En los días que corren hay un repunte en el ataque jurídico contra el universo libre de semillas y saberes que dominó durante milenios la actividad cuidadosa y sagrada que implicaba sembrar, produciendo alimentos para la vida de la comunidad y reequilibrando con la labor colectiva todo el territorio que la comunidad ejercía como piel, como casa, como extensión de sí misma.
La apropiación, el acaparamiento inútil de las variedades nativas de comunidades y pueblos (su erosión real y contundente), la imposición de las variedades diseñadas en los laboratorios, requiere leyes amañadas y a modo que permitan lo inconcebible: secuestrar —y de hecho trastocar— el flujo infinito de la vida, en aras del lucro y el control monopólico.
En esta entrega, mostramos algunos de estos ataques, pero también la protesta y propuestas que desde muchos rincones, contradicen esta tendencia y luchan contra ella.
Las semillas son parte esencial de la vida; ellas son el resultado del trabajo colectivo de miles de generaciones de agricultores y agricultoras, desde épocas ancestrales, quienes crearon ese inmenso arco iris de colores, formas y sabores que hoy llegaron a nuestras manos, para que se las entreguemos a las generaciones futuras. Para las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas las semillas han sido el fundamento de su cultura, de sus sistemas productivos. Es por ello que los agricultores tienen el derecho al libre acceso, a la producción, a guardar, intercambiar y vender las semillas. Las semillas nativas y criollas, se constituyen en el seguro que tiene la humanidad para enfrentar la profunda crisis de la agricultura frente al cambio climático.
[...] Las semillas son la base de la libertad de los alimentos, ya que son el primer eslabón en la cadena alimentaria. Sin semillas libres de propiedad intelectual y sin el control local de sus territorios, no es viable la soberanía y autonomía alimentaria de toda la población y tampoco es posible que las comunidades vivan dignamente en el campo y en paz. La libertad de las semillas se ve amenazada por la biopiratería y las patentes que crean monopolios y vuelve ilegal que los agricultores guarden e intercambien sus semillas; y también por las semillas transgénicas que contaminan nuestros cultivos, cerrando así la opción de alimentos libres de transgénicos.
[...] Rechazamos los decomisos de semillas y judicializaciones a agricultores que el Instituto Colombiano Agropecuario —ICA— está realizando en diferentes regiones del país. Entre 2010 y 2011 se decomisó mil toneladas 167 mil 225 kilogramos de semillas. Les notificamos que por cada semilla que nos decomisen, haremos que estas germinen y florezcan de nuevo, se multipliquen, se esparzan y caminen libremente con los agricultores por los campos de Colombia.
Saludamos el proceso de negociación que actualmente adelanta el gobierno colombiano con las FARC y el ELN y esperamos que finalmente se pueda acabar con esta cruel guerra que tanto daño le ha costado al país. Creemos que la paz solo se logrará si existe la voluntad política de todas las partes para realizar cambios que resuelvan problemas estructurales, en donde se involucre en los acuerdos de paz especialmente a la población afectada por la guerra.
[...] Consideramos que entre los temas centrales en la negociación se debería incluir una verdadera reforma agraria, que permita a las poblaciones campesinas, indígenas y afro vivan dignamente y en paz en sus territorios; y una política de fortalecimiento de la soberanía y autonomía alimentaria para el campo y la ciudad. En este contexto, se deben reconocer los derechos colectivos y el control local de los territorios, que incluya los recursos naturales allí existentes, la tierra, el agua, los bosque y las semillas como fundamento de los sistemas productivos de la agricultura familiar y comunitaria. Es por ello que consideramos que el tema de las semillas debería ser incluido en el actual proceso de negociación de paz.
Exigimos políticas públicas a favor de sistemas vivos de semillas campesinas, que estén en nuestras comunidades y bajo nuestro control, que promuevan las semillas reproducibles y locales, que favorezcan la agroecología, el acceso a la tierra y el cuidado de los suelos, y también deben promover la investigación participativa controlada por los campesinos. Estas políticas deben prohibir la privatización y acabar con los monopolios de las semillas por la industria y no deben promover las semillas no reproducibles como los híbridos y tampoco los transgénicos.
