El relator especial de la ONU para la Alimentación propone moratoria
contra los transgénicos en México
Biodiversidad, México DF, junio. A mediados de junio, un conjunto de comunidades indígenas, organizaciones campesinas y de la sociedad civil se reunieron en las oficinas de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), de Naciones Unidas, en México, con el Relator Especial para la Alimentación, Olivier de Schutter y su equipo.
Los grupos presentes le insistieron al Relator en las muchas causas relacionadas con la crisis alimentaria que se vive en México, y dieron testimonio de concretos de dicha crisis.
En la reunión estuvieron presentes la Red en Defensa del Maíz, la Asamblea de Afectados Ambientales, el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), el Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular (Casifop), el Centro Nacional de Misiones Indígenas (Cenami), El Colectivo Salto de Vida, la Coordinadora de Pueblos Unidos en Defensa del Agua, el Colectivo Flor y Canto, La Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, algunas autoridades del municipio autónomo de San Juan Copala (famoso por sus esfuerzos por sobrevivir al cerco tendido por grupos paramilitares que tienen aislada la comunidad desde hace más de un año y medio y que han asesinado a los habitantes y a personas que han querido romper el cerco mediante caravanas). También asistió una representación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), del estado de Guerrero, que están sufriendo la amenaza de proyectos mineros a cielo abierto, el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental, y la Organización de Agricultores Biológicos de Oaxaca, el Grupo ETC y GRAIN. Cada una de estas instancias intervino siete minutos, de un modo sistemático y ordenado que arrojó un diagnóstico muy acabado de las múltiples condiciones que dificultan u obstaculizan una seguridad alimentaria, un “derecho a la alimentación”, por no hablar de algo más complejo como la soberanía alimentaria.
La causa principal señalada por todos fue el Estado mismo, coludido con las corporaciones, los megaproyectos que invaden y acaparan sus tierras de cultivo y sus territorios, que privatizan el agua y construyen presas e hidroeléctricas, que perforan pozos petroleros, que hacen minería a cielo abierto, que contaminan los ríos con sus industrias y sus monocultivos adosados con agrotóxicos, Todo esto afecta profundamente la producción de alimentos, en particular si ésta es independiente.
De un modo muy fuerte, se enfatizó que siendo México la cuna del maíz, su centro de origen, era y es crucial prohibir todos los transgénicos, no sólo por los mexicanos sino en bien de toda la humanidad.
De Schutter se fue sorprendiendo conforme las piezas del rompecabezas cayeron en su lugar, y comenzó a hacer ciertas preguntas, una de ellas con respecto al derecho a la consulta, algo que le habían dicho que estaba recién aprobado como ley en el país, y que le habían dicho que beneficaría en mucho a los pueblos indígenas de México. Otra pregunta de De Schutter fue si el gobierno estaba cumpliendo con las recomendaciones de la OIT. Alguien del público le contestó que la famosa ley de consulta era una mera fachada en tanto que ni siquiera había sido consultada ni en los términos ni con la metodología de operación planteadas por dicha ley, y que, pese a las recomendaciones de la OIT, en México los pueblos indios ni siquiera estaban reconocidos en la Constitución, porque sólo les reconocían ser “sujetos de interés público” (es decir se les concedía la posibilidad de recibir asistencia). No eran reconocidos “sujetos de derecho público”.
El Relator habló un poco de las enormes posibilidades de la agroecología en el escenario del cambio climático, alabó con vehemencia el sistema de custodia e intercambio de semillas nativas, la variedad e incluso los rendimientos que la agricultura tradicional puede lograr sin plaguicidas ni fertilizantes químicos.
El Relator llegó a preguntarse si sería necesario reforzar este modo ancestral en lugar de los caminos de la biotecnología.
Días más tarde, en conferencia de prensa y en su informe final, recomendó a México “decretar una moratoria en el uso de transgénicos y promover el uso de semillas de variedades de maíz desarrolladas en el país”.
Esto contrasta con su visita anterior (hace un año y medio), en la cual dijo que podría ser posible una coexistencia entre los sistemas de semillas y alimentación ancestrales y los modernos avances de la biotecnología, toda vez que cubrían diferentes ámbitos de producción y servicio.
Es verdad que en su informe final de esta visita, alabó el “derecho a la alimentación”, los programas como Oportunidades —un programa de apoyos en efectivo, condicionales a colaborar con la educación de los hijos, visitas ginecológicas de planeación familiar y otros—, pero insistió, sorpresivamente, en que el 40 por ciento de Progresa, un programa de apoyos al campo, se los llevaba el 10 por ciento de los agricultores más ricos de la población.
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Balance de la RALLT al 21 de junio, 2011
El 21 de junio fue declarado como el día por una América Latina libre de transgénicos, para recordar al inicio del Inti Raymi andino, que es cuando se inicia la temporada de siembra.
Lo celebramos con sentimientos mezclados. Por un lado tenemos la declaratoria de una moratoria por 10 años a la liberación de transgénicos en Perú, que fue un logro de las organizaciones sociales peruanas.
Por otro está la posible aprobación de una ley en Bolivia que legalizaría los cultivos transgénicos, país donde se lanzó a nivel internacional los derechos de la naturaleza. La ley de Bolivia además estaría limitando el libre flujo de semillas, pues sólo podrán circular las semillas certificadas, y a través de medidas sanitarias, se limitaría también la crianza tradicional de animales. Esta ley puede tener serios impactos en la biodiversidad boliviana, una de las más ricas del mundo.
Este año recordamos además con preocupación la liberación hecha en Brasil de mosquitos transgénicos para el control del dengue, y la aprobación de nuevas variedades de semillas transgénicas en ese país que incluyen variedades resistