Regiones Especiales de Desarrollo
Ciudades privadas, gastos públicos
Parece haber una nueva tendencia que recorre Centroamérica, con ganas de convertirse en piloto para intervenciones más brutales en materia de administración, gestión y control de los servicios, la seguridad y el manejo gubernamental amplio en territorios controlados, por parte de empresas privadas. Ni más ni menos que la privatización expresa del gobierno. Es decir, que en vez de congresos y elecciones, de órdenes de gobierno, las empresas privadas manejarán todo como empresas prestadoras de servicios que no les responden a nadie salvo a sus accionistas y a sus cómplices en los gobiernos centrales.
El primer rumor de lo que podría ocurrir provino de Costa Rica, donde una empresa privada prestadora de servicios está en posesión de los sistemas de agua, electricidad, alcantarillo y seguridad pública de uno de los cantones aledaños a San José.
Sin embargo, la idea prefigurada por las ciudades Modelo o como pomposamente les llaman Regiones Especiales de desarrollo en Honduras, profundiza al extremo esta tendencia. Según la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), “A partir del golpe de Estado del 2009, el Congreso Nacional comenzó a emitir una serie de leyes de corte neoliberal, entre ellas la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED) o Ciudades Modelo, la cual permite ceder parte del territorio nacional a inversionistas extranjeros, con el pretexto de crear fuentes de trabajo y reducir la pobreza crónica que abate a Honduras. No obstante las aparentes ‘buenas intenciones’, las RED se perfilan como una nueva forma de colonialismo en el siglo XXI, donde los países pobres se ven obligados a ceder franjas de territorio a inversionistas extranjeros, para la creación de Estados cuasi independientes que funcionaran con sus propias leyes y sistema de seguridad, su sistema tributario, su política de inmigración y su policía.
Según la BBC Mundo, los críticos de las Ciudades Modelo “hablan de nada menos que de privatización del suelo hondureño: las Ciudades Modelos serán construidas por inversionistas privados y manejadas de manera autónoma. Sus defensores desmienten esta versión”. Como afirma el presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, “El Estado de Honduras seguirá ejerciendo su derecho a la soberanía en materia de defensa y relaciones exteriores sobre las ciudades modelos, así que no es una venta del territorio”.
Parece bien, pero lo terrible es que fuera de estos pocos rubros Honduras ya casi no tendrá jurisdicción sobre las RED. Salvo los temas electorales y emisión de documentos de identidad y pasaporte, en lo restante serán como un país dentro de otro.
Dice la BBC: “El estatuto y las leyes que la regirán, así como los convenios que firmen, deberán ser refrendados por el gobierno de Honduras. Es lo que consta en la reforma Constitucional de 2011, que fue necesaria para allanar el camino al polémico proyecto. Pero una vez establecido este marco legal, la ciudad quedará a sus anchas para gobernarse, administrarse, firmar tratados, establecer su propia política monetaria, crear órganos de aplicación de la ley (como tribunales y policía), hacer su presupuesto y hasta ‘contratar sus propias deudas internas o externas”, siempre que no involucren al Estado hondureño.
“La ciudad no tendrá que transferir recursos a Tegucigalpa como no sea para ‘financiar becas de estudio o en caso de catástrofes nacionales’, según indicó la prensa local”.
Para la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), el proyecto enmascara la intención de entregar “100 kilómetros cuadrados del territorio nacional al capital financiero internacional”, para permitir todo tipo de ilegalidades, como el lavado de dinero.
Estamos entonces ante uno de esos nuevos monstruos fabricados para acaparar territorio, contratos, y sobre todo poder real de gestión que, aunque circunscrita a localidades, socava la soberanía nacional, privatiza la planeación y la concreción de políticas públicas desmoronando de golpe todo asiento real de una democracia formal. A qué instancia o a quién dentro de dicha instancia apelar. Estaremos en manos de las empresas que gobernarán con una dictadura más brutal por ser sorda y ciega.
Frenemos la privatización de los gobiernos a cualquier nivel.
Biodiversidad
Ratas, cáncer y políticas transgénicas
Silvia Ribeiro, La Jornada 22 de septiembre. Nuevas evidencias científicas de investigadores en Francia muestran que el maíz transgénico produce cáncer en ratas, mientras que el glifosato, el herbicida más usado en los transgénicos, es causante de deformaciones en fetos humanos.