Hacemos un llamado a las comunidades indígenas, afro y campesinas de Colombia a conservar, proteger, desarrollar y compartir nuestras semillas; esta es la mejor forma de resistir contra el despojo y la mejor forma de preservar la biodiversidad. Manifiesto por las semillas libres en Colombia, firmado por una enorme diversidad de organizaciones indígenas, campesinas, sociales, ambientales y personas en lo individual, octubre 2012.
Varias iniciativas legales a nivel regional tendientes a reglamentar la producción, conservación, desarrollo e intercambio de semillas configuran una “refundación de la República Unida de la Soja” en los territorios del Cono Sur liderada por la multinacional Monsanto.
La aplicación de las normas de UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) en Chile y Colombia, fuertemente resistida por las comunidades campesinas, indígenas y grupos de agricultores; la “aprobación express” de nuevos eventos transgénicos de esa empresa en Paraguay tras el golpe de estado contra Fernando Lugo; el impulso de una nueva ley de semillas que el Ministro de Agricultura de Argentina anunciara como forma de facilitar el “retorno” de las inversiones de Monsanto a ese país y la firma de un acuerdo entre el principal instituto público de investigación agraria de Uruguay (INIA) y la trasnacional con sede en el estado de Missouri (EUA), son claras muestras de ello.
“Detrás del golpe de Estado en Paraguay está muy claro el agronegocio, algunos de cuyos sectores controlan directamente espacios de decisión bajo el régimen de Federico Franco, presidente ilegítimo. Pocos días después del derrocamiento de Fernando Lugo, el 22 de junio, estaba previsto un ‘tractorazo’ de la Unión de Gremios de la Producción que recibe apoyos de Monsanto y Cargill.
Monsanto anunció a inicios del 2000 su retirada de Argentina por carecer de “seguridad jurídica”. Sin embargo el mismo año “la presidenta argentina anunció en visita oficial a EUA el retorno de las inversiones de esa empresa a Argentina. La nueva ley de semillas sería uno de los elementos para restablecer la ‘seguridad jurídica’ añorada por la multinacional”, explica Carlos Vicente.
“Esta ley de semillas no es para la soja exclusivamente, sino para todas las semillas, por lo cual es un paso más en la privatización de la vida y en su apropiación por parte de las multinacionales”, agrega.
Vicente señala que las normas de UPOV establecen los derechos de “obtención” de una variedad vegetal que es el “monopolio” sobre determinadas variedades, desconociendo el proceso milenario de adaptación, conservación y mejoramiento de esas especies por parte de los agricultores campesinos e indígenas.
En 1978 se crea la norma UPOV 78 que aplica el derecho de obtención pero reconoce el derecho de uso propio: el derecho de los agricultores de conservar parte de su cosecha para futuros cultivos. En 1991 la norma UPOV 91 —impulsada actualmente en América Latina—, avanza en el sentido privatizador limitando el derecho de uso propio y aún de investigación. “Así, una empresa puede monopolizar una semilla y si otro la quiere utilizar para realizar investigaciones, debe pagar a la empresa”. “Refundación sojera”, Entrevista con Carlos Vicente (GRAIN), www.radiomundoreal.fm, 30 de agosto, 2012
Libre acceso y libre uso e intercambio de las semillas son pilares centrales de la expansión de la agricultura en el mundo, de las identidades culturales y de la capacidad de los pueblos para garantizar su alimentación, su medicina, su vestimenta y su vivienda. Hasta no más de 40 o 50 años atrás, cualquier intento por restringir alguna de estas libertades habría sido considerada un absurdo, una agresión inaceptable, un quiebre de las normas básicas de la convivencia civilizada.
El Convenio UPOV de 1961 fue una de esas agresiones: el rechazo fue tan extendido que durante siete años ni un sólo país aceptó firmarlo y en 1968 sólo cinco de ellos —entre los que no se encontraba Estados Unidos— lo hicieron. El Convenio UPOV de 1991 es aún más agresivo y violentador que su versión de 1961. Si actualmente UPOV cuenta con algo más de 70 países miembros, es porque gran parte de ellos se incorporaron de manera reciente bajo presiones e incluso amenazas, especialmente de Estados Unidos, pero también de Europa, Japón y Australia.
