Segundo Congreso Latinoamericano
de Salud Socioambiental
La devastación: el NO rotundo
y el SI dispuesto a resistir
Del 24 al 28 de junio tuvo lugar en Rosario el II Congreso Latinoamericano de Salud Socio Ambiental, donde unos 500 participantes se reunieron para hablar de la realidad de América Latina, particularmente en Argentina. Gran parte de las discusiones giraron en torno al modelo agrícola impuesto en la región, conformado por la combinación de semillas de soja transgénica, fumigaciones aéreas o terrestres de manera masiva, la siembra directa y una alta concentración de la tierra. Presentamos párrafos resumidos y el punteo de la declaración pública que emitió el encuentro, reconociendo que a nivel mundial y regional hay políticas, proyectos, prácticas médicas, modelos de producción y negocios que ponen en peligro la salud y la vida de los ecosistemas, y por tanto de los seres humanos.
Es constante el avance de los modelos extractivistas, depredadores de las diversidades biológicas y culturales, sobre todo en el Cono Sur, pero también en el Norte. Las crisis se agudizan. Las crisis financieras del modelo económico extreman las dificultades para que millones de personas en el planeta accedan a los alimentos. La crisis climática global, la contaminación de aguas superficiales y de acuíferos de agua dulce provocada por los modelos de producción impuestos, la disminución en la calidad de los alimentos (que, además, aumentan sus precios), las ciudades irrespirables por la cantidad de partículas en suspensión, la aparición de “epidemias” nuevas y el desarrollo y experimentación con nuevas vacunas y medicamentos, son algunos de los cotidianos desafíos que enfrentamos.
Las legislaciones penalizan las movilizaciones y luchas sociales que favorecen la vida y la salud de los ecosistemas. Se persigue y se encarcela a militantes sociales por todo el territorio latinoamericano. Crecen el etnocidio y el asesinato de campesinos, estudiantes y trabajadores que luchan por un mundo con alimentos y salud para todas y todos.
Crece el hidrofracking, la energía nuclear; se introducen más transgénicos, y se amenaza la integridad genética en un planeta cada día más intoxicado con químicos, y poco o nada se sabe de su capacidad de daño.
“No sólo hay un nuevo paradigma naciendo de nuestras entrañas a partir del dolor y las luchas cotidianas sino que lo estamos encarnando en nuestros compartir, en nuestros diálogos, en nuestras articulaciones, en nuestros sueños colectivos. Sabemos, con humildad y sencillez, que somos la semilla de una nueva sociedad que el planeta reclama con urgencia. Y sabemos también que nos esperan tiempos oscuros y peligrosos, pero a los que sabremos poner luz y dignidad desde el amor, la solidaridad, el compromiso y la lucha. Y que son millones los que desde cada rincón del planeta están avanzando en la misma dirección”, dice la declaración. He aquí los compromisos:
* NO al experimento global al que nos someten con cultivos y alimentos transgénicos. Seguiremos luchando por una América Latina y un planeta libre de Transgénicos, como única alternativa que garantice las bioseguridad y la alimentación de nuestros pueblos. Las clarísimas exposiciones científicas sobre la “mala ciencia” que los promueven no dejan lugar a dudas sobre la amenaza que significan los OGM.
* NO a las fumigaciones masivas con agrotóxicos que nos enferman, matan y contaminan nuestras comunidades. Nuestras luchas locales para lograr legislaciones que nos protejan y limiten las fumigaciones se enmarcan en un compromiso por lograr, también, una América Latina y un mundo libre de agrotóxicos en el marco de otro modelo de agricultura. Tenemos pruebas contundentes, testimonios de comunidades, investigadores y profesionales de la salud comprometidos con las mismas, de los daños que este modelo productivo genera en todos los territorios. Ratificamos lo proclamado en el Primer Congreso al declarar a los agrotóxicos “armas de destrucción masiva”.
* NO a la agricultura industrial y sus corporaciones, que depreda, contamina, nos expulsa de nuestros territorios, lleva al acaparamiento de tierras y es, finalmente, la principal responsable de los casi más de mil millones de hambrientos en el mundo.
* NO a la minería contaminante que pretende licuar nuestros territorios extrayendo materias primas para alimentar a las grandes corporaciones y que devasta nuestras tierras, contamina nuestras aguas y expulsa a quienes habitamos esos espacios, para convertirlos en pocos años en vertederos de sus residuos.
