Dictamen presentado en la Preaudiencia: Colisión Campo-Ciudad, en Tepoztlán, Morelos, dentro del proceso abierto en México por el Tribunal Permanente de los Pueblos
Hemos escuchado con atención los casos expuestos en la pre-audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos que se llevó a cabo en la plaza pública de Tepoztlán, Morelos, el día 23 de noviembre de 2012. Los testimonios y deposiciones fueron dibujando un cuadro de agravios y agresiones graves y arteras contra pueblos y comunidades urbanas y rurales, hasta un punto en que podemos hablar de intención y acción criminal.
Desafortunadamente, lo que escuchamos no constituyó novedad ni sorpresa. Desde el primer testimonio, fue como escuchar historias repetidas, versiones corregidas de casos de atropellos y agresión que hemos conocido en nuestras tierras o de las que sabemos que ocurren alrededor del mundo. La agresión que sufren hoy los pueblos, comunidades rurales y habitantes de los barrios de México se repiten en el mundo entero. No son casualidad, ni son al azar: son parte de un ataque sistemático, pensado, diseñado y desplegado de manera planificada y coordinada. Son elementos tan diversos como las concesiones y las invasiones para megaproyectos, infraesturctura o desarrollo inmobiliario, las expulsiones y desplazamientos forzados, la creación de villorios rurales o urbanos donde a la gente se le encierra y hacina (lo que aquí han identificado como urbanización salvaje), el desvío de las aguas para uso industrial, minero o suntuario, el tolerar la contaminación extrema para no disminuir las mega-ganancias de grandes empresas, el ingreso forzado de los cultivos transgénicos, la destrucción de los servicios de salud pública y la criminalización de los sistemas de salud propios, y muchos otros que podríamos mencionar. De todo ello escuchamos en la pre-audiencia y de todo ello escuchamos alrededor del mundo.
El objetivo de los ataques es el despojo total, quitar a los pueblos sus saberes, sus formas de construir una mirada, un sentido y un saber propio, sus formas de convivencia y, por supuesto, sus medios de subsistencia. Ello con el objetivo de convertirnos en individuos aislados, sin lazos sociales, sin arraigo a un territorio, a la tierra o a un barrio, dependientes al momento de alimentarnos y trabajar, para así dejarnos sin más alternativa que convertirnos en mano de obra sumisa, barata y desechable.
Los mecanismos para toda esta agresión también se repiten en el mundo entero. Gobiernos, organismos internacionales y grandes capitales están actuando de manera concertada. En lo inmediato vemos una violación desvergonzada de las normas, leyes y declaraciones de intención que pudieran de alguna manera favorecer a los sectores populares del campo o la ciudad, acompañado del uso de lenguaje engañoso, declaraciones vacías que nunca se cumplen o simplemente mentiras. A ello se le va sumando, de manera creciente, la modificación y la creación de nuevas leyes que favorecen sin pudor los intereses de las grandes empresas y capitales, mientras reprimen y sujetan al resto de la población y especialmente a los sectores populares. Y como los pueblos siempre parecen arreglárselas para evadir aquello que les impida vivir dignamente, también se experimenta en todas partes un proceso de criminalización y represión apoyado por la calumnia, el montaje, la desinformación y la corrupción. La criminalización de las luchas sociales se repite en casi todos los casos expuestos y marca uno de los ejes de la respuesta del Estado frente a los pueblos —siendo innumerables las víctimas asesinadas sin que haya habido justicia, como ocurre en casi todos los casos (como en el de Miguel Ángel Pérez Cazales de Santa Catarina, o Marcos Olmedo de Tepoztlán).
Las autoridades y los sistemas de presión política del gran capital no se caracterizan por su gran creatividad. Desde los mecanismos específicos —como las normativas de cambio de uso de suelo, la manipulación desvergonzada de las manifestaciones o estudios de impacto ambiental y los planes de desarrollo— hasta los marcos jurídicos de carácter general, constitucional y supra-constitucional (como los Tratados de Libre Comercio, TLC, los convenios internacionales, las normas sanitarias, las certificaciones internacionales, etcétera) parecen calcadas unas de otras. Es posible constatar que las normas, reglas y legislaciones ya no se redactan en los palacios de gobierno o en los congresos nacionales, sino en los despachos empresariales. Los Estados, y México es un caso extremo, han renunciado a lo que supuestamente es su papel, es decir: regular la convivencia social en función de un interés y equilibrio general, para entregar esa potestad a manos privadas cada vez más reducidas, exclusivas y excluyentes.