Todo cultivo que hoy conocemos es obra de un trabajo genético que diversos pueblos hicieron durante generaciones. Fue un trabajo colectivo, comparable a una pintura o una escultura en cuanto a la creatividad involucrada, y asimilable a un lenguaje en cuanto al carácter colectivo de su creación. Ha sido un trabajo que incluyó observación, selección, múltiples cruzamientos, pruebas de terreno, nuevas selecciones, etcétera. Ni un sólo cultivo actual es producto de la ciencia moderna; los casos en que la creación de una nueva especie cultivada se ha intentado a través de ella, el fracaso ha sido absoluto. Los procesos de domesticación que cada cultivo requirió fueron mayúsculos. El ancestro del maíz no era sino una espiga pequeña y frágil. Las papas y los tomates eran plantas venenosas, muchas frutas no eran más que pequeñas bayas. Convertir esas plantas silvestres en las fuentes de alimentación y sabor que hoy conocemos tomó el trabajo de millones de familias y comunidades pertenecientes a diversos pueblos.
Una vez que la domesticación se logró, el trabajo de mejoramiento en manos campesinas ha seguido adelante, a través de la creación de variedades adaptadas a las condiciones locales de cultivo, o a los gustos locales sobre la comida. La diferenciación entre una variedad y otra ha sido a veces tan profunda, que es posible hablar de razas (como en el caso del maíz), de tipos (como en la quinoa y el trigo) de sub-especies (como en el caso de las coles) o incluso de especies distintas (como en el arroz). Tanto en la domesticación como en esta diferenciación marcada, el trabajo genético fue significativo y profundo, cambiando características complejas de la estructura genética de cada especie. En comparación con ello, el trabajo moderno de obtención de variedades es extraordinariamente simple, restringido básicamente a procesos de cruzamiento y selección, y sería un trabajo imposible si quienes hoy reclaman propiedad —empresas o centros de investigación— no tuvieran como punto de partida las variedades campesinas y de pueblos indígenas que les fueron entregadas sin restricciones, gratuitamente y de buena fe.
Reclamar propiedad sobre una variedad moderna es el equivalente a reclamar propiedad y autoría sobre un edificio porque se le pintó las paredes. Pero por sobre todo es apropiarse de una obra de múltiples pueblos cuya naturaleza de bien común es innegable.
Quienes promueven la adopción del Convenio UPOV 91 aseveran que éste no afectará las semillas campesinas. Tal aseveración carece de fundamentos serios si se considera que el Artículo 1 del Convenio UPOV 91 define como “obtentor” a “La persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad”. Cuando alguien “descubre” una variedad en realidad está “descubriendo” el fruto del trabajo de otros, ya que no hay variedades vegetales que existan producto exclusivamente de procesos naturales; como decíamos anteriormente, toda variedad vegetal es producto del trabajo humano. A través de su definición de “obtentor” el Convenio UPOV 91 hace posible apropiarse de todas las variedades campesinas e indígenas actualmente existentes, puesto que todas ellas pueden ser “descubiertas” por un obtentor no campesino o su empleador, vulnerando así el derecho a gozar de un bien común y fomentando la apropiación del trabajo ajeno.
Los defensores del Convenio UPOV 91 argumentan a su vez que la apropiación de las variedades campesinas e indígenas no será posible, porque sólo se otorgará propiedad sobre variedades nuevas, distintas uniformes y estables. Tal aseveración no puede estar más lejos de la realidad. Camila Montecinos (GRAIN) Amicus curiae en la definición de inexequibilidad de la Ley 1518 de 2012 por medio de la cual se aprueba el “Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales”, Bogotá, 23 de julio, 2012.
La protección del Certificado de Obtención Vegetal no se limita ya, como en los convenios precedentes a “la producción con fines de comerciales” de semillas o plantas, a su comercialización y operaciones anexas, sino que se amplía, de ahora en adelante, a su “reproducción” y sea cual sea su destino, sea distribución comercial o utilización en la finca. La semilla de producción propia que, en los convenios precedentes, era un derecho natural no mencionado y no afectado por los derechos conferidos al obtentor, se convierte en una exención facultativa y limitada por el derecho del obtentor, dejada a la decisión de los Estados. Ellos pueden prohibirla total o parcialmente o autorizarla “dentro de límites razonables y a reserva de la salvaguarda de los intereses legítimos del obtentor”, que no son definidos con mayor precisión.