* NO a las industrias extractivas energéticas que con el hidrofracking pretenden seguir contaminando y alimentando al monstruo del consumo destruyendo la biodiversidad y amenazando con más contaminación y movimientos telúricos. Compartir el caso de los impactos de Texaco en la región amazónica ecuatoriana, con técnicas “convencionales”, nos pone en alerta y nos hace lamentar el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, apoyado por el poder político, por el cual se liberó el embargo que pesaba sobre Texaco en este país.
* NO al avance silencioso y mortal del asbesto/amianto en nuestros territorios.
* NO a la medicalización de la sociedad y al poder de las corporaciones farmacéuticas (muchas de ellas son las mismas que las corporaciones agrobiotecnológicas) que amenaza la salud desde la fragilidad de aquellos que padecen enfermedades y que engrosan sus ganancias produciendo nuevas enfermedades y muerte.
* NO a la mercantilización de la vida y la naturaleza.
* NO al poder corporativo que corrompe y controla a gobiernos, ONG y centros de estudios poniéndolos al servicio de sus intereses, vaciando sus discursos y cooptando sus prácticas, muchas veces, bajo los ropajes de “responsabilidad social empresaria”, expresión con la que el filantrocapitalismo rapaz pretende pasar por “verde”.
* NO a la ciencia sin conciencia, al servicio de los intereses del poder económico y/o político-militar mundial.
* NO a la criminalización de nuestras luchas y a la persecución y asesinato de nuestros dirigentes y militantes.
* NO al capitalismo depredador que está amenazando a la humanidad y a la vida toda sobre esta, nuestra única casa, como nunca antes había ocurrido en la historia de la humanidad.
Fueron muchos más los SI con los que terminó el encuentro de Rosario:
* SI a la comprensión de la salud como el ejercicio del derecho a luchar por una vida digna, fortaleciendo las diversidades y deconstruyendo las hegemonías, así como bienestar individual, interés colectivo y condición esencial para vivir libres. Entendemos que, en efecto, la libertad sustancial está disminuida cuando predomina la enfermedad. Pensamos en la salud, como construcción histórica, social, cultural, intrínsecamente vinculada a la cuestión ambiental.
* SI al amor como declaración política, desde un ámbito científico, como fundamento de toda acción humana, de la mano de una nueva ética para la vida.
* SI a la soberanía alimentaria como camino para recuperar el control de nuestros sistemas alimentarios y poder producir alimentos saludables y diversos, en armonía con los ecosistemas y con la posibilidad cierta y concreta de que nadie tenga que sufrir el flagelo del hambre. El ejemplo de los movimientos campesinos, los agricultores familiares, los huerteros urbanos, moviliza y contagia esperanzas.
* SI a la articulación en múltiples redes complementarias, diversas y sistémicas que fortalezcan un nuevo tejido social en el que los pueblos recuperen el poder sobre sus vidas y la política se resignifique como camino para construir el bien común sobre la base de la autonomía y la autodeterminación de los pueblos.
* SI a las universidades públicas trabajando codo a codo con quienes son su razón de ser: los millones de personas que sostienen con sus dineros al Estado. Exigimos casas de estudios que formen profesionales comprometidos con la búsqueda y generación de un conocimiento al servicio de las necesidades de la gente y no de las corporaciones o los intereses individuales. Repudiamos la intervención que ha sufrido la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, Ecuador, y nos solidarizamos con sus claustros.
* SI a una ciencia comprometida con la vida bajo la construcción de un nuevo paradigma decolonial que parta de un lugar distinto al impuesto por la modernidad eurocéntrica y los intereses a lo que esta responde.
* SI a un modelo energético que comience por cuestionar el actual consumo energético. Que su distribución en nuestras sociedades se fundamente en la utilización de energías renovables descentralizadas.
* SI a las semillas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, libre de propiedad intelectual y de transgénicos.
* SI al nacimiento de una nueva sociedad basada en la solidaridad, la cooperación, la complementariedad, la alegría y el amor.
El congreso cerró convocando a uno próximo, en 2015, también en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, Argentina.
Una versión íntegra puede hallarse en http://www.saludsocioambiental.com.ar/index.php/fundamentosraiz/declaracion-final
Guatemala
Hambre, acaparamiento de tierras, desertificación
Helmer Velásquez. Cinco son los grandes males que generan pobreza, hambre y desnutrición en el campo: alto precio de los alimentos, elevado costo de insumos productivos, acaparamiento de la tierra, apropiación indebida del agua, y los efectos agravados del cambio climático. Son fenómenos, frente a los cuales las organizaciones campesinas han presentado propuestas de solución. Todas caídas en saco roto. Interesadamente se les concibe como “amenaza socialista”. Por su lado, los administradores del Estado han sido incapaces de asumir medidas efectivas, que aseguren el derecho a una alimentación sana y suficiente.