Lo que hace de México un caso especial no es la agresión a los pueblos, no es el desvío de poder ni la complicidad de las autoridades con la devastación, sino el grado extremo que todo ello ha alcanzado.
Durante la pre-audiencia no pudimos dejar de horrorizarnos ante la violencia abierta o solapada que se despliega contra pueblos, comunidades y organizaciones. Escuchamos de ataques, muertes, agresiones, encarcelamientos, desapariciones y amedrentamientos que sólo son comparables con lo ocurrido en los peores momentos de las dictaduras militares del Cono Sur, o en las de Somoza y Trujillo en América Central.
El cuadro que emerge de lo escuchado también nos hace preguntarnos si lo que viven los pueblos de México no es un mega-experimento sobre destrucción de los tejidos sociales cuyas macabras enseñanzas puedan luego ser aplicadas al resto de los pueblos.
Así como México fue la puerta de entrada de los Tratados de Libre Comercio y todas las formas de devastación asociadas a éstos, hoy puede convertirse en la punta de lanza de los transgénicos en el centro de origen de los cultivos que alimentan a la humanidad o en el campo de prueba de los efectos de extremar los agravios y agresiones.
Un aspecto que nos preocupa profundamente es el avance de la violencia como mecanismo central y el impacto que ha tenido en las formas de convivencia, de organización y de resistencia. Ello ha provocado niveles de indignación, frustración y sensación de situaciones sin salida que podrían provocar estallidos violentos. Creemos que la violencia institucionalizada busca tales estallidos como una forma de justificar mayores niveles de agresión y represión.
En los testimonios y deposiciones pudimos también escuchar de un esfuerzo permanente por parte de las organizaciones por desmantelar la violencia y mantener y aumentar los niveles de resistencia y lucha no violenta.
Creemos que hoy es más importante que nunca profundizar la reflexión colectiva sobre diversos mecanismos que les permitan protegerse unos a otros mientras se desarrollen y desplieguen mecanismos sociales de desmantelamiento de la violencia.
Los pueblos de México, como pocos pueblos del mundo, cuentan aún con mecanismos fundamentales y poderosos para lograrlo, como son las asambleas en distintas instancias y su riqueza y diversidad cultural.
La pre-audiencia del Tribunal de los Pueblos se realizó prestando atención especial a la colisión campo-ciudad. Creemos que esta colisión no es natural, sino producto del capitalismo y sus necesidades.
Lo que llamamos “ciudad” hoy es un fenómeno específicamente moderno. Ciudades como las que conocemos no existieron antes de mediados del siglo XIX, o de mediados del siglo XX en la mayor parte de los países del Sur.
En Europa la ciudad moderna es producto exclusivo de la sociedad industrial. Más específicamente, es una ciudad con drenaje central y transportes motorizados. Estos dos inventos son los que han cambiado radicalmente la naturaleza de las ciudades. El drenaje central —y su terminal doméstica (el WC)— ha permitido evacuar los excrementos a grandes distancias de la ciudad. El transporte motorizado, bajo la forma del ferrocarril, permitió importar verduras y otros alimentos. Eso rompió lo que fue durante toda la historia de las ciudades —más de 10 mil años desde Jericó— la relación urbana fundamental.
Históricamente, las ciudades siempre transformaron los desechos orgánicos en suelo. En las ciudades, el suelo estaba en constante formación. Era un abono de alta calidad, compuesto de los mismos elementos necesarios para la obtención de alimentos. El cultivo específico de las ciudades se puede calificar de agricultura urbana o, mejor dicho, de urbicultura.
El drenaje central expulsó de la ciudad la mayor fuente de la producción de suelos, el tren permitió la importación de alimentos. Los terrenos dejados “libres” de cultivos se entregaron a la especulación.
En México las hortalizas urbanas existen todavia bajo dos variedades principales: las chinampas de la Ciudad de México y los cinturones peri-urbanos de la mayoría de las ciudades del país.