[...] Hasta la introducción de nuevos artículos al Código Rural, L661-8 al 18, sólo las viñas y algunos frutales eran objeto de una reglamentación específica por razones estrictamente sanitarias. Para las otras especies, la reglamentación respecto a las políticas de semillas dependía, ante todo, del código de consumo (represión a los fraudes) definiendo con el catálogo las condiciones de su comercialización. Sin ninguna preocupación sanitaria especial, la totalidad de la reglamentación, incluido el catálogo, ahora está definida por el Código Rural en el marco de una ley aprobada sobre la propiedad industrial. Así, en lo sucesivo, son la política agraria y la defensa de la propiedad industrial las que definen la política de semillas y no se encargarán más de la represión de fraudes, la defensa de los consumidores y el derecho a la alimentación. Este cambio sucede en el mismo momento en que la Comisión Europea fija, entre los objetivos prioritarios de la reforma del catálogo europeo, su conciliación con la Oficina Comunitaria sobre Variedades Vegetales. Esto confirma la primacía de los intereses de las corporaciones económicas sobre los ciudadanos.
[...] Antes de la ley del 8 de diciembre de 2011, sólo las semillas destinadas a se comercializadas eran objeto de una reglamentación para su producción, su comercialización y actividades anexas. De ahora en adelante, comprende a todas las semillas, incluso aquellas que no están destinadas a comercializarse (art L661-8). Todos los productores de semillas deben declarar su actividad, salvo los multiplicadores por contrato (art L661-9): quedan sólo los productores de semillas locales y campesinas, por una parte y por otra los productores que venden semillas comerciales. El Estado dispone de la identidad de los segundos. Podrá, entonces, eliminarlos fácilmente para constituir la nómina de los productores de semillas locales y campesinas y trasmitirla a los obtentores. Es más, “las reglas que permiten asegurar la trazabilidad de los productos desde el productor hasta el consumidor” (art 661-8) y la obligación de los productores de semillas de someterse a “un procedimiento de control interno subordinado a una supervisión por la autoridad competente en el control” (art L661-10), permiten obligar a los agricultores productores de semillas locales a indicar el nombre de las variedades multiplicadas. Si esto no fuera suficiente, la obligación de los clasificadores de operar “en condiciones que permitan garantizar la trazabilidad de los productos resultantes de variedades objeto de certificación de obtención vegetal” (art L623-24-4) también facilita la información a los obtentores.
Hay, de hecho, amenazas de prohibición a las buenas prácticas agrícolas y semillas campesinas o de producción propia.
La obligación de trazabilidad varietal es contraria a las buenas prácticas agrícolas de cultivo de mezclas varietales y de resiembra de las cosechas, que son las que favorecen la resistencia a enfermedades, la adaptación local y la disminución de insumos. Todas estas obligaciones significan, también, una gran amenaza de prohibición para las semillas campesinas o de producción propia si sus especificidades son ignoradas y si les son impuestas las normas de producción de semillas destinadas al comercio a gran escala (como la trazabilidad y pureza varietal, análisis de bioseguridad).
También se busca reglamentar y controlar las semillas destinadas al autoconsumo, la conservación de recursos fitogenéticos, la selección o la investigación. Antes de la ley del 8 de diciembre de 2011, la reglamentación se extendía sólo a las semillas comercializadas “con fines de explotación comercial”. La inscripción de la variedad en los catálogos comunes y en los “aficionados”, “de conservación” y “sin valor intrínseco” no era obligatoria para la venta de semillas con usos no comerciales como el autoconsumo, la conservación de recursos fitogenéticos, la selección o la investigación.
El artículo L661-8 suprime esta restricción “con fin de explotación comercial”. Así, somete a todos los agricultores seleccionadores, conservadores y/o multiplicadores de semillas campesinas a una obligación de declaración y autocontrol autorizada; incluso a respetar reglamentaciones de bioseguridad o sanitarias inadecuadas que prohiben sus actividades. Implica entonces una amenaza de prohibición a todo intercambio informal entre agricultores y a toda comercialización de semillas destinadas a la selección, a la conservación de recursos fitogenéticos o al autoconsumo. Guy Kastler, Confederación Campesina, Derechos de propiedad industrial y derecho de los agricultores en el marco de la UPOV y de las normas europeas y francesas sobre el Certificado de Obtención Vegetal (COV), las patentes y la comercialización de semillas, documento de trabajo del 17 de julio, 2012.
Nuestras organizaciones han debatido en base a la experiencia en diversos lugares del mundo y hemos concluido de manera fehaciente que los cultivos transgénicos sólo provocan destrucción y despojo; llevan a la concentración de la tierra y la riqueza, envenenan nuestras familias, nuestros animales, nuestros cultivos y la vida en torno nuestro, destruyen las fuentes de trabajo y nos expulsan de la tierra.
Los cultivos transgénicos no alimentan a los pueblos. Gran parte de ellos está destinado a la producción de combustibles, piensos animales para la producción industrial, y otras materias primas industriales. Y son estos cultivos uno de los factores que la FAO identificó como importantes en la anterior crisis alimentaria y en la actual elevación del precio de los alimentos;
Nos sorprende que usted asevere que los cultivos transgénicos pueden cuadruplicar la producción. Los antecedentes por nosotros conocidos, incluidos estudios científicos universitarios, indican que las variedades transgénicas son de hecho menos productivas que las mismas variedades sin la transgenie, y que ello se explica por mecanismos fisiológicos bien conocidos. Sería de gran utilidad, para informar mejor el debate, si usted pudiera informarnos de las fuentes que aseveran que los cultivos transgénicos podrían cuadruplicar la producción.
Más del 80% de los cultivos transgénicos son resistentes a herbicidas. No hay un solo caso de un cultivo transgénico desarrollado resistente al frío, a la sequía o a otras condiciones muchas veces enfrentadas por las agriculturas campesinas. La realidad de los cultivos transgénicos es que han provocado el incremento del uso masivo e intensivo de herbicidas y de otros pesticidas. Por ejemplo, Argentina consume hoy más de 200 millones de litros de glifosato, la mayor parte de las veces mediante aplicaciones aéreas que afectan indiscriminadamente a cultivos, animales, personas y plantas silvestres. Brasil, por su parte, se ha convertido en el país con el mayor uso de agrotóxicos por persona a nivel mundial. El resultado, como bien se ha documentado en Argentina, Chile, Brasil y Paraguay, ha sido el aumento alarmante de los casos de cáncer, de enfermedades graves a la piel, malformaciones al nacer, aumento de la tasa de abortos, y casos de intoxicación aguda que han llevado a la muerte, especialmente de niños pequeños.
Si alguna duda podía quedar acerca de los efectos de los cultivos transgénicos, un estudio científico de investigadores franceses recién publicado en Estados Unidos demuestra sin lugar a dudas que la exposición al glifosato —obligatoriamente asociado a la mayoría de los cultivos transgénicos— y el consumo de transgénicos, provoca cáncer, alteraciones hormonales y glandulares, lesiones graves al hígado y los riñones y finalmente tasas de mortalidad 2 a 3 veces mayores que las normales, especialmente en mujeres.
A pesar de la agresividad de las empresas que producen semillas transgénicas y los agroquímicos asociados al cultivo —quienes incluso han hecho uso del contrabando masivo para introducir sus productos— los cultivos transgénicos son muy pocos (fundamentalmente soja, maíz, canola, algodón), poseen sólo dos modificaciones (resistencia a glifosato y producción de la toxina Bt.) y se cultivan masivamente en unos pocos países (Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil e India). Más aún, producto del estudio recién mencionado, Rusia acaba de prohibir la importación de maíz transgénico y hay diversas iniciativas legales en Europa para prohibir de plano tales cultivos.
Los cultivos transgénicos no son respuesta alguna a los problemas de pobreza que enfrentan millones de familias y comunidades campesinas en Ecuador y el resto del mundo. Todo lo contrario: aumentan la dependencia, nos expulsan de la tierra, nos dejan sin trabajo, deprecian el valor de la producción y destruyen las economías locales. Un estudio de la Universidad de Sao Paulo sobre la expansión del agronegocio en el Estado de Sao Paulo, indica que esta expansión llevó a una prosperidad concentrada en manos de unos pocos, generando un número cada vez mayor de excluidos y el aumento de la violencia y la marginalización económica.