Aunque informes sobre el glifosato y estudios anteriores sobre transgénicos mostraban evidencias de problemas serios a la salud y al ambiente, el gobierno mexicano autorizó en 2012 más de mil 800 hectáreas de plantaciones a campo abierto de maíz manipulado genéticamente, la mayoría con el mismo gen de Monsanto (603) que provocó cáncer en ratas en los experimentos franceses.
En el estudio realizado por Criigen (Comité de investigación y de información independiente sobre genética, por sus siglas en francés), de la Universidad de Caen, Francia, se alimentó durante dos años a 200 ratas, dividas en 10 grupos, con diferentes raciones. Unas con maíz transgénico NK603, resistente a glifosato pero sin aplicarlo, otras con el mismo maíz transgénico con glifosato, y otras con glifosato disuelto en el agua que bebieron, además de un grupo de control que no recibió ninguno de los elementos anteriores. Las ratas alimentadas con maíz transgénico murieron prematuramente y tuvieron una frecuencia de tumores de 60-70% contra 20-30% en el grupo de control.
Gilles Eric Seralini, director de Criigen, señaló que es un estudio único en el mundo, porque todas las pruebas emprendidas por las empresas no superan los tres meses, mientras que este experimento abarcó todo el periodo de vida esperado de las ratas. Un elemento significativo es que la mayoría de los problemas aparecieron a partir del cuarto mes, por lo que Seralini afirma que el tiempo elegido para otros experimentos fue intencionalmente corto para evitar la mayoría de los síntomas.
Varios científicos que funcionan como cobertura de la industria de los transgénicos —vinculados o financiados directa o indirectamente por ésta— atacan los estudios del Criigen, señalando supuestas inconsistencias, como que también el grupo de control desarrolló tumores. Pero esto es lógico, porque se usaron ratas que tienen tendencia a expresar tumores y nunca se permite que vivan tanto tiempo. El dato significativo es la enorme diferencia de porcentajes. Además de tumores, los grupos de ratas expuestas a transgénicos y glifosato presentaron problemas serios renales y en el hígado.
Frente a los resultados, el gobierno francés decidió abrir un periodo de verificación. De confirmarse su toxicidad podrían definir que se prohibiera cualquier importación y su uso incluso como forraje. Plantar maíz transgénico no está permitido en ese país, justamente por estudios anteriores sobre la posible toxicidad e impactos ambientales del maíz NK603 y Mon810 de Monsanto. En lugar del apuro con que algunos biotecnólogos —incluso en México— tratan de defenestrar los experimentos, la actitud coherente y responsable es verificar este estudio y realizar otros, pues los transgénicos que están en el mercado se aprobaron basados casi al 100% en datos entregados por las propias empresas que los venden.
Siendo México centro de origen del maíz y el país con mayor consumo humano de maíz en el mundo, lo lógico sería que primara un estricto principio de precaución, por los riesgos a la salud humana, por los impactos sobre la biodiversidad y los múltiples significados que el maíz tiene en México para su población.
Pese a que la comisión de bioseguridad en México (Cibiogem) ha recibido numerosos, extensos y sólidos argumentos científicos y técnicos para no permitir la siembra —ni experimental, ni piloto y mucho menos comercial— de maíz transgénico, los ha ignorado todos intencionalmente, colocando en riesgo los intereses de la población para favorecer en exclusiva los de Monsanto, la transnacional que controla más de 85% de las semillas transgénicas en el mundo.
El acuerdo para asegurarle a Monsanto sus intereses contra la población de México y contra su principal patrimonio genético alimentario, lo aseguró Bruno Ferrari, actual secretario de Economía, pero antes funcionario de Monsanto. En 2009, Ferrari, entonces director de ProMéxico, concertó una reunión entre Felipe Calderón y el director ejecutivo de Monsanto, en el Foro Económico Mundial de Davos. Volviendo de esa reunión, el gobierno anunció que rompería la moratoria existente desde 1999 contra el maíz transgénico, aunque ninguna de las razones que los expertos expusieron para fundamentar y decretar la moratoria hubiesen cambiado. Al contrario, con el paso de los años, empeoraron las condicionantes de riesgo que fundamentaron la moratoria contra la siembra de maíz transgénico en 1999.
