Las grandes corporaciones agroindustriales se han lanzado a una nueva carrera por ampliar sus ganancias imponiendo con éxito monocultivos resistentes a herbicidas a lo largo y ancho de aquellos países que abrieron sus fronteras a los transgénicos.
Monsanto, BASF y Dow compiten (y colaboran) en la investigación de nuevos cultivos resistentes a herbicidas que ya llegan a los campos o llegarán en los próximos cinco años.
Tras de la supuesta búsqueda de nuevos cultivos que suplanten a los cultivos resistentes al glifosato, obsoletos ante el obvio surgimiento de malezas resistentes al mismo, se esconde el intento de controlar un inmenso mercado de productos agrícolas primarios y agrotóxicos del que ninguna empresa quiere perder tajada. Hoy parecería que ninguna de las corporaciones se acuerda de la suficiencia con que diez años atrás afirmaban que nunca se producirían malezas resistentes al glifosato.
El paquete tecnológico semilla-agrotóxico (protegido por la correspondiente patente que garantiza el cobro de regalías) es la ecuación perfecta para sostener un poder corporativo que ha crecido en las últimas décadas de un modo sin precedentes.
Quienes pagarán los costos de la continuidad de este modelo son los campesinos, los consumidores y el ambiente, que verán que a la lluvia de glifosato que inunda millones de hectáreas de monocultivos de soja, algodón, maíz y canola se suman otros agrotóxicos que completan el menú corporativo de la muerte: imidazolinonas, dicamba y 2,4 D.
Los “nuevos” transgénicos y otras nuevas tecnologías desnudan además que el único objetivo de estas semillas es y será el control corporativo de la agricultura, las semillas y los agricultores —sin importar por supuesto las consecuencias que sobre la salud y el ambiente produce el brutal envenenamiento planetario. GRAIN, “Más herbicidas para sostener lo insostenible”, A contrapelo, 9 de septiembre de 2007.
Tras dos meses de juicio, y en el primer caso que llega a juicio penal, un productor agropecuario y un aerofumigador fueron hallados culpables de contaminar y afectar la salud de la población, y recayó sobre ellos una pena de tres años de prisión (condicional sin cumplimiento en cárcel). Las Madres de Ituzaingó, organización nacida a medida que sus hijos enfermaban, cuestionaron el fallo: “Nos enferman, nos matan a nuestros hijos y no van a la cárcel. Es otro golpe más que nos dan, pero seguiremos luchando contra este modelo que enferma nuestros hijos, este modelo del gobierno nacional, el provincial y el municipal, siempre en beneficio de las corporaciones”.
En diciembre de 2008, y luego de una presentación de la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba, en Argentina, la Justicia prohibió utilizar agrotóxicos a menos de 500 metros del barrio Ituzaingó Anexo y, si las fumigaciones eran aéreas, la distancia mínima debía ser de mil 500 metros.
“Fumigar en áreas urbanas viola disposiciones de la Ley Provincial de Agroquímicos y constituye un delito penal de contaminación ambiental, que se pena con hasta diez años de prisión”, explicó en 2008 el fiscal de Instrucción del Distrito III, Carlos Matheu, que determinó la figura penal de “contaminación dolosa del medio ambiente de manera peligrosa para la salud”. El fallo focalizó en dos agroquímicos: endosulfán y glifosato.
Medardo Avila Vázquez era, en 2008, subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba. Había concurrido a Ituzaingó Anexo alertado por las Madres. Observó en persona cómo aviones fumigaban sobre las viviendas. De inmediato hizo la denuncia por “envenenamiento”. El fiscal Matheu ordenó estudios en los patios de las viviendas y confirmó la presencia de endosulfán y glifosato. También allanó galpones de chacareros, encontró tambores con los agrotóxicos y (además de poner un límite a las fumigaciones) procesó a los productores sojeros, al dueño del avión fumigador y al aviador.
Durante el juicio se comprobó que, con base en un estudio oficial sobre 142 niños del barrio, a 114 se le detectó contaminación con agroquímicos. “El 80 por ciento de los chicos tiene agroquímicos en sangre”, explicó la médica Inés Flamini, de la Unidad de Pronta Atención 28 (UPA, centro de salud vecinal), una de las responsables del informe sanitario. La médica reveló que viven niños con hasta cinco y seis herbicidas e insecticidas en el cuerpo e, incluso, se detectó presencia de agroquímicos en chicos de fuera del barrio. La vaca.org “Juicio por agrotóxicos en Ituzaingó, Argentina: fumigar es delito, pero no hubo cárcel”, 22 de agosto de 2012.
Todo uso del arroz transgénico de Bayer conlleva un aumento en la utilización de este herbicida tóxico, lo que incrementará la venta del glufosinato de Bayer. Pero aumentará también el riesgo para los agricultores, los consumidores y el ambiente. El glufosinato se considera tan peligroso para los seres humanos y el ambiente, que su uso se prohibirá en Europa, según la legislación adoptada por la Unión Europea.
Hoy, Bayer intenta aprobar legalmente su arroz transgénico en Brasil, Sudáfrica, la Unión Europea, India y Filipinas. En Estados Unidos, ya se aprobó su uso para la siembra comercial, aunque los agricultores son reacios a sembrarlo, ya que temen la pérdida de mercados importantes, debido al riesgo de contaminación accidental.
Bayer causó daños a la industria global del arroz, estimados en mil 200 millones de dólares, cuando una de sus variedades de arroz transgénico experimental contaminó accidentalmente el suministro global de arroz en 2006.
El glufosinato es un herbicida utilizado para controlar una gran gama de malas hierbas que afectan los campos de cultivo, y es un desecante de cultivos antes de la cosecha. Su uso está registrado en más de 40 países y se comercializa con marcas como Basta, Rely, Finale, Challenge y Liberty. Las evidencias contra el glufosinato son tan contundentes que lo han situado entre los 22 pesticidas que deberán dejar de producirse en Europa. John Novis, Green Peace, “El doble problema de Bayer”, junio 2009.
Nueva revisión científica sobre los efectos en la salud de los plaguicidas utilizados en los cultivos transgénicos indica que resultan insostenibles sus efectos perjudiciales y es necesaria la adopción de políticas que den prioridad a la seguridad ambiental y la inocuidad alimentaria, frente a los intereses de las industrias agroquímicas y los mercados. En América del Sur, se utilizan distintos agroquímicos de forma masiva, con una preponderancia del uso de herbicidas de amplio espectro a base de glifosato (GBHS), del cual dependen completamente los cultivos modificados genéticamente (OGM) diseñados para ser resistentes al glifosato, tales como los cultivos de soja. En Argentina, la extensión de tierra dedicada a la soja transgénica llegó a los 20 millones de hectáreas. Se rocían 200 millones de litros de glifosato para obtener una producción de 50 millones de toneladas de soja al año. En Paraguay existe una gran expansión del cultivo de la soja, con semillas transgénicas introducidas ilegalmente en el país y una infraestructura montada por las grandes empresas. En 2006/2007, la superficie cultivada alcanzó las 2 millones 426 mil hectáreas, casi 400 mil hectáreas más que la cosecha del año anterior (2005/2006). De los herbicidas importados en 2002, 75% estaba destinado al cultivo de la soja; de los plaguicidas importados, el 68% se utilizó en la misma zona, y de los fungicidas, el 65% tuvo un destino similar.
El modelo de agricultura extensiva basada en la biotecnología OGM se aplica en América del Sur (sobre todo en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay), sin evaluación crítica ni rigurosa y sin información adecuada sobre el impactos de las dosis subletales para la salud humana y el ambiente. Existe una escasez de datos sobre la exposición crónica a los agroquímicos. Silvia L. López, Delia Aiassa, Stella Benítez-Leite, Rafael Lajmanovich, Fernando Manas, Gisela Poletta, Norma Sánchez, María Fernanda Simoniello, y Andrés E. Carrasco, “Los pesticidas usados en América del Sur en la Agricultura GM: una revisión de sus efectos sobre los seres humanos y en modelos animales”, Avances en Toxicología molecular, vol. 6, Elsevier, 2012.
Un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dio a conocer que, anualmente, unos 5 millones de personas sufren elevados niveles de intoxicación debido a diferente agrotóxicos. Cerca de 900 mil fallecen. Un 99% de los afectados vive en países en vías de desarrollo. Los agrotóxicos están causando muertes de niños/as, jóvenes y adultos, abortos en las mujeres y nacimientos de bebés con malformaciones, casos de intoxicación masiva, trastornos en el sistema nervioso y endócrino, destrucción del hábitat y del ambiente. El uso indiscriminado de agroquímicos es un hecho flagrante contra la vida, contra los derechos de las comunidades campesinas e indígenas, e implica constantes violaciones a las reglamentaciones de su manipulación.
Los agrotóxicos son agentes constituidos por una gran variedad de compuestos químicos (principalmente) o biológicos, desarrollados para matar, exterminar, combatir, repeler la vida (además de controlar las plagas que atacaron los plantíos, las semillas y los rebaños). Tienen acción sobre la constitución física y la salud del ser humano, y son importantes contaminantes ambientales. “Los agrotóxicos no fueron inventados para la agricultura y no fueron solicitados por los agricultores, son un producto de la guerra. Cuando vemos los problemas que ocasionan, tenemos que decir su nombre cierto: veneno —arma química— agrotóxico. Son producto de la guerra creados para matar humanos y destruir sus plantaciones; no para beneficio de la humanidad.
Tras la explosión de la primera bomba atómica, en el verano de 1945 en Nagasaki, un barco estadounidense trasladaba una carga de fitocidas para rociar los plantíos en Japón, entonces declarados como LN8 y LN14, suficientes para destruir 30% de las cosechas. Más tarde, estas sustancias fueron usadas en la guerra de Vietnam, por ejemplo la Dioxina, tristemente célebre como parte del “agente naranja”, que sirvió para destruir decenas de miles de kilómetros cuadrados de bosques y cultivos, y a miles de seres humanos.
El DDT, usado para matar insectos, surgió en la guerra. Una de las empresas transnacionales más importantes en agrotóxicos es Dupont, que se dedica a fabricar explosivos: pólvora y dinamita usada por el Ejército de EUA en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Colaboró en el proyecto Manhattan de la bomba atómica, y fue responsable de la planta de producción de plutonio en el laboratorio nacional de Oak Ridge.
La industria química recicló todos los agrotóxicos usados en las guerras —más de 500 mil toneladas de plaguicidas obsoletos, prohibidos o caducos, y se los ofreció a los agricultores como algo beneficioso y rentable. Así nacieron los abonos nitrogenados con lo que la agricultura se convirtió en una especie de basurero para la industria de la guerra.
Naciones Unidas considera que la tasa de intoxicaciones en los países de América Latina podría ser unas 13 veces mayor que en los países industrializados. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay se utilizan estos agrotóxicos en las plantaciones de tabaco, maíz, soya, algodón, eucaliptos, pinos, a pesar de su alto grado de toxicidad (el agente naranja produce graves alteraciones en el organismo como, vómitos, ataque de epilepsia, edemas de pulmón, arritmias cardiacos que derivan en muerte y severas discapacidades neurológicas como mielomeningocele, espina bífida, retardo mental grave).
El programa de vigilancia epidemiológica de los Ministerios de Salud y la Organización Panamericana de la Salud en 7 países de Centro América, estima que cada año, más 400 mil personas se intoxican por plaguicidas, y más de 3 millones de personas por año se intoxican cerca por el uso de agrotóxicos, esto significa más 660 muertes por día, 25 muertes por hora. Sylvia Ubal. “La tasa de intoxicación en América Latina es 13 veces mayor que en Europa”, Rebelión, 4 de octubre, 2012.
Se supone que el glifosato es el ingrediente activo del herbicida Roundup, el herbicida más utilizado en el mundo. Se han realizado pruebas de seguridad en mamíferos con objeto de evaluar los riesgos y determinar sus normas de regulación. Sin embargo, las formulaciones comerciales de este herbicida utilizan ingredientes añadidos (los adyuvantes). Éstos a menudo se consideran ingredientes confidenciales y se describen como inertes. Sin embargo, ayudan a estabilizar el compuesto químico glifosato y ayudan a penetrar en las plantas, del mismo modo que los detergentes corrosivos. Las formulaciones de los herbicidas, incluido Roundup, pueden afectar todas las células vivas, especialmente las células humanas. Este peligro se pasa por alto porque la Industria y las Agencias de Regulación los tratan como iguales en los estudios a largo plazo. La supuesta ausencia de toxicidad del glifosato sirve como base para la comercialización de Roundup. Las agencias ambientales y de salud, las empresas de plaguicidas, evalúan los efectos a largo plazo sobre los mamíferos pero sólo del glifosato, y no de la formulación completa. Los detalles de estas evaluaciones para su regulación se mantienen celosamente guardados por empresas como Monsanto y las Agencias de Salud y Ambientales.
Un nuevo estudio del equipo del doctor Seralini demuestra que los herbicidas a base de glifosato son más tóxicos que el empleo únicamente del glifosato.
Las evaluaciones para su regulación, los niveles máximos autorizados en el ambiente, los alimentos y los piensos, son erróneas. Una bebida (como el agua contaminada por residuos de Roundup) o un cultivo transgénico tolerante a Roundup (como la soja o el maíz transgénicos) se mostraron como tóxicos en ratas. Los investigadores también han publicado las respuestas a los críticos de este estudio.
Es un asunto de preocupación para la salud pública. Todas las autorizaciones de herbicidas semejantes a Roundup tienen que ser cuestionadas de forma urgente. Las normas reguladoras de evaluación tienen que ser revisadas por completo. Se precisa un análisis transparente e independiente por parte de la comunidad científica. Las agencias dan sus opiniones a los gobiernos, y al igual que las empresas de plaguicidas han dado su visto bueno. Estos organismos se equivocan porque los estudios de evaluación realizados han sido muy laxos y gran parte de la información que poseen las empresas es confidencial, por lo que se debe llevar a cabo una evaluación completa y transparente. Aquellas evaluaciones no son ni neutrales ni independientes. Se debe, como primer paso, hacer público a través de Internet todos los datos de los estudios realizados para su aprobación comercial, y las opiniones positivas sobre el uso de Roundup y productos similares. Los datos toxicológicos de la industria deben ser hechos públicos.
Los adyuvantes de la familia POE-15 (amina de sebo polietoxilado) se han mostrado como muy tóxicos para las células humanas y deben ser regulados como tal. Las formulaciones completas deben ser utilizadas en los estudios de toxicidad a largo plazo y los resultados tenidos en cuenta en las evaluaciones para su regulación. El proceso de autorización regulatoria de pesticidas liberados al ambiente, que se venden en los centros comerciales y tiendas, debe ser revisado con urgencia. Nuevos estudios: Roundup lleva un compuesto más tóxico que el glifosato. Con base en Ropbin Mesnage, Bernay Benoît y Gilles-Eric Séralini, (2013, en prensa). Adyuvantes etoxilados de herbicidas basados en glifosato son principios activos de la toxicidad de la célula humana. Toxicología http://dx.doi.org/10.1016/j.tox.2012.09.006, Universidad de Caen, CRIIGEN, Red Europea de Científicos por la Responsabilidad Social y Ambiental (ENSSER), 21 de febrero de 2013. http://noticiasdeabajo.wordpress.com/author/noticiasdeabajo/
Grupos de la sociedad civil de Sudáfrica, Estados Unidos y América Latina, en particular Brasil y Argentina, están sumamente preocupados por la reciente decisión de las autoridades sudafricanas de aprobar la importación a Sudáfrica de la soja de ingeniería genética de la variedad DAS-44406-6 de Dow. Esta variedad está diseñada para resistir enormes aplicaciones de los químicos tóxicos glifosato, glufosinato 2,4-D. Se supone que dicha aprobación le añade peso a la aprobación del permiso de cultivo comercial de sus variedades de ingeniería genética, sobre todo en Brasil, Argentina y EUA.
“Condenamos la decisión de las autoridades sudafricanas. Una vez más los intereses económicos pesan más que el papel de custodio que debería tener el gobierno en la protección de la salud de nuestros ciudadanos y el ambiente. Esta decisión es más terrible a la luz de la moción que hizo el Partido Demócrata Cristiano Africano ante el parlamento de cancelar la aprobación previa de importar el maíz tolerante al 2,4-D”, dijo Mariam Mayet del African Centre for Biosafety. Este maíz transgénico es apodado por los medios el “agente naranja”, porque el 2,4-D era uno de los ingredientes del infame químico utilizado en la Guerra de Vietnam con efectos devastadores. La aprobación sienta un precedente tremendo y es una burla porque la industria biotecnológica alardea siempre de que sus cultivos requieren menos pesticidas. La soja resistente a herbicidas da cuenta de casi un 50% del área plantada con soja transgénica. “La introducción de soja resistente a herbicidas en Estados Unidos, Argentina y Brasil provocó un incremento masivo en el uso de pesticidas, sobre todo de glifosato”, dijo Carlos Vicente, de GRAIN. En Estados Unidos el cultivo de soja resistente a herbicidas utilizó 167 millones de kilos adicionales de glifosato entre 1996 y 2011. Entre 1996 y 2011 el monto de glifosato en Argentina incrementó once veces, a 237 millones de litros. El volumen de pesticidas vendidos en Brasil incrementó en 360% entre 2000 y 2009.
“Cualquier incremento en el uso del 2,4-D junto con el maíz resistente a herbicidas de Dow golpeará las comunidades rurales, dado que numerosos estudios vinculan el 2,4-D con el Mal de Parkinson, con cuentas pobres de esperma y con anomalías de nacimiento, dijo la doctora Marcia Ishii-Eiteman, decana especialista de Pesticide Action Network North America. “Los jornaleros y otros residentes rurales estarán en riesgo también, puesto que el 2,4-D ha provocado daños nerviosos y al hígado, y disrupción hormonal”. South African Government Blasted over Approval of Agent Orange GM Soya, 20 de marzo de 2013
La Campaña Contra los Agrotóxicos y por la Vida, tiene dos líneas importantes de actuación. Una es seguir con la denuncia del modelo de agricultura capitalista y de su relación con los agrotóxicos, con sus efectos perjudiciales derivados para los seres humanos y el planeta; la segunda línea es la propuesta de la soberanía alimentaria como alternativa, pues es una forma de practicar la agricultura respetando los pueblos, el planeta y todos los seres vivos que lo habitan, garantizando así la producción de alimentos sanos y sin venenos.