Si Ecuador desea solucionar el problema de la alimentación, la solución está en proteger, fortalecer y expandir la agricultura campesina y hacer efectivo el mandato constitucional de la soberanía alimentaria. Un estudio de la FAO publicado hace sólo unos días indica que 60% de los alimentos en América Latina es producido por familias campesinas. Por otro lado, cifras oficiales y de la investigación de las más diversas regiones del mundo confirman una y otra vez que la agricultura campesina es más eficiente y productiva que la industrial. Transgénicos: Carta de La Vía Campesina a Rafael Correa, presidente de Ecuador, 30 de septiembre, 2012
Sectores del agronegocio, de las transnacionales, así como el Ministro de Agricultura y otros funcionarios, vienen trabajando sobre un nuevo proyecto de Ley de Semillas. Según los borradores que se conocen y por las declaraciones públicas, el mismo busca subordinar la política nacional de semillas a las exigencias de la UPOV y las transnacionales.
Las consecuencias las sufrirán los campesinos y agricultores familiares, pero también el pueblo argentino, ya que golpeará sobre el mercado interno de alimentos. Podemos afirmar que:
1. La ley propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad; sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. De esta forma expande un principio inaceptable, el de que es posible y aceptable privatizar los conocimientos y diversas formas de vida.
2. Abre las puertas para que se profundice la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina. El proyecto de ley hace posible la mayor privatización de los recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de Argentina al expandir los llamados derechos de obtentor sobre las especies vegetales.
3. Ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior. Esta práctica es un derecho fundamental de los agricultores y agricultoras del mundo —incluso reconocida por el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO— que además fue central en crear la diversidad y riqueza genéticas utilizadas por las mismas empresas semilleras que buscan hoy prohibir aquella práctica.
4. Fortalece las condiciones para que se profundice la introducción de nuevos cultivos transgénicos y su expansión, al otorgar propiedad sobre variedades sin exigir prueba efectiva de mejoramiento y en base a la simple expresión de un carácter.
5. Crea condiciones para expandir la presencia de empresas semilleras transnacionales en el país, en desmedro del desarrollo nacional de variedades vegetales.
6. Al otorgar poderes monopólicos sobre las semillas, dificultar los procesos de mejoramiento genético independiente, impedir que los agricultores produzcan sus propias semillas y facilitar los procesos de concentración de las empresas semilleras, provocará inevitablemente el alza de los precios de las semillas, encareciendo la producción agrícola en general y la de alimentos en particular.
7. Otorga a las empresas semilleras el “poder de policía”, ya que deja en sus manos el asegurar que las disposiciones de la ley se observen adecuadamente.
8. Permite el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley. Esto se puede traducir en la destrucción de cultivos y plantaciones frutales, en el decomiso de productos ya a la venta, e incluso en el embargo de exportaciones argentinas.
9. El proceso de negociación de la ley está viciado de secretismo y sectarismo al ser llevado adelante a puertas cerradas y únicamente con la participación de sectores corporativos, sin darse a conocer al público el borrador que se está discutiendo ni posibilitar la participación de toda la sociedad en el debate.
10. El anuncio de la modificación de la Ley hecho simultáneamente con la aprobación de la soja rr2 de Monsanto confirma quien es el principal beneficiario de este Proyecto.
Hacemos un llamado a rechazar un proyecto de ley que atenta gravemente contra el conjunto de los habitantes de nuestro país. La agricultura tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de sustentar y alimentar a toda la población. Poner en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de Argentina a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola es avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para nuestro pueblo. Extracto de los 10 motivos para luchar contra el proyecto de ley que pretende privatizar las semillas en la Argentina, Acción por la Biodiversidad, Movimiento Nacional Campesino Indígena CLOC-Vía Campesina Argentina , GRAIN , Amigos de la Tierra, Alianza Biodiversidad y más de mil firmas más, octubre, 2012.
El proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV), fue remitido por la Cámara de Senadores mexicana el 17 de noviembre de 2011. El dictamen considera modificaciones que fortalecen la tendencia privatizadora, en particular la promovida por las empresas semilleras transnacionales. Esta reforma se aprobó por los senadores sin abrir un proceso de discusión amplio y en particular con los campesinos, que pueden ser seriamente afectados, por el contenido privatizador de la variabilidad genética. De la misma forma pretenden los diputados aprobarla.
