La ofensiva de UPOV en Chile difiere poco de lo que se está intentando imponer en muchos otros países. Diversos artículos facilitan la apropiación de semillas locales por parte de las empresas, criminalizan el uso de semillas propias por parte del campesinado, e imponen elementos absurdos como que aquellas empresas que registran alguna variedad como propia luego pueden impedir el uso de cualquier semilla que se le parezca. Y la amenaza de la confiscación de semillas, cultivos y plantaciones es parte de las nuevas sanciones y grilletes que se imponen a las familias campesinas que osen continuar haciendo lo que han hecho toda su vida.
Lo que las empresas y el gobierno no esperaban es la reacción social que poco a poco se ha ido construyendo en Chile. La ley de semillas de acuerdo a UPOV 91 fue aprobada en primer trámite en el año 2010, a pesar de la fuerte oposición de diversas organizaciones campesinas —especialmente de ANAMURI y de la CLOC-VC en Chile—, así como de grupos de la sociedad civil. A pesar de esta primera derrota, las organizaciones siguieron informando y denunciando los contenidos de la ley, por lo que cuando Chile adhirió al Convenio UPOV 91, la oposición fue muchísimo más amplia y activa, y llevó a un grupo de senadores a solicitar que el Tribunal Constitucional declarara la inconstitucionalidad de esta adhesión. Aquí se sufrió una nueva derrota, pero el trabajo de información siguió y se amplió, entre otros medios, a través de las muchas movilizaciones sociales que se han realizado en el país desde 2011, entre las que se destacan las movilizaciones estudiantiles. Actualmente, el rechazo a la privatización de las semillas y a la Ley UPOV 91 es una preocupación nacional y transversal que hasta hace poco había impedido que la ley fuese aprobada en segundo trámite. Sin embargo, el gobierno de derecha —bajo la presión del gobierno de Estados Unidos— le dio urgencia a este segundo trámite, intentando aprobar definitivamente la ley sin que las organizaciones pudiesen reaccionar. La movilización esta vez fue a nivel nacional y por todo tipo de medios, desde marchas en todo el país que causaron gran impacto, a campañas de información por internet, a programas de radio, entrevistas por televisión, a talleres de información en comunidades rurales, organizaciones estudiantiles, universidades, reuniones con autoridades religiosas, conversaciones e intercambio de información con senadores, etc. El impacto de miles de personas movilizándose, presionando a senadores y protestando, fue suficientemente fuerte como para romper al menos parcialmente el férreo cerco informativo que se vive en Chile y para convencer a una mayoría de los senadores (21 de 38) a comprometerse a rechazar el proyecto de ley. Ante esta nueva situación, el gobierno retiró la ley de la votación, con el fin de postergarla hasta después de las elecciones que se harán en noviembre de 2013, cuando varios de los senadores actualmente comprometidos contra la ley habrán cesado sus labores parlamentarias. A la fecha en que se escribe esta nota, fines de septiembre de 2013, las organizaciones campesinas y de la sociedad civil seguirán movilizándose para exigir que el voto de rechazo se haga efectivo a la brevedad.
CLOC-Vía Campesina - Chile