Existen todavía vestigios de ambos y es absolutamente necesario protegerlos. En caso de crisis alimentaria pueden ser el núcleo de un reinvento de los cultivos de hortalizas urbanas.
Los cultivos urbanos fueron el principal freno a la especulación urbana. En la ciudad de París a mediados del siglo XIX entre un cuarto y un tercio del suelo estaba dedicado al cultivo de hortalizas. La zona ubicada sobre la orilla derecha del Sena, donde se erigió el Centro Pompidou, era conocida como El Marais (o pantano). De allí viene el nombre de cultures maraîchères, también conocidas como “cultivo bio-intensivo francés”. Este modo de cultivo tenía tasas de producción hasta tres o cuatro veces superiores a la producción agrícola más exitosa.
En la Ciudad de México, tanto las chinampas como los cultivos peri-urbanos están siendo rápidamente sustituidos por construcciones, mientras la dependencia del país de importaciones de alimentos va creciendo.
Esta historia nos exige que hoy reflexionemos muy profundamente sobre le tipo de ciudades que queremos.
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Durante toda la jornada hemos podido compartir la presentación de 34 casos provenientes de Morelos, la región del Distrito Federal y otras regiones del país. Sabemos además que estos casos compartidos son solamente una muestra de los cientos de casos que se presentan a lo largo y lo ancho de todo el país.
Los casos compartidos, que se hayan sistematizados en diferentes grados, han tenido muchos ejes en común, que de alguna manera tratamos de organizar en el presente dictamen sin pretender más que buscar sus coincidencias en las problemáticas enfrentadas.
Así es que hemos encontrado los siguientes ejes, que no pretenden limitar sino crear puentes que faciliten la comprensión y la articulación:
La urbanización salvaje denunciada por los 13 pueblos de Morelos; por Tetelpa y su defensa del Cerro de la Tortuga, y que en todos los casos destruye el entorno natural y la biodiversidad, agota el agua y se lleva adelante sin ofrecer los servicios necesarios para una vida digna. Los vecinos en defensa del Parque Reforma Social de la Delegación Miguel Hidalgo en el Distrito Federal; el caso de Tecámac ubicado en la parte nororiente del Estado de México; el de San Pablo Tecalco, Municipio de Tecámac, donde se pretenden construir 150 mil viviendas en una zona de reserva ecológica; o el caso de la Loma de Santa María, en Morelia, Michoacán, donde el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma de Santa María, luchan todos ellos contra proyectos inmobiliarios en zonas de alta biodiversidad y contra los caminos que se quieren construir para acceder a los mismos. También se presentó el caso de la construcción de la Arena Ciudad de México en Azcapotzalco, Distrito Federal, donde la comunidad barrial sigue resistiendo.
Los megaproyectos de distinto tipo como los de Miacatlán, donde la comunidad resiste la entrega de tierras comunales a empresas canadienses para proyectos turísticos; Huexca y Xantetelco donde existe el proyecto de dos centrales termoeléctricas, torres de alta tensión y un gasoducto que es resistido por la comunidad por los riesgos que implica, su impacto ambiental y sobre el agua.
Los proyectos mineros como en el caso de Tetlama en el que se entregaron miles de hectáreas a una minera canadiense.
La construcción de carreteras como en el caso de Tetlama donde hay un proyecto por ponerse en marcha; la situación en Tepoztlán y la resistencia a la ampliación de la autopista; la resistencia en el Distrito Federal a la construcción de la Supervía Poniente; el caso de Libramiento Norte en Puebla y Tlaxcala donde el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en la Región de la Malinche ha logrado frenar el proyecto pero no su cancelación definitiva, y también el caso de las comunidades otomíes del valle de Lerma, en el estado de México, que luchan contra la autopista Toluca-Naucalpan.
La contaminación provocada por basureros a cielo abierto como en el caso de las luchas de Tetlama y Alpuyeca donde la comunidad logró el cierre del basurero, pero el mismo sigue contaminando; el de San Nicolás Totolapan, Delegación Magdalena Contreras, donde se están arrojando miles de toneladas de cascajos ilegalmente; los casos de Texcoco y Tequexquinahuac, donde la Unión de Pueblos en Defensa del Agua se está resistiendo al vaciado de lodos tóxicos en los socavones que están contaminando el agua subterránea; el caso de la Presa Endhó donde se logró resistir la instalación de un basurero de residuos industriales; el caso de Valle del Mezquital donde se resiste la contaminación provocada por el vertido de aguas negras y residuos industriales; el caso de El Salto en Jalisco, en el Río Santiago, donde Un Salto de Vida lucha contra la extrema y letal contaminación provocada por los vertidos industriales.
Los casos vinculados al agua son el de Cuautla donde se lucha contra una gasolinera que amenaza contaminar los manantiales de la zona; el de Atlapulco donde la comunidad lucha por el reconocimiento de su aporte al cuidado del agua que abastece a una parte de la ciudad de México; el caso de la Presa Endhó, en Hidalgo donde se resiste a la gravísima contaminación de la presa por el vertido de residuos industriales y domiciliarios provenientes del DF y toda la zona metropolitana, que ha destruido toda la vida del espejo de agua; las luchas de Río Atoyac en Puebla-Tlaxcala donde las industrias se han ido apropiando del agua al mismo tiempo que contaminan el río con sus vertidos.
Los casos de invasión de tierras como el caso de El Texcal, Morelos en una zona de reserva ecológica, el de Tultitlán, en el Estado de México, el de San Isidro, Jalisco donde desde hace ochenta años la comunidad lucha por su tierra.
La destrucción de las economías locales como en el caso de Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de octubre” del estado de Puebla que fueron desplazados y son combatidos por las autoridades.
El desplazamiento forzado como en el caso de Palos Altos en Jalisco, donde la comunidad se ve obligada a migrar por perder su medios de subsistencia y donde avanza una agricultura industrial con alto uso de agrotóxicos; el caso del Tapón de Grijalva, en Chiapas, donde la Coordinadora Nacional Plan de Ayala lucha contra las “ciudades rurales” a las que se ha trasladado a las víctimas del tapón.
La destrucción de la vida campesina por la posible aprobación de la siembra de maíz transgénico en dos millones y medio de hectáreas en Sinaloa y Tamaulipas que amenaza contaminar a todo el centro del origen del maíz y poner a todo el pueblo mexicano bajo los riesgos de alimentarse con este maíz en un experimento irresponsable y criminal, pero también pone en grave riesgo la agricultura independiente del pueblo mexicano y el futuro de biodiversidad de semillas nativas en el centro de origen de uno de los cultivos más importantes de la humanidad, atentando contra la subsistencia y los saberes ancestrales de los pueblos.
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Las presentaciones nos han conmovido profundamente y hemos sentido y compartido el dolor, la esperanza, la desazón, la voluntad, el espíritu de lucha y el compromiso de un pueblo que no se resigna y que comprende que cada una de las luchas locales está enlazada con las otras a partir de una problemática común que recorre todo el país y cuyas conexiones se expusieron con claridad en esta preaudiencia y también a partir de la posibilidad de tejer colectivamente la resistencia.
Para los dictaminadores ha sido claro el avance de un modelo de urbanización salvaje que escapa a todo tipo de control social y que de la mano del desvío de poder del Estado Mexicano está al servicio de grandes grupos corporativos, muchos de los cuales se nombraron aquí de manera explícita y repetitiva: Grupo Carso, OHL, Monsanto, Abengoa, Amway, Wal-Mart. Este desvío de poder actúa por vías “legales” creándose mecanismos, que sin consultar a las comunidades, permiten el desvío de poder y junto con la corrupción, hechos fraudulentos y la violencia se imponen a las comunidades. También se expuso con claridad en muchos de los casos que el Tratado de Libre Comercio fue un facilitador de estos procesos de apropiación y violencia sobre las comunidades.
Las instituciones y organismos públicos que deberían ocuparse de las regulaciones y resolver conflictos son cómplices y ejecutores del desvío de poder (siendo el caso de la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente del estado de Morelos s—CEAMA— aquí expuesto uno de los más elocuentes), por lo que sin duda el único camino posible es su denuncia y disolución. La supuesta “consulta previa” es también un mecanismo de simulacro que en realidad sirve para convalidar los despojos.