La reforma propuesta, tiene la clara intención de convertir a la LFVV en el instrumento de protección a las variedades transgénicas, al incluir el concepto de variedades esencialmente derivadas con lo que garantizan, que en donde aparezca el constructo genético que da origen al organismo genéticamente modificado (transgénico) se requerirá la autorización del obtentor para su uso.
La reforma propone un incremento de las sanciones, y permite una mayor discrecionalidad al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), entidad que propone convertirse en agencia investigadora y juzgadora de los presuntos infractores, generalmente agricultores. Además de imponerles multas impagables para el común de los campesinos, les podrá impedir el uso de por vida de sus predios, por considerar la clausura definitiva de los lugares o establecimientos donde se haya utilizado la variedad vegetal protegida.
La reforma tiene también la intención de ampliar los conceptos de protección a los obtentores, que predominantemente son compañías transnacionales, no sólo al introducir cambios en la definición de variedad vegetal que hablan de “taxón botánico del rango más bajo conocido” y de la inclusión de hongos (otro reino); sino al introducir el concepto de variedades esencialmente derivadas, y el concepto de producto de la variedad, que comprende a todas las partes de la planta, para consumo humano, animal o industrial. Con la reforma propuesta pretenden perpetuar en el tiempo la exclusividad y además incluir cualquier tejido vegetal, al pretender que se protejan las estructuras vegetales de las variedades protegidas y de aquellas futuras. Carta pública de la sociedad civil encabezada por Narciso Barrera Bassols, Víctor Toledo Mansur, Elena Álvarez-Buylla, Andrés María Ramírez, Álvaro Salgado y otras muchísimas personas contra la reforma a la ley de Variedades Vegetales en México, abril de 2012
Ante el repudio expresado por el obispo Mario Melanio Molina contra los transgénicos durante su homilía, en Villa Florida (Misiones), y ante la decisión del gobierno actual de liberar el algodón y otros rubros genéticamente modificados, la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri) se dirige a la opinión pública en general, en relación a lo acontecido, y manifestamos:
En nuestro país existen, según estimaciones, 350 mil campesinos y campesinas sin tierra, cantidad en riesgo de aumentar a medida que las plantaciones transgénicas vayan desplazando, sin misericordia, a las comunidades rurales. El proceso de descampesinización que implica necesariamente la introducción de los monocultivos y la producción mecanizada, también afecta gravemente a los territorios indígenas, que ven amenazados sus modos de vida al saberse reducidas sus fuentes de sobrevivencia, con la desaparición de los bosques, la muerte de los animales silvestres y la contaminación de las aguas; la biodiversidad, en fin.
En el campo paraguayo, como en toda la región del Cono Sur de nuestro continente, los casos de muertes por intoxicaciones con agrotóxicos, malformaciones y aborto por exposición o inhalación, suman cada día su nueva víctima, ya escapando del drama particular para convertirse en un problema social. Basta con recorrer las comunidades rodeadas de cultivos de soja en los departamentos de Itapúa, Alto Paraná o Canindeyú, para entender por qué proliferan los enfermos de cáncer, por qué tantas mujeres paren niños deformes o por qué otras tantas abortan y no necesariamente por un acto de voluntad. Sólo es abrir los ojos y entender la relación de estos hechos con la realidad de los transgénicos; pero por si acaso esto a Federico Franco no le bastase, puede bien remitirse a estudios científicos que demuestran la peligrosidad de los productos que, Monsanto a la cabeza, se generan en el mundo.
El mandatario del golpe desafió al obispo a que le presentara pruebas ciertas sobre los peligros transgénicos. Él sabrá qué intereses tan grandes lo mueven hasta el punto de animarse con tanta temeridad a semejante reto. Él sabrá cómo lidiar con su conciencia el día de mañana, cuando ya no haya tierra fértil para sus nietos, ya no haya cauces ni bosques ni nada de vida en las entrañas de su patria. Él sabrá hacerse hoy del sordo y del ciego, pero la historia no olvidará el nombre de quien, en la memoria colectiva, pasará a ser “el presidente transgénico”. Conamuri, “Defendiendo la vida contra las políticas de Muerte, Paraguay, 7 de septiembre, 2012.