Uno de los problemas apremiantes es el acaparamiento de la tierra, que reduce la disponibilidad para el cultivo alimentario. En Guatemala, el Índice de Gini referido a la concentración de la tenencia y propiedad de la tierra es el segundo más alto en América Latina y de acuerdo al último Censo Nacional Agropecuario 2003 es de 0.84, lo que significa que 92.06 % de los pequeños productores ocupan el 21.86 % de la superficie, mientras el 1.86 % de los productores comerciales ocupan el 56.59 %. Las cifras sobre acaparamiento son datos de hace 10 años, y ahora la concentración es mayor.
El alto costo de los alimentos es un problema que en muchos casos se origina en procesos especulativos que reportan enormes ganancias a reducidos grupos de comerciantes inescrupulosos. Los organismos de Estado se muestran impasibles e inoperantes, a lo más que se llega es a gimoteos espurios de la dirección de Atención al Consumidor, entidad destinada a “taparle el ojo al macho”. La comida es ahora una mercancía más, sujeta a un mercado ávido de ganancia.
Las sequías e inundaciones dejan a poblaciones enteras sin alimento, y el avance de la desertificación continúa borrando fronteras productivas. Territorios antes fértiles son ahora improductivos. Pese a la gravedad no existen acciones de mitigación, ni transformación. Son problemas en su mayoría controlables por el ser humano pero al igual que en el cuerno de África, 3 millones de guatemaltecos, hombres y mujeres, padecen hambre cotidiana. ¿sirve entonces ser país de naturaleza exuberante?, ¿a quién beneficia aquello? Al pueblo no.
http://farmlandgrab.org/post/view/22276#sthash.Fo5hFX7z.dpuf
La soja en Paraguay: nuevas agresiones
Varios grupos de campesinos, cansados de la desidia gubernamental, denunciaron en Radio Ñandutí los atropellos que sufren a manos de productores sojeros, algunos de ellos brasileños.
El programa radial Made in Paraguay fue el sitio de denuncia de la desaparición de un parque nacional de 2 mil hectáreas, denominado Yacui. También denunciaron que el parque Ñacunday está siendo invadido y depredado por los productores de soja, que avanzan sobre los montes naturales.
La Corte Suprema de Justicia aprobó que las tierras del Ñacunday fueran distribuidas a colonos de origen brasileño, durante el gobierno militar de Stroessner, y a partir de allí comenzó la depredación de las 272 mil hectáreas. Uno de los campesinos, Federico Ayala, dijo a Radio Ñandutí que dos parques nacionales, Ñacunday y Yacui, “fueron invadidos y alambrados por el grupo Favero, depredando riquezas naturales como el gran salto del Ñacunday y los bosques nativos, arrasados por topadoras para plantar soja transgénica, afirman pobladores de la zona”.
“La guerra mediática explota en su maquiavélica agenda la imagen de los campesinos paraguayos pobres como los criminales del ambiente, los expoliadores de árboles, y los destructores de bosques para rollos. La mentira tiene el tamaño de las tierras de Favero, el gran depredador del Paraguay, ya que desde la época de Stroessner alambró tierras públicas como su propiedad privada en forma ilegal, e incluso se apoderó de parques nacionales, sin que el Estado paraguayo se inmute, investigue y recupere. El grupo Favero acumula territorios en las regiones oriental y occidental, alcanzando según cifras extraoficiales más del millón de hectáreas en manos de un solo propietario, mientras más de 300 mil familias no tienen tierras para cultivar en Paraguay”, señalan los entrevistados.
Los bosques han desaparecido, las tierras fueron arrasadas por las grandes topadoras. Donde había monte, hoy hay soja. Otros testimonios dijeron que un solo grupo empresarial dispone de 171 mil hectáreas en el Chaco. Ver: http://farmlandgrab.org/post/view/22280#sthash.rBJZrIiq.dpuf
Tribunal Permanente de los Pueblos
La reserva ética de la humanidad
Jorge Covarrubias. Proceso, edición Jalisco, México, 6 de julio. Reunidos durante tres días a finales junio, el Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México escuchó las demandas de 22 comunidades. Los representantes de los agraviados denunciaron el sistema de agresión instrumentado por autoridades federales, estatales y locales, así como de corporativos trasnacionales. El activista Andrés Barreda fue enfático en sus conclusiones: “Estamos documentando esto en el tribunal”, dijo. “No estamos especulando; vamos reconstruyendo los casos puntualmente. No estamos en el cubículo haciendo especulación”.