Resumen de los agravios
* Grave alteración y destrucción de las condiciones materiales de vida y de subsistencia humanas, de producción, reproducción y desarrollo de la vida en general.
* Afectaciones integrales a la calidad de vida.
* Afectación de los ecosistemas, de los ciclos naturales de vida y del medio ambiente en su conjunto.
* Afectación al desarrollo integral de los seres humanos en lo individual y lo colectivo.
* Imposición de políticas públicas de desarrollo ajenas y contrarias a las necesidades e intereses de los pueblos.
* Destrucción del tejido social y de los lazos comunitarios ancestrales.
* Grave deterioro de la salud de los miembros de las comunidades afectadas.
* Destrucción impune de la biodiversidad silvestre y cultivada, incluso en su centro de origen.
* Deforestación masiva y erosión del suelo.
* Despojo de bienes comunales y ejidales.
* Fomento de asentamientos irregulares como forma de manipulación política desde arriba.
* Uso de la burocracia como forma de denegación de justicia y de desgaste de la luchas.
* Violencia ejercida por el Estado en contra de la población, tanto mediante el uso de la fuerza pública institucional como mediante el consentimiento y apoyo de grupos paramilitares y de choque.
* Violencia estructural continua, sistemática e impune.
* Criminalización de la protesta social, incluida la criminalización mediática, la invisibilización de las luchas y la manipulación informativa.
* Intimidación, acoso, asesinato, desaparición y persecución de líderes y luchadores sociales.
* Negación del acceso a la información pública o privada que se relacione con las afectaciones potenciales o padecidas debido a los proyectos de desarrollo.
* Negación de justicia y obstaculización del acceso a la misma.
* Contubernio del Estado con las empresas en todos los casos con desvío de poder recurrente hacia el interés privado.
* Abandono de las obligaciones y responsabilidades del Estado hacia los pueblos.
* Persecución y destrucción de la agricultura campesina, sus sistemas organizativos y de vida.
* Destrucción de las semillas nativas y criollas a través de la imposición de la agricultura industrial y la criminalización de la custodia e intercambio de las mismas.
* Desmantelamiento de todos los sistemas de agricultura urbana y de los cultivos de subsistencia.
* Consideramos que un agravio especial y emblemático que resume todos los otros y los escala es el ataque al maíz, corazón de la vida del pueblo mexicano y del cual México y Mesoamérica son Centros de Origen. La aprobación del cultivo comercial de dos millones cuatrocientas mil hectáreas de maíz transgénico en Sinaloa y Tamaulipas es de una escala tan masiva que implicará la destrucción irremediable de infinidad de variedades de maíces nativos por su contaminación, atentará gravemente contra la salud de la población que lo consuma y profundizará el ataque a los sistemas de agricultura campesina e indígena del país.
Recomendaciones
El ejemplo de nuestros anfitriones de Tepoztlán demuestra que una de las cuestiones básicas es tomar conciencia de que nuestras luchas son permanentes y no deben someterse a la expectativa de logros a corto plazo.
Por otro lado observamos que dentro de las diferencias existentes entre todos los procesos es fundamental la sistematización de las experiencias como forma de poder entenderlas, compartirlas y analizarlas para profundizar las luchas.
En relación a los mecanismos de resistencia consideramos fundamental no seguir el juego propuesto desde los espacios de poder que desde la provocación buscan generar violencia para profundizar y justificar la represión.
También hemos observado la importancia de que los distintos grupos puedan avanzar en formular con mayor claridad sus exigencias para poder compartirlas y hacerlas saber a los distintos espacios en los que se actúa, incluyendo el TPP.
Finalmente la organización, la reconstrucción del tejido social, el mutuo cuidado y la reflexión permanente son elementos fundamentales que deben defenderse, sostenerse y profundizarse. En este camino la reflexión sobre la sociedad, campo y ciudad que queremos y los vínculos que nos proponemos es fundamental y debemos dedicarle nuestra atención y tiempo.
Tepoztlán, Morelos, México
24 de noviembre de 2012
Camila Montecinos (Chile)
Jean Robert (México-Suiza)
Carlos Vicente (Argentina)