Llevamos muchos años de luchas y resistencias, estamos convencidos que éste es un momento estratégico para lograr una mayor coordinación y unidad de las luchas del campo y la ciudad para enfrentar a este modelo de agricultura que atenta contra la vida de los pueblos y del planeta. Por eso delegados y delegadas de cada organización nos juntaremos en las primeras jornadas de coordinación de la campaña para trabajar en los siguientes ejes: sistema productivo, soberanía alimentaria, legal (jurídico-institucional), salud, formación, investigación, comunicación y difusión, articulación y estructura de coordinación. Campaña Continental contra los Agrotóxicos y por la vida”, noviembre del 2011. CLOC-Vía Campesina, El MNCI, GRAIN y Amigos de la Tierra
Las abejas de mil 500 colmenas de una comunidad de Hopelchén, Campeche, murieron este 6 de febrero por la fumigación de cultivos de soya de Monsanto en un área cercana. Más de 50 familias campesinas, que tras una cosecha de maíz escasa por la sequía esperaban recuperarse con la venta de miel orgánica, perdieron porque la miel está contaminada con agrotóxicos y polen transgénico. Álvaro Mena, campesino maya de Hopelchén e integrante de la Red en Defensa del Maíz, estimó que las pérdidas son 10 millones de pesos, un año de sustento de esas familias. Y hay más impactos en otras cuatro comunidades. La fumigación se intensifica con los cultivos transgénicos, ya que al ser resistentes a agrotóxicos y plantarse en extensos monocultivos, se aplican enormes cantidades. No es un accidente: es la avalancha tóxica que viene con los cultivos transgénicos y la amenaza de autorizar millones de hectáreas de maíz manipulado.
Mena comenzó con este grave testimonio su participación en el debate sobre maíz transgénico realizada el jueves 7 de febrero, en un auditorio repleto de la Facultad de Ciencias, convocado por varias redes, entre ellas #YoSoy132 Ambiental, Vía Campesina, Movimiento Urbano Popular, Red en Defensa del Maíz. Silvia Ribeiro, 2013, año de resistencia contra el maíz transgénico, La Jornada, 9 de febrero.
Desde 2011 hasta la fecha se aprobaron 10 eventos transgénicos de maíz y soja distribuidos entre Bayer, Monsanto y Syngenta, incorporando al modelo agrícola 10 millones a los actuales 34 millones de hectáreas, de los que 71.5% está dedicada a producir 100% de maíz, de soja y algodón con semillas transgénicas. El aumento de la superficie de cultivos transgénicos implica el corrimiento de la frontera norte a expensa de deforestaciones de bosques y selvas, desalojos de pueblos originarios e incremento del volumen de agroquímicos. Todo por la voracidad de las transnacionales y por las políticas que buscan el control del territorio y un mayor control social mediante la producción extractiva de alimentos.
Los conflictos con los pueblos de las provincias del norte, la instalación del Comando Sur en el Chaco con la “misión de ayuda y desarrollo tecnológico” o el impúdico involucramiento de las transnacionales asociadas a los agronegocios en el golpe al Estado en Paraguay, hacen evidente la ofensiva de los negocios globales que pretende cerrar las brechas de territorio norte de nuestro país en un solo bloque con Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil y Argentina unificando tecnologías y modalidades. Este devenir, en su lógica, no es diferente a la campaña del desierto de Roca en los 80, donde el objetivo del desalojo genocida y control territorial fue la expansión ganadera con los Remington. Hoy se facilita en beneficio del conglomerado productivo sojero y las corporaciones transnacionales, bajo el paraguas habilitante del poder político.
Los 27 transgénicos aprobados comercialmente desde el 1996, un verdadero ariete tecnológico, imponen prácticas inherentes del modelo, no sólo cuestionables por los efectos en los ecosistemas y demás variables físicas de suelos, sino por el incremento de la contaminación química con sus consecuencias en salud ambiental. Pero un aspecto interesante a considerar en lo inmediato en la Argentina, es que 5 de esos 10 eventos transgénicos aprobados, 3 de maíz y 2 de soja, combinan la resistencia al glifosato con otra al glufosinato de amonio (un bloqueante de la síntesis del aminoácido glutamina) para reforzar los efectos de aquel. La necesidad de asociar en las nuevas semillas el glifosato con el glufosinato, da cuenta de las inconsistencias de la tecnología de los transgénicos tanto en su construcción y como en su comportamiento en el tiempo. Sin embargo se sigue huyendo hacia delante intentando remediar las debilidades conceptuales de la tecnología transgénica, con soluciones que tienden a ser cada vez más peligrosas. Andrés Carrasco, “Glufosinato, un nuevo veneno, La Vaca-Indymedia”, 4 de septiembre, 2012.
El Tribunal Permanente de los Pueblos, en su sesión de Bangalore, India, a fines de 2011, dictaminó que Syngenta, Bayer, Monsanto Dow, Dupont y BASF son responsables de tremendas, vastas y sistemáticas violaciones al derecho a la salud y a la vida, a los derechos económicos, sociales y culturales, y a los derechos políticos y civiles, a los derechos de las mujeres y los niños.
Estados Unidos, Suiza y Alemania (los Estados sede) han fallado visiblemente en el cumplimiento de su responsabilidad de promover y proteger los derechos humanos, especialmente en las poblaciones vulnerables, una responsabilidad que aceptaron internacionalmente. Estos tres Estados, donde las seis corporaciones están registradas y tienen sede, han fracasado en regular, monitorear y disciplinar a estas entidades mediante sus leyes y políticas nacionales; han promovido injustificadamente un doble estándar que prohibe la producción de químicos peligrosos en casa mientras permiten que sus transnacionales tengan licencia irrestricta para estas empresas en otros países, sobre todo en el Sur Global.
Los países que alojan estas tecnologías, al importarlas, son responsables de no proteger ni los derechos humanos ni a los activistas, de las vejaciones y el hostigamiento por parte de las compañías. Estos países tampoco protegen a los científicos independientes y no buscan alternativas menos dañinas de producción agrícola, por lo que dejan de honrar sus obligaciones con los convenios de la OIT.
Algunas de las políticas de la OMS, de la FAO y la OIT, no son plenamente sensibles a la urgencia de regulaciones y modificaciones, como lo articulan los pueblos que sufren y los grupos y asociaciones de derechos humanos comprometidos con la defensa de estas poblaciones. Es necesario que asuman un papel más proactivo en el campo de los agroquímicos riesgosos y de las transnacionales agroindustriales. La UNESCO debería dar pasos eficaces y expeditos para proteger la libertad académica y científica de los investigadores y especialistas que han elevado su justificada voz de alarma ante el impacto de largo plazo de los plaguicidas.
Entre las recomendaciones del Tribunal se encuentran el establecimiento de un mecanismo internacional apropiado que investigue las flagrantes y tremendas violaciones de derechos humanos por parte de estas corporaciones, los Estados sede y los países que las alojan. Un organismo ante el cual las víctimas colectivas e individuales pueden presentar sus agravios y reclamos de justicia.
Que los gobiernos nacionales no ratifiquen ningún tratado de comercio o inversión que no contemple normas de derechos humanos. Que se evite otorgar inmunidad a las compañías agroquímicas y que se finquen responsabilidades criminales en apego a las leyes nacionales. Que no se imponga la pesada carga de pruebas a las víctimas y que se legisle según el principio precautorio. Que se impida que las corporaciones hostiguen o intimiden directa o indirectamente a los científicos, a los campesinos y a los activistas ambientales y de derechos humanos. Que se reforme el estatuto de Roma para que extienda su jurisdicción a las personas legales y para que incluya los más serios crímenes contra el ambiente además de aquellos que ya son crímenes contra la humanidad o los crímenes de guerra. Que las instituciones de la Unión Europea vinculen su política económica internacional y de cooperación a las reglamentaciones internacionales de protección de los derechos humanos y el ambiente, y que expandan la responsabilidad ambiental a las actividades de las corporaciones con oficinas registradas en la UE. Resumen del dictamen de Tribunal Permanente de los Pueblos en Bangalore, India, noviembre, 2011.