cambio radical en la relación Estado-pueblos indígenas que permita la construcción de la plurinacionalidad y el buen vivir y no sea solamente por interés de explotación petrolera en Yasuní o aprovechar la oportunidad para seguir injuriando a los dirigentes indígenas. Como Conaie, todo nuestro apoyo a la nacionalidad waorani en su lucha por proteger su territorio.
Por el Consejo de Gobierno
Humberto Cholango
presidente
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
(Conaie) http://www.conaie.org
Honduras
El gobierno de Lobo dicta auto de prisión contra líder lenca Berta Cáceres
El 20 de septiembre de 2013, el juzgado de letras de Intibuca dispuso ordenar el encarcelamiento de Berta Cáceres, bajo una serie de falsas acusaciones, demostrando que la actual administración se encuentra al servicio de los empresarios involucrados en la destrucción de los ríos en Honduras.
No bastó con el asesinato del compañero lenca Tomas García, el pasado 15 de junio. DESA y Sinohydro exigieron la prisión de Berta Cáceres como una muestra de sumisión por parte de la dictadura civil que maneja el país.
La oposición del pueblo lenca a la destrucción de sus ríos y su entrega a la élite de poder, no es más que resistencia al esquema de saqueo sistemático de los territorios indígenas y sus bienes comunes, que está emprendiendo el grupúsculo de poder para entregarlos al capital transnacional.
Mientras el Lobo se pavonea en el Vaticano entregando una réplica de la Virgen de Suyapa, en Honduras los esbirros del Ministerio Público siguiendo las instrucciones de los piratas empresarios, se afanan para encerrar una de las voces más potentes en desafiar la actual dictadura.
El Estado de derecho en el país ha desaparecido: mientras a los grandes narcotraficantes se les permite darse a la fuga, a la valiente líder Lenca se le ordena encarcelarla bajo cargos ficticios.
Los ministerios de cartón (Justicia y Etnias) creados por la actual administración gubernamental con el propósito de lavar su imagen, se han convertido en cómplices de las masacres y asesinatos (Ahuas, Río Blanco y Locomapa) cometidos en contra de indígenas indefensos, sucumbiendo en el silencio cómplice, antes que defender los derechos de los pueblos y sus territorios.
Exigimos la inmediata liberación de Berta Cáceres y la suspensión de la construcción de la represa de Agua Zarca, además de la implementación del Derecho a la Consulta y Consentimiento Previa, libre e Informada.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Sambo Creek, 20 de septiembre del 2013
Territorio Bribri en Costa Rica
Para ser memoria
Zuiri Méndez
Para nosotros existen dos espíritus, un espíritu es el ojo derecho y otro es el del ojo izquierdo. Cuando muere una persona los bribris hacemos una ceremonia llamada sté, que dura toda la noche. Hay un bkakla encargado de hacer el sté, que es un servidor que reparte el café, el chocolate y la comida toda la noche. Cuando van a enterrar a la persona muerta, el tsé va a su mano derecha. Entonces el espíritu del ojo izquierdo queda con nosotros pero no se va a presentar nunca como un espanto a las personas vivas, sólo queda avisando cuando va a morir otra persona cercana y ahí es cuando él se muestra, cuando uno va caminando y se ve a distancia donde desaparece rápidamente de la vista. El espíritu del ojo derecho tiene que llegar donde el Sulá Kaska. Después de la ceremonia el espíritu inicia su viaje cuando nace el sol y sigue el camino que el sol hace en el cielo como si estuviera acompañándolo. Entonces cuando el sol está al medio día y nosotros estamos almorzando, hay un ser que Sibö dejó y espera que llegue el espíritu para pedirle el sté, que es toda la vida de la persona que el espíritu lleva en su mano derecha y esto es muy importante, porque si la persona no lo tiene, el ser deja al espíritu sentado en una banca y no puede seguir su camino. Cuando la persona entrega el sté puede seguir su camino al Sulá Kaska y puede volver al inframundo donde pertenece, a la tierra.
Traduce Johny Buitrago las palabras del awá Rafael Selles, contestando la pregunta de qué pasa cuando la gente muere.
La reunión fue convocada como parte de una investigación conjunta entre jóvenes para recuperar saberes de resistencias del pueblo bribri en espacios de reuniones comunitarias con awá y entrevistas audiovisuales con kekepa en el Caribe Sur de Costa Rica. Movidos por la ruptura en la enseñanza de saberes, esencial para la protección de su cultura y preocupados por las amenazas de megaproyectos a su territorio, los jóvenes del grupo organizado Talamanca por la Vida y por la Tierra iniciamos una búsqueda de saberes negados.
Podría sorprender que en Costa Rica existieron y existen procesos de resistencia contra la dominación colonial, contra las transnacionales o el Estado nación. En este pequeño territorio mesoamericano los grupos dominantes se han encargado de construir un discurso de “paz, democracia y blanquitud” sobre el despojo y la masacre que son imposibles de ocultar, pero sí propensos a ser olvidados cuando se potencia en sus habitantes una memoria frágil.
Qué sabemos de las rutas de esclavos indígenas de todo el país (para reductos y encomiendas) que los españoles traían a la ciudad de Cartago durante los siglos XVI-XVIII, la masacre de la población indígena por la extracción del caucho en la zona norte del país en la segunda mitad del siglo XIX, o la concesión a principios del siglo XX del 6% (300 mil hectáreas) del país a la United Fruit Company durante 100 años en el Caribe y Pacífico sur del país desplazando a todos los pueblos indígenas, para luego en 1950 iniciar megaproyectos de exploración de petróleo en las selvas de la cordillera de Talamanca.
Otro de los instrumentos de dominación que continuos gobiernos costarricenses lograron ir perfeccionando fue el sistema educativo. En territorios indígenas se construyó como instrumento de “blanquitud” de poblaciones, de un Estado aséptico, que obligó con castigos físicos a generaciones a dejar de hablar su idioma para aprender el idioma “correcto y blanco”. Para el territorio bribri este despojo de saberes se afianzó con la entrada de padres católicos alemanes después de la segunda guerra mundial, a los que décadas después se suman religiones protestantes, que intentan “borrar la brujería y el pecado” de la mística y sabiduría de las vivencias cotidianas de los pueblos.
Algunas industrias extractivas se unieron con instituciones gubernamentales para crear una propuesta de desarrollo para pueblos indígenas. Dentro de sus iniciativas se aprobó en 1983 la exploración de petróleo en territorio bribri realizada por Pemex y Recope (Refinadora Costarricense de Petróleo) a pesar de las manifestaciones del pueblo bribri. Desde esa década se introduce sistemáticamente la construcción de carreteras, pulperías (tiendas), alambrado eléctrico, escuelas e iglesias.
La kekepa Sonia Paez cuenta cómo el pensamiento blanco “engaña” a los indígenas para “terminar con ellos”, cuando en su discurso invita a unirse al mercado de plátano, al uso de tecnologías para la agricultura para salir de la pobreza. Pero lo que hacen realmente es sustituir la comida tradicional que ellas mismas siembran como mujeres, la forma orgánica de cuidar la tierra sin echarle agroquímicos y las consecuencias nefastas del mercado de intermediarios que explotan su trabajo en la siembra del plátano.
En Costa Rica también luchamos por contar lo que la historia oficial sistemáticamente intentó enterrar: mirar el pasado para mirar el presente. Entenderlo como parte de una historia que fue rota pero que seguimos reconstruyendo. Entender también el entramado simbólico de un pueblo que convive con la selva y no sobre la selva, nos permitirá guiar acciones cotidianas a un cuidado particular por la vida.
Queremos presentar los aprendizajes a las comunidades del territorio bribri. Que sepan que somos un grupo de personas que decidimos mirar su cultura, reconocer sus saberes y recuperar la fuerza del saber bribri como identidad para que los jóvenes se pregunten cuál es el modo de vida que prefieren vivir o dejar de vivir.
Las palabras cosmogónicas de la muerte del awá Rafael, como la mirada crítica de la kekepa Sonia sobre el cuidado de la tierra nos recuerdan que la resistencia recupera, cuando es consultada, todos esos saberes de la memoria colectiva que unen la muerte con la vida. La muerte producto de las amenazas, pero la vida (el sté), se lleva en la mano como el ser memoria se lleva para hacer la vida.
Paraguay
Contra la ley, se dio curso
a pedido de Monsanto
de patentar una especie
de maíz
La Ley de Patentes vigente prohibe que esto se haga con plantas y animales. Instituciones defensoras del derecho a la alimentación y organizaciones sociales exigirán al ministerio que revoque su decisión. También que anule cualquier otra operación que haya sido aprobada en el mismo sentido.
El pasado 13 de julio, en la página 37 del diario Última Hora, se publicó en la sección de “registro de marcas” la solicitud de la corporación Monsanto al Ministerio de Industria y Comercio. La publicación forma parte de los trámites requeridos por la repartición estatal para acceder al pedido de dar patente al maíz transgénico MON 89034 de la empresa estadounidense.
Varias instituciones, organizaciones sociales, jurídicas, campesinas e indígenas repudiaron que el ministerio, a través de su Dirección de la Propiedad Industrial-Oficina de Patentes de Invención, haya dado curso al pedido de la multinacional.
En una comunicación las organizaciones sociales recuerdan que “como es de su conocimiento, el art. 5º, b, de la Ley 1630/00 “de patentes de invención” dispone que entre las materias excluidas de protección por patente se encuentran “las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos no esencialmente biológicos para la producción de plantas…”
También el artículo 38 de la misma ley, en el apartado “De la nulidad de la patente”, establece que cualquier patente será nula “a. si el objeto de la patente es de los comprendidos en el Artículo 5º de la ley 1630/00”. Es decir, cuando trata de plantas o animales.
En la misma comunicación, presentada con centenares de firmas de instituciones y personas contra el accionar del ministerio, se exige que se revoque “cualquier patente que en violación de la indicada normativa se haya otorgado a esa u otra empresa y deniegue cualquier otra que en tales condiciones se presente en el futuro”.
Paraguay según Monsanto
ABC Color, Paraguay, 03 de septiembre del 2013. Paraguay es estratégico en la región para la compañía Monsanto. “Lo que nosotros hacemos es dar la oportunidad al productor de mejorar sus cultivos y obtener mejores cosechas. Paraguay es un país con muchas posibilidades de seguir creciendo en su producción agrícola, actualmente ya está bastante desarrollado (con más de 9 millones de toneladas de soja cosechadas este año) y, por esa razón, Paraguay es estratégico dentro de la expansión de la compañía en la región”, sostuvo el presidente de la Monsanto Brett Begemann. Comentó que la Monsanto tiene proyectos importantes en Paraguay, incluyendo los de carácter social, brindando una semilla mejorada de algodón (BT) para solucionar el problema de miles de familias campesinas que dependen del cultivo del textil, pero que por malas cosechas, debido al ataque de plagas, se ha vuelto inviable.
Por su parte, Pablo Vaquero, vicepresidente de la Monsanto para América del Sur, sostuvo que “Paraguay es clave para la Monsanto”. “Nosotros tenemos cinco pilares básicos de crecimiento en la región: uno es tecnología en maíz, porque es uno de nuestros principales rubros; segundo la soja, poder tener tecnologías nuevas y lanzar nuevas variedades en la región; el tercer punto es Paraguay porque vemos al país con un área creciente, por la opción que está teniendo en la biotecnología y por el crecimiento de las posibilidades como productor de alimentos; el cuarto es la excelencia operacional, cómo hacer más eficientes nuestros procesos para reducir costos; y el quinto es gente, o sea tener a las personas capacitadas”, apuntó Vaquero.
Sobre la relación con el actual gobierno, Vaquero indicó: “El gobierno del presidente Cartes es un gobierno que creemos que va a apoyar la biotecnología, porque es parte de su plataforma de crecimiento para Paraguay. Sabemos que junto a nosotros otras empresas de biotecnología están apostando mucho. Sabemos que grandes exportadores a nivel mundial se están instalando para ayudar a crecer a Paraguay, con lo cual yo creo que las expectativas son muy buenas y ojalá se pueda
seguir por ese camino y podamos seguir contribuyendo”.
Según el presidente de la Monsanto, Brett Begemann, la compañía transnacional tiene proyectos importantes en el Paraguay, incluyendo aquellos de carácter social, brindando una semilla mejorada de algodón(BT) para solucionar el problema de miles de familias campesinas que dependen del cultivo del textil, pero que por malas cosechas debido al ataque de plagas, se ha vuelto inviable y poco rentable, razón por la que la siembra de este rubro agrícola ha disminuido significativamente.
http://www.entornointeligente.com/articulo/1484462/PAR
“No creemos en la inversión
agrícola responsable”
Movimientos sociales de América Latina y el Caribe debatieron en consulta regional sobre cuáles son las inversiones necesarias para el desarrollo rural.
¿Se puede hablar de “responsabilidad” en una inversión que toma los territorios como fuente de lucro? ¿Deben los Estados que integran la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) legitimar el acaparamiento de tierras o recursos acuíferos con una “certificación” de responsabilidad? ¿Cuáles son las políticas de recursos públicos necesarias para un verdadero desarrollo rural?
Entre otras varias, éstas fueron las preguntas que se formularon los pasados días 7 y 8 de agosto en Bogotá, Colombia, las organizaciones que acudieron a una consulta continental para discutir sobre el concepto de Inversión Agrícola Responsable (IAR) que viene elaborando el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria.
Y el punto de partida fue la realidad de un continente y una región caribeña plagado de megaproyectos agrícolas de gran escala que desplazan a campesinos y pueblos originarios, mega-represas hidroeléctricas que sumergen poblaciones milenarias o empresas transnacionales que inundan de semillas transgénicas la biodiversidad de la región.
Ante ello, las organizaciones convocadas a consulta por sus representantes ante el Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) que funciona en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), manifestaron una visión crítica del concepto de IAR, comparándola en algunos casos con el de Responsabilidad Social Empresarial mediante la cual algunas empresas buscan mitigar o maquillar los efectos de sus políticas sobre las comunidades.
Valter Da Silva, de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina) señaló que tras las inversiones autodenominadas “responsables” hay una política de criminalización de la producción de semillas criollas y campesinas ya que amenazan los monopolios empresariales. Da Silva indicó que se requieren políticas de inversión pública para el fomento de la producción de este tipo de semillas.
En su reflexión, Da Silva subrayó la importancia de la discusión en materia de los principios que a juicio de las organizaciones que reivindican la soberanía alimentaria deberían seguir las inversiones —públicas y privadas— en agricultura, aunque manifestó sus dudas respecto al eco que esas definiciones puedan alcanzar en el marco del CSA como políticas globales que obliguen a los Estados a proteger la producción campesina.
Por su parte, Javier Rivera, campesino de la región de Tuluá en el Valle del Cauca y coordinador del Movimiento Agroecológico de América Latina y Caribe (MAELA) a nivel de la región andina señaló que el concepto de “responsabilidad” ha servido para obtener recursos de cooperación internacional que rara vez llegan a las comunidades a cumplir su cometido real.
Y opinó que la recientemente creada Alianza por la Soberanía Alimentaria debería generar insumos y herramientas “para que desde las bases se tenga la posibilidad de hacerle frente a esas políticas y a esas inversiones” que en el caso de Colombia han servido para desplazar campesinos y sustituir la producción alimentaria por varios aspectos del agronegocio, entre ellos la producción de agrocombustibles.
La Alianza por la Soberanía Alimentaria cuenta con varios representantes sub-continentales en el Mecanismo de la Sociedad Civil que llevarán a ese ámbito de funcionamiento en Roma, Italia, los principios emanados de la Asamblea, así como las definiciones alcanzadas en el marco de esta Consulta realizada con posterioridad a la misma, lo cual ocurrirá en el próximo mes de octubre. l
(CC) 2009 - 2013 Radio Mundo Real 10 años
Perú
Tres grupos empresariales —Gloria, Wong y Oviedo— son los nuevos barones del azúcar
Servindi, 27 de agosto, 2013. La nueva edición del boletín del Observatorio Tierra y Derechos destaca que cuatro décadas después de la reforma agraria “han renacido los barones del azúcar. Esta vez tienen más tierra que sus antecesores y seguramente tanto o más poder que ellos”.
Hoy las poco más de 120 mil hectáreas de tierras del azúcar se encuentran mayoritariamente en control del Grupo Gloria (la familia Rodríguez Banda), Wong y Oviedo. Son estos tres consorcios “quienes llevan las riendas de los principales complejos azucareros del país”.
El boletín explica que al finalizar la década de 1990 todas las cooperativas azucareras se habían transformado en sociedades anónimas y “el camino quedó despejado para que comenzara un nuevo proceso de concentración de la propiedad de los ingenios azucareros” que nos ha conducido a la situación actual.
El informativo proporciona una reflexión sobre la persistencia de la concentración de la tierra en los complejos azucareros de la costa, y sobre los problemas no resueltos por la moratoria de transgénicos en el Perú.*
Haciendas, cooperativas y sociedades anónimas. Los ingenios azucareros de la costa del Perú se remontan a la época colonial y desde entonces han estado bajo el dominio sucesivo de hacendados, cooperativas y sociedades anónimas. Salvo por el periodo de dominio de las cooperativas agrarias, el grueso de la historia de la tierra del azúcar se caracteriza por su tendencia hacia la concentración de la propiedad y el control de los ingenios en pocas manos.
El hecho de que este objetivo se haya alcanzado por la vía de la legalidad o convalidado con el paso del tiempo, no quiere decir que en todos los casos fue legítimo el proceder de sus promotores, al menos desde la óptica de quienes fueron despojados o forzados a vender sus tierras, o sometidos durante décadas a condiciones laborales injustas.
Las primeras haciendas azucareras surgieron a finales del siglo XVI, y al igual que la generalidad de haciendas virreinales, se constituyeron a partir de la apropiación de las tierras del incanato, de áreas que la despoblación indígena dejó abandonadas o por compra-ventas forzadas. Principalmente en los valles de la costa, pero también en algunas zonas de la sierra, ese conjunto de haciendas tuvo una producción de azúcar intensa, sostenida por una mano de obra tributaria, servil y esclava. Tres siglos después (XIX), la Independencia política del Perú no significó una transformación sustancial de la estructura agraria colonial.
La nueva élite criolla asumió el control y propiedad de la tierra hasta entonces en poder de los españoles, por adjudicación de la república del Perú o mediante compra-ventas. De modo que el latifundio agropecuario se afirmó como forma básica de explotación agraria.
Los barones del azúcar. Asentada principalmente en los valles de la costa, la nueva oligarquía terrateniente del azúcar estuvo integrada inicialmente por familias criollas como los Pardo, Aspíllaga y Orbegoso, y hacia finales del siglo XIX, también por capitalistas de origen extranjero como los Gildemeister, Larco y Grace.
Todos ellos disfrutaron de un estilo de vida aristocrático gracias al control territorial de sus haciendas y al trabajo esclavo o servil, primero de negros hasta que fueron manumitidos por Ramón Castilla en 1854; luego de migrantes coolíes chinos y, finalmente, de indios que bajo la modalidad del enganche eran víctimas de contratos abusivos.
Con el paso de los años algunos terratenientes como los Gildemeister impulsaron un proceso de concentración de la propiedad rural, que los llevó a adquirir haciendas vecinas pero también a desplazar a pequeños agricultores, que ante la imposibilidad de acceder al agua de riego o participar de los consejos de regantes, se vieron obligados a transferirles sus parcelas.
Desgraciadamente, no hay información estadística a nivel nacional sobre el número total de pequeños propietarios y agricultores que perdieron sus tierras en manos de los barones del azúcar. Un estudio de Klarén (1976) da cuenta que sólo en el valle de Chicama se llegó a despojar de sus tierras a cerca de cinco mil familias de pequeños agricultores hasta las primeras tres décadas del siglo XX (**).
En todo caso, por obra de este proceso de concentración de tierras, hacia finales de la década de 1930, el paisaje de las haciendas azucareras más importantes del Perú resultaba fácilmente reconocible.
Expropiación y cooperativas. En la primera mitad del siglo XX una serie de fenómenos internos y externos concurrieron al paulatino debilitamiento del sistema de dominación de la oligarquía terrateniente. La sindicalización acelerada del proletariado agrícola, que alcanzó a la mayoría de los núcleos de obreros de haciendas modernas como Casagrande o Cartavio, contribuyó a cuestionar el autoritarismo y paternalismo que tenían las relaciones laborales.
Principalmente en los valles cusqueños de La Convención y Lares, los arrendatarios de las haciendas apelaron a la fuerza para rechazar las obligaciones serviles a las que se hallaban sometidos y tomaron el control de la tierra. Finalmente, un gran frente de emergencia campesina, cuyos protagonistas fueron las comunidades indígenas, desató una ola de recuperación de sus antiguas propiedades, basándose muchas veces en títulos que databan de la época colonial, sobre todo en la sierra central, y entre 1963 y 1964 su influjo alcanzó distintas zonas del país, como Huánuco, Lima, Lambayeque, Huancavelica, Cajamarca, Ancash y Piura (Matos y Mejía, 1980).