Los representantes de las poblaciones de Tonaya y El Petacal, Jalisco, y Cheranastico, Michoacán, no pudieron viajar a la comunidad de San Isidro, en San Gabriel, para estar en las preaudiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) Capítulo México.
Según algunos de los asistentes, sus compañeros no fueron porque sobre ellos penden amenazas de grupos delictivos que actúan coludidos con las autoridades municipales. Pero enviaron un escrito al comité dictaminador del TPP, integrado por analistas de México y otros países.
Los de Tonaya, según el documento, son hostilizados por denunciar la contaminación del río Ayuquila-Armería, provocada por los desechos que arroja la minera Metalúrgica Tapalpa, mientras la comunidad purépecha de Cheranastico enfrenta a los talamontes y a las bandas del crimen organizado que operan en ese entorno.
Tampoco acudió la organización FM4 Paso Libre, dedicada al apoyo a los indocumentados que atraviesan el territorio nacional hacia Estados Unidos en busca de empleo, trepados en los vagones del ferrocarril.
Un joven del movimiento #YoSoy132 Ambiental leyó el testimonio de los comuneros de Tonaya, quienes aseguran que la minera comenzó a operar en 2006 con un contrato forzoso de 20 años, aunque no cumple con la política de conservación ambiental del Programa de Ordenamiento Ecológico Ambiental del Estado de Jalisco. Ese sitio, exponen, tiene como uso predominantemente forestal, por su flora y fauna.
Según ellos, en julio de 2010 la población descubrió que la minera hacía descargas directas a la microcuenca del arroyo Santa Gertrudis. Realizaron estudios químicos por su cuenta en los laboratorios del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara para comprobar la toxicidad de las descargas y presentaron su denuncia.
Las autoridades descalificaron los exámenes porque, arguyeron, el laboratorio no está certificado. La mina continúa operando en condiciones ilegales.
En la preaudiencia denominada “Territorialidad, subsistencia y vida digna”, convocado por el TPP, la Red en Defensa del Maíz y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, presentaron 22 casos. La de San Isidro es una de las muchas preaudiencias programadas de aquí al primer semestre del 2014 bajo siete ejes temáticos: guerra sucia, soberanía alimentaria, devastación ambiental, ataque a los medios de comunicación, migración, explotación laboral y feminicidios.
El jurado del TPP emitirá su sentencia el 14 de agosto de ese año.
Hace seis años, cuenta Barreda Marín, se solicitó al TPP, con sede en Roma, Italia, abrir el Capítulo México. La organización se demoró tres años en considerar la propuesta porque desconocía la situación de vulnerabilidad de las comunidades nacionales con respecto a las de otros países. En 2010, el tribunal designó como garantes del Capítulo México al propio Barreda, así como a Magdalena Gómez Rivera, al obispo de Saltillo, Raúl Vera López, Javier Sicilia, Jorge Fernández Souza, Clodomiro Siller Acuña y Gilberto López y Rivas.
La reunión de San Isidro. La mesa del comité dictaminador del encuentro de San Isidro la integraron Dora Lucy Arias, del Colectivo de Abogados Alvear Restrepo de Colombia; Jean Robert, filólogo suizo y activista social cercano colaborador de Iván Illich; la antropóloga Fernanda Vallejo, de Ecuador, asesora de pueblos indígenas en la defensa de las semillas, y el jesuita Alfredo Zepeda, principal impulsor de Radio Huayacocotla, La Voz de los Campesinos.
En la pequeña plaza local, se instaló un templete y se acomodaron sillas de plástico para los asistentes; también se montó una feria con productos orgánicos como café, miel, galletas, frijol, maíz y licores. Cada comunidad expuso sus testimonios ante el comité dictaminador del TPP.
Los del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo hablaron de las presiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), cuyos funcionarios insisten en llevar adelante la construcción de la presa El Zapotillo, que inundará las tres comunidades. El colectivo Jóvenes Unidos por el Medio Ambiente de Palos Altos (Juxmapa) expuso cómo los jóvenes son orillados a buscar empleo en el sector industrial o de servicios por la falta de apoyo al campo.
“¿Y yo qué hago en una ciudad que no está hecha para mí?” —se preguntó David Sánchez, convencido de que su lugar está en el campo.
La comunidad anfitriona rememoró las peripecias de los últimos 80 años para recuperar 280 hectáreas que les corresponden por un decreto expedido por el presidente de la república Lázaro Cárdenas. Aún no lo logran, dijeron.