Hay 10 mil años de trabajo campesino y décadas de investigación agrícola pública en semillas no transgénicas que enorgullecen y bastan para cubrir las necesidades de toda la población en México. Permitir la liberación de transgénicos en el país es un acto de extrema irresponsabilidad y un crimen histórico.
Paraguay: Sobre ABC Color y su campaña sucia contra el IALA Guaraní
Minga Informativa de Movimientos Sociales Asunción, 30 de agosto de 2012. La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y La Vía Campesina de Paraguay, conformadas por las siguientes organizaciones: la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri), el Movimiento Agrario y Popular (MAP), la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) y la Organización Nacional de Aborígenes Independientes (ONAI); se dirigen a la opinión pública nacional e internacional, ante los nuevos ataques que el diario ABC Color infunde en una campaña de desprestigio contra el Instituto Agroecológico Latinoamericano (IALA Guaraní), en notas firmadas por el periodista Jorge Torres Romero, para aclarar cuanto sigue:
El IALA Guaraní, cuyo asiento se encuentra en la comunidad Santa Catalina, distrito de Curuguaty, forma parte de una red de institutos superiores de educación formal, impulsada por la CLOC y La Vía Campesina Sudamérica; es un proyecto de formación de jóvenes rurales que tiene su origen en el Acuerdo de Tapes, donde gobiernos y movimientos campesinos se comprometieron a actuar en el área de educación superior, posibilitando a los campesinos y a las campesinas el acceso a ese grado de enseñanza, en vista de que, en la mayoría de nuestros países, éstos se encuentran excluidos de ese nivel educacional.
El Acuerdo de Tapes fue firmado en el año 2005, en el marco del V Foro Social Mundial, que se realizó en Porto Alegre (Brasil). La primera experiencia fue inaugurada en agosto de 2005, con la creación de la Escuela Latinoamericana de Agroecología (ELAA), en Brasil. Al año siguiente se creó el IALA Paulo Freire, en Venezuela. A partir de 2011 comenzó el proceso de construcción simultánea del IALA Guaraní, en Paraguay, y del IALA Amazónico, en el estado de Pará, Brasil.
Algunos objetivos de la Red IALA son: formar técnicos de nivel superior que tengan la capacidad de organizar bancos de semillas en sus comunidades; desarrollar y aplicar nuevas tecnologías agrícolas que respeten el medio ambiente sin uso de agrotóxicos ni abonos químicos solubles; organizar y orientar a los campesinos y campesinas para ser multiplicadores de semillas en sus regiones; desarrollar la organización de la producción, de la cooperación y acciones de preservación y conservación ambiental en las diversas organizaciones campesinas de América Latina, en el marco de la agroecología, entre otros.
Atendiendo la necesidad concreta de encontrar respaldo financiero para dar inicio a la construcción del IALA Guaraní, la CLOC/Vía Campesina Paraguay se ha propuesto la consecución de los recursos para concretar el proyecto. La Itaipú Binacional fue sólo una de las entidades que recibió el proyecto de la creación y mantenimiento del instituto y, habiendo realizado todos los trámites de rigor, aprobó, mediante un convenio firmado por los directores paraguayo y brasileño, la financiación de las actividades por el término de un año, siendo los rubros garantizados: alimentación, honorarios profesionales, compra de equipamientos y el traslado.
Como se puede apreciar, el convenio firmado con la Itaipú Binacional no contempla la inversión en infraestructura, tal como afirma irresponsablemente en su serie de notas periodísticas el señor Jorge Torres Romero, con el afán tendencioso de contrastar las fotografías del local del Instituto, todavía en precarias condiciones materiales, con el monto desembolsado por la binacional.
Referente a la legalización de la Carrera de Ingeniería en Agroecología, existe un convenio marco de cooperación firmado por la Fundación IALA Guaraní y la Universidad Nacional de Pilar (UNP), cuyo alcance se limita a respaldar los trámites burocráticos para la creación de la Carrera en sí.
El proceso de legitimación del Instituto y del Curso exige ciertos requisitos desde el punto de vista de la infraestructura y de lo académico; no es algo que se pueda obtener de un día para otro, sino que sigue un curso coherente de formación y elaboración de documentos que deben necesariamente pasar por varias instancias y departamentos oficiales del Estado, donde no siempre están dispuestos a contribuir cuando el público receptor es la comunidad campesina.
El periodista de ABC Color ensaya burdamente una vinculación entre los hechos registrados el 15 de junio pasado, conocidos como la masacre de Curuguaty, y la existencia del IALA Guaraní atendiendo a una coincidencia geográfica, todo con el objetivo de confundir a la opinión pública; pretende, así, que pese una reputación negativa sobre los y las estudiantes del Instituto, quienes se están formando para ser profesionales comprometidos con su comunidad y trabajar en defensa de los bienes naturales, la soberanía alimentaria y la agricultura libre del uso de agrotóxicos que tanto dañan a la Madre Tierra.
Por el respeto que merecen los educandos y las educandas, debemos aclarar enfáticamente que no corresponde a la verdad la arbitraria afirmación de que en la nómica de estudiantes existan menores de edad o personas cuyo números de documentos correspondan a fallecidos. Son especulaciones vagas de una persona que no se ha tomado la mínima molestia de practicar un ejercicio mental de inferencia y cuyos conocimientos sobre su objeto de investigación son, por demás, extremadamente limitados, al punto de especular, conjeturar y hacer deducciones groseras que atentan contra el buen nombre de las personas.
Entendemos que este medio de prensa, vocero del ala más conservadora de nuestra sociedad y representante de la oligarquía reaccionaria, promueve la persecución política contra las personas y grupos que optan por un pensamiento diferente. No es la primera vez que ataca el proyecto del IALA Guaraní ni lo etiqueta bajo la acusación de fomentar “adiestramiento de guerrilla”, injuria que en su momento nos hemos encargado de desmentir sin la necesidad de recurrir a estrados judiciales.
Estamos convencidos de que lucharemos por este proyecto educativo ya que el acceso a la educación es un derecho garantizado en la Constitución Nacional. Instamos a toda la ciudadanía a defender esta iniciativa de formación; nos mueve la certeza de que los verdaderos cambios sociales y estructurales sólo serán posibles de alcanzar en la medida en que fomentemos una educación inclusiva, participativa y democrática, que promueva nuevos valores.
En ese sentido, instamos a todas las organizaciones sociales, estudiantiles y populares a defender la educación como un derecho de todos y todas y, especialmente, que la capacitación de nuevos técnicos, varones y mujeres cuyo trabajo se desarrolla en las comunidades, alcance a jóvenes activos provenientes de los sectores campesinos e indígenas que tengan asegurado todo lo necesario para su aprendizaje.
Invitamos al diario ABC Color a informarse de manera más veraz y a tener presente que los movimientos campesinos lucharemos por la formación del pueblo, sin que este tipo de medidas de amedrentamiento logren hacernos flaquear en nuestras luchas.
Exhortamos a la ciudadanía a prestar atención a las publicaciones de este medio que ha sido cómplice del golpe de Estado Parlamentario en nuestro país y que ha manifestado en reiteradas oportunidades su abierta posición a favor de la clase dominante y en contra de las luchas populares.
¡Por la tierra y la soberanía de nuestros pueblos! ¡América lucha!
¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la esperanza!
¡ABC miente! ¡ABC ijapu!
Las comunidades ecuatorianas
ganan dos batallas contra el extractivismo
Dos fallos atinados
Ojarasca, septiembre, 2012. La Corte Interamericana para los Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, falló a finales de julio en el caso interpuesto por el pueblo quichua de Sarayaku. La sentencia de Sarayaku es un parteaguas en las luchas indígenas contra el extractivismo y a favor de su autonomía territorial. puesto que el Estado ecuatoriano afirmó que cumpliría la sentencia.
El fallo de última instancia condena al Estado ecuatoriano a pagar 1 millón 390 mil dólares al pueblo de Sarayaku. En 1996, se le addjudicó a la Compañía General de Combustibles CGC, argentina, una vasta extensión de tierras de dominio ancestral, ubicadas en el norte de la provincia de Pastaza. Sarayaku demandó en instancias internacionales y obtuvo el fallo a su favor. Pero en mayo del 2009, durante el régimen de Rafael Correa, se autorizó el reinicio de la actividad exploratoria, cuestión que es echada abajo con este nuevo fallo de la Corte Interamericana.
Así es la lucha de resistencia del pueblo de Sarayaku, que ha tenido la lucidez de fortalecer su autonomía en los hechos, sus estructuras comunitarias, su soberanía alimentaria y su autogobierno al mismo tiempo que impulsaba el litigio internacional. Dijo José Gualinga presidente de Sarayaku en un comunicado: “Esta sentencia es el resultado de casi una década de litigio internacional y marca un precedente histórico en la vida de los pueblos y nacionalidades a nivel global, constantemente amenazados por políticas extractivistas a nombre del llamado desarrollo del ‘primer mundo’ y que nada tiene que ver con la cosmovisión de los pueblos, auto proclamados defensores de la selva”.
Para Gualinga es especialmente importante que la Corte haya destacado “las características específicas de su ‘selva viviente’ (Kawsak Sacha) y la relación íntima entre ésta y sus miembros, que no se limita a asegurar su subsistencia, sino que integra su propia cosmovisión e identidad cultural y espiritual”. Es la victoria de un modo de vida no capitalista, en conexión con la Pacha frente a la lógica del “crecimiento económico” y al concepto de “desarrollo” que se impone desde gobiernos e instituciones financieras internacionales.
En paralelo, la corte de justicia de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos dispuso el 3 de agosto que en el plazo de 24 horas la petrolera Chevron pagara los 19 mil millones de dólares a la que fue condenada en un juicio ambiental. La disposición está contenida en un fallo que emitió el 3 de agosto, en la que dio a la petrolera la alternativa de pagar con bienes dentro del mismo plazo. La medida fue emitida tras ventilar diligencias solicitadas por las partes entre ellas una apelación de la defensa de Chevron que fue negada por “improcedente” porque la sentencia está en ejecución. Chevron fue condenada por la justicia de Sucumbíos al pago de 19 mil millones de dólares, en una demanda de comunidades de la amazonia ecuatoriana, que acusaron a su filial Texaco de haber contaminado la zona donde operó en la segunda mitad del siglo pasado. Los demandantes han adelantado algunas diligencias ante la justicia de Canadá y Brasil, donde Chevron tiene activos, para lograr el pago de la condena.
No es la primera vez que una corte ecuatoriana falla en contra de la compañía. En febrero de 2011 una corte ordenó Chevron pagar más de 8 mil millones de dólares por daños ambientales en la Amazonía. La compañía calificó de “ilegítimo e inaplicable”, y anunció que lo apelaría en Ecuador, tras más de 17 años de litigios, primero en Estados Unidos y posteriormente en una corte ecuatoriana. Y lo inquietante es que en 2011 una Corte permanente de peritaje en La Haya prohibió la aplicación de cualquier sentencia que emitiera el tribunal ecuatoriano contra Chevron.
¿Qué ocurrirá ahora cuando de nueva cuenta hay un fallo tan contundente contra la petrolera?
Las comunidades y la sociedad civil ecuatoriana e internacional siguen pendientes.
El 60% de la producción agrícola de América Latina
procede de agricultura familiar
La agricultura familiar puede llegar a representar más del 80% de las explotaciones agrícolas en América Latina y el Caribe, más del 60% del total de la producción alimentaria y de la superficie agropecuaria, y sobre el 70% del empleo agrícola, señala el primer Boletín de Agricultura Familiar de la FAO. Esta publicación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, difundirá y compartirá experiencias y prácticas exitosas, entregando información actualizada sobre el estado y desarrollo de la agricultura familiar en la región. “Además de su importancia como proveedor de alimentos para las ciudades, generador de empleo agrícola y fuente de ingresos para los más pobres, la agricultura familiar contribuye al desarrollo equilibrado de los territorios y de las comunidades rurales”, señaló el Representante Regional de la FAO, Raúl Benítez, en la editorial del primer boletín.
Brasil se destaca por ser uno de los países en América Latina y el Caribe que más ha apoyado a la agricultura familiar. Según el Censo Agropecuario 2006, en Brasil existen más de 4 millones de establecimientos dedicados a la producción agrícola familiar, la cual provee entre el 16% y el 87% del consumo de alimentos en el país. Los establecimientos agrícolas familiares representan el 84% de los explotaciones agrícolas del país, ocupando un área total de 80 millones 250 mil hectáreas, 24% del área total destinada a la agricultura. Además, este sector aporta 38% del valor bruto de la producción agrícola total: 54 millones de reales en 2006. Así, en el caso de Brasil la agricultura familiar emplea al 74.4% de la mano de obra disponible para la agricultura, dato que revela la importancia de este sector en la creación de empleo. Los establecimientos agrícolas familiares utilizan en promedio 15.3 personas por cada 100 hectáreas, mientras que en los establecimientos agrícolas no familiares emplean a 1.7 personas cada 100 hectáreas.
El nivel actual de producción de trigo en Ecuador es insuficiente para cubrir su demanda interna. Dicho consumo es abastecido en un 98% por trigo importado de Canadá, Estados Unidos y Argentina, lo que representa para Ecuador un gasto aproximado de 145 millones de dólares. Para enfrentar este problema, el Gobierno de Ecuador —con el apoyo de la FAO— implementó una estrategia en Chimborazo, para reactivar este cultivo, con 220 productores familiares involucrados directamente y mil pequeños productores, indirectamente, la cual generó mayores rendimientos del cultivo, mejor precio de comercialización y capacidades fortalecidas de comercialización, negociación y organización. “Gracias a esta iniciativa, se ha podido recuperar una actividad tradicional y cultural en la zona triguera, fomentando el cultivo con un enfoque de cadena agro-productiva y de construcción de capacidades y de organización”, explicó Salomón Salcedo, Oficial Principal de Políticas, y Coordinador del Grupo Prioritario de Agricultura Familiar que la FAO creó para atender esta área prioritaria en la región.
http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=85871
Valoración que hacen organizaciones campesinas africanas y grupos
de la sociedad civil del papel de la Alianza por una Revolución Verde en África (AGRA)
Las organizaciones firmantes respaldamos y representamos los intereses de los campesinos cultivadores y ganaderos en pequeña escala de Etiopía, Kenya, Mozambique, Sudáfrica, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabwe, y estamos preocupados por la conservación de la biodiversidad agrícola para la seguridad de nuestras formas de vida y nuestra soberanía alimentaria, promoviendo la autodeterminación campesina y el involucramiento de la gente en el proceso de toma de decisiones.
Muchos de nosotros nos reunimos en Uganda entre el 20 y el 22 de septiembre a discutir la propiedad intelectual, la seguridad alimentaria y los derechos de los agricultores. Concluimos que muchas iniciativas filantrópicas y corporativas en la región están promoviendo los intereses de las grandes empresas mediante la armonización de las leyes de semillas y el uso de la propiedad intelectual. Quieren establecer el control de las corporaciones sobre las semillas, algo que por siglos han criado, utilizado e intercambiado libremente los campesinos africanos. La aproximación propuesta por estas iniciativas amenaza los intereses de las comunidades campesinas por toda África, y socava la biodiversidad agrícola y la soberanía alimentaria. En particular, la reunión expresó graves preocupaciones en torno a AGRA —la Alianza por una Revolución Verde en África.
Nos preocupa que AGRA esté imponiendo a los campesinos un sistema agroindustrial de semillas y agroquímicos controlada por las empresas, apropiándose de las variedades de semillas indígenas, debilitando así la compleja y rica biodiversidad africana, lo que socava la soberanía alimentaria y semillera de las comunidades cultivadoras, que son la mayoría de nuestra población.
Las mujeres son las principales custodias y criadoras de las semillas en África. Las mujeres producen el 70% de la comida de África y proveen 70% de la mano de obra agrícola. Las mujeres son las principales custodias de la rica biodiversidad agrícola africana y manejan complejos sistemas de producción agrícola que proporciona las dietas balanceadas que sus familias y niños necesitan.
AGRA intenta desarrollar 100 nuevas variedades de cultivos alimenticios fundamentales como el maíz, la cassava [la yuca], el sorgo y el mijo, haciendo uso de material genético del dominio público, y desarrollado con saberes tradicionales indígenas. ¿Pero quién será dueño de la propiedad intelectual o los derechos de obtentor de estas nuevas variedades de semilla? Estamos preocupados porque como resultado de los programas semilleros de AGRA, la rica fuente de variedades de semillas nativas africanas se vuelva propiedad de las corporaciones semilleras, lo que desplazará a los campesinos y reducirá su acceso a las variedades nativas, encerrándolos en un sistema agrícola de insumos muy costosos.
Urgimos entonces a los gobiernos africanos y a las organizaciones campesinas a reconsiderar esta aproximación y a explorar el impacto de los cambios en políticas públicas que entraña. Tenemos que indagar los efectos de estas políticas en nuestros sistemas agrícolas locales, en los derechos de los agricultores y en la soberanía alimentaria. Consideramos que respaldar la apropiación de las semillas mediante la propiedad intelectual no sólo facilita la biopiratería de los recursos genéticos sino que socava los derechos de los agricultores y amenaza la biodiversidad agrícola y la soberanía alimentaria en África.
Nuestra reunión concluyó también que los marcos de trabajo regionales o nacionales que asumen o imponen obligaciones semejantes a UPOV 91, no son adecuados para los sistemas agrícolas africanos y socavan nuestros derechos como campesinos, y la soberanía alimentaria de la región. El énfasis que pone AGRA en la motivación por las ganancias como fuerza motriz del desarrollo económico —junto con su orientación de largo plazo surgida de las tecnologías de la Revolución Verde basadas en biotecnología, fertilizantes sintéticos y comercialización movida por la deuda— terminará entrando en colisión con los enfoques agroecológicos propuestos por la Evaluación Internacional del papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD, por sus siglas en inglés), patrocinado por el Banco Mundial y la ONU, y que respaldan los movimientos de soberanía basada en los campesinos. El estudio elaborado por 400 científicos de 60 países encontró que la agricultura industrial no es la solución para el hambre y la pobreza. Creemos que AGRA instigará una nueva cadena de agronegocios rurales como conducto para los insumos agrícolas que promueve e indoctrinará a una nueva camada de científicos para que transfieran los recursos genéticos africanos a manos privadas.
Tenemos el temor de que los cambios en políticas públicas que propone AGRA tengan por resultado la privatización de la tierra, el agua, las semillas y los sistemas de saberes, y provoquen una dependencia del crédito y los subsidios, lo que debilitará la ductibilidad del campesinado y su soberanía alimentaria.
Hacemos un llamado a AGRA a que muestre más respeto y entendimiento de los complejos sistemas agrícolas de seguridad alimentaria y recapacite sobre su modelo de desarrollo y políticas públicas agrícolas de “talla única que ajusta a todas las tallas”, y a que sitúe los puntos de vista de los campesinos africanos por encima de los intereses de las corporaciones agroindustriales.
ActionAid, Tanzania. ActionAid, Uganda. Advocates Coalition for Development and Environment, Uganda. African Biodiversity Network —que representa a 36 organizaciones africanas. African Centre for Biosafety, Sudáfrica. Centre for Health, Human Rights and Development, Uganda. Community Technology Development Trust, Zimbabwe. Eastern & Southern Africa Farmer’s Forum, Tanzania. Eastern & Southern Africa Farmer’s Forum, Uganda. Eastern & Southern Africa Farmer’s Forum, Zambia. Envirocare, Tanzania. Ethio-Organic Seed Action, Etiopía. Food Rights Alliance, Uganda. Inades Formation, Kenya. Kenya Biodiversity Coalition —que representa 67 grupos de la sociedad civil. National Organic Agricultural Movement of Uganda. Participatory Ecological Land Use Management —que representa a 230 grupos de la sociedad civil incluyendo a PELUM Kenya, PELUM Rwanda, PELUM Tanzania y PELUM Uganda. Southern and Eastern African Trade, Information and Negotiations Institute, Uganda. Surplus People Project, South Africa. Tanzania Alliance for Biodiversity, Tanzania que representa a 15 organizaciones. The Pincer Group International Ltd, Uganda. Third World Network. Unilo Nacional de Camponeses (National Farmers Union), Mozambique. Volunteer Efforts for Development Concerns, Uganda.