Todos estos factores internos, sumados a un contexto internacional favorable producto de la Guerra Fría, la revolución cubana, el apoyo estadounidense y de organismos internacionales, desembocaron en la reforma agraria peruana cuya etapa más radical la condujo el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado (1969-1975), poniendo fin al prolongado periodo en que las haciendas tradicionales organizaban la sociedad y economía rural. Como resultado de la reforma agraria, las doce principales haciendas azucareras fueron expropiadas y se transformaron en un tipo especial de Cooperativa Agraria de Producción (CAP), cuyo número de socios cooperativistas llegó a superar los 26 mil beneficiarios.
Reconcentración y sociedades anónimas. Al concluir la reforma agraria de los militares, el antiguo sistema de hacienda había sido reemplazado por una estructura cooperativa. Sin embargo, esta nueva estructura tuvo corta duración por una serie de razones tanto internas como externas. A nivel interno, la mayoría de cooperativas, desprovistas de personal técnico y gerencial, no pudo aplacar los intereses contradictorios al interior de su organización y menos enfrentar con éxito las políticas de gobierno que, apenas culminado el gobierno militar, impulsaban el desmontaje de todas las instituciones de la reforma agraria. Sumado a ello, factores externos como la aguda crisis económica que comenzó en 1975 y perduraría hasta inicios de la década de 1990, contribuyeron al fracaso de la cooperativización de las haciendas.
En relación a las cooperativas azucareras, el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) aprobó medidas orientadas a su reconversión en sociedades, primero mediante el Decreto Legislativo núm. 653 que permitió la libre disponibilidad de las tierras de cultivo, y luego mediante el DS 018-91-AG que abrió la posibilidad del libre cambio de modelo empresarial. Ambas normas, sumadas a la aprobación de la Constitución de 1993 de corte neoliberal, propiciaron que un primer grupo de cooperativas azucareras como Chucarapi, San Jacinto, El Ingenio y Paramonga se transformaran en sociedades anónimas. Las cooperativas restantes tuvieron que adoptar el mismo modelo, luego de que el gobierno de Fujimori promulgara en 1996 el Decreto Legislativo núm. 802, permitiendo la capitalización de las deudas tributarias y laborales.
Al finalizar la década de 1990 todas las cooperativas azucareras se habían transformado en sociedades anónimas y el Estado y los trabajadores aparecían como sus principales accionistas. El camino quedó despejado para que comenzara un nuevo proceso de concentración de la propiedad de los ingenios azucareros, esta vez vía transferencia de la participación accionaria del Estado y los trabajadores en favor de capitales privados. Como resultado de este proceso, actualmente las poco más de 120 mil hectáreas de tierras del azúcar se encuentran mayoritariamente en control del Grupo Gloria (familia Rodríguez Banda), Wong y Oviedo. Los tres, como accionistas o inversionistas principales, son quienes llevan las riendas de los principales complejos azucareros del país. Cuatro décadas después de la reforma agraria han renacido los barones del azúcar, esta vez tienen más tierra que sus antecesores y seguramente tanto o más poder que ellos.
Bibliografía
Eguren, Fernando (2006). “Reforma agraria y desarrollo rural en el Perú”. En Reforma agraria y desarrollo rural en la región andina. Lima: CEPES.
Glave, Luis M. (2009). “Propiedad de La tierra, agricultura y comercio, 1570-1700: el gran despojo”. En Economía del período colonial temprano, tomo 2. Lima: BCR, IEP.
Klarén, Peter (1976). “Formación de las haciendas azucareras y orígenes del APRA”. En Perú problema 5. Lima: IEP.
Matos Mar, José y José M. Mejía (1980). “La reforma agraria en el Perú”. En Perú problema 19. Lima: IEP.
* El boletín es editado por el Programa de Acceso a Recursos Naturales del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y se dedica al análisis de temas de actualidad que tienen un impacto en el derecho a la tierra rural y otros recursos vinculados a ella como el agua o los bosques. Puede ser descargado libremente y reproducirse citando la fuente: http://www.observatoriotierras.info/sites/default/files/Boletin_7.pdf
** Décadas después, al finalizar la Primera Guerra Mundial, un nuevo cambio en el escenario acentuó la concentración de la tierra en el sector azucarero, tras la desaparición de la hacienda Roma en manos de Casagrande.