La zona en disputa la ocupa actualmente la trasnacional Amway, dedicada a la elaboración de productos Nutrilite. La abogada del ejido, Carmen Figueroa, refiere que el 25 de febrero último un juzgado auxiliar con sede en Guanajuato resolvió el amparo 1901/2009 a favor de la comunidad y en contra la sentencia dictada anteriormente por el Tribunal Superior Agrario. Ahora, la empresa debe reintegrar la superficie donde está asentada.
Tras la presentación de los 22 casos, Barreda expuso su conclusión en la cual acusa al Estado mexicano de emplear mecanismos para exterminar a la población para beneficiar a “intereses privados”. Habló incluso de un “desvío de poder”.
“Estamos documentando esto en el tribunal —dijo. No estamos especulando; vamos reconstruyendo los casos puntualmente. Qué le ocurrió a este pueblo; qué le ocurrió a este grupo social. Vamos trabajando con infinidad de víctimas en todos los ámbitos y niveles para que documenten la violencia de la que han sido objeto. No estamos en el cubículo haciendo especulación.”
El Estado mexicano, añadió, ha dado muestras de su favoritismo a una clase burguesa que complicó las condiciones sociales para la gran mayoría de la población cuando firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, lo que afectó la soberanía alimentaria. Hoy, expuso, el país importa 35% del frijol y huevo.
Para Barreda, la clave de la injusticia social es producto de una ingeniería constitucional que garantiza un funcionamiento desviado de las leyes. Y puso como ejemplo la Ley Minera, según la cual el uso del agua es prioritario para cualquier empresa minera, en tanto que la Ley de Aguas Nacionales marca como prioridad a la industria automotriz.
Bajo esa lógica, apuntó, el estado de Guanajuato, donde se encuentran las principales plantas de producción de automóviles, tiene el derecho a usar el agua del Valle de México, de la meseta Purépecha de Michoacán y del Oriente de Jalisco. “Ése es el problema. Ellos no están violando la ley, pues las autoridades la adecuaron para que procedan de esa forma”.
Ese andamiaje torcido de las leyes tiene a una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que legitima al gobierno de México ante el mundo como “país democrático”, sostiene Barreda.
Además, “el IFAI [el instituto de acceso a la información], otro de los órganos constitucionales autónomos, es resultado de esa ingeniería que prohíbe al acceso a la información pública de las cosas que importan en los próximos 50 años; no obstante sirve para lucirse en el mundo como país transparente, con acceso a la información. La pregunta es: ¿cuántos periodistas tenemos ya refugiados en el extranjero?”
E insiste: “sólo una ingeniería constitucional como la de México ha permitido tres fraudes electorales consecutivos para impedir que la izquierda arribe al Presidencia de la República y que se criminalicen las protestas sociales de poblaciones e individuos que exigen el respeto a sus derechos”.
Para la colombiana Dora Lucy Arias, los problemas expuestos son similares a los de sus compatriotas, entre ellos el despojo, el uso del derecho como instrumento de poder contra la población, el socavamiento de las organizaciones sociales y el uso de los medios de comunicación para invisibilizar sus demandas.
El gobierno de su país, refirió, puso en marcha un sistema de persecución que cimbró incluso a la sociedad más replegada a los temas políticos conocido como “los falsos positivos”. Consistía en aprehender a gente inocente en las calles y presentarlos como guerrilleros. En su opinión, ése es el camino que ha elegido México para resolver sus conflictos.
“Es un ejemplo del horror al que puede llegarse en el uso desbordado de la fuerza desde la institucionalidad y obviamente muchos otros acontecimientos como el uso de la inteligencia para un ejercicio ilegal de ella como perseguir a magistrados, a periodistas, a opositores políticos, a defensores de derechos humanos”, expuso Arias.
Lo valioso, dijo, es que el TPP es un foro para ventilar las agresiones a las comunidades y los intereses económicos que hay detrás de ellas y actuar para evitarlas. En Colombia, por ejemplo, logró exhibir a las empresas trasnacionales que ingresaron armas para entregarlas a fuerzas paramilitares, así como el financiamiento para exterminar a los sindicatos.
El tribunal es “una reserva ética de la humanidad” porque las instituciones no responden a los problemas que afrontan las poblaciones.
Y remató: “La justicia y la búsqueda de justicia es algo demasiado serio para dejárselo a los jueces, a los abogados y a la institucionalidad. Es deber de los pueblos enfrentar esos problemas, analizarlos y plantearles una solución desde ellos mismos y desde sus reservas éticas y morales”. http://www.proceso.com.mx/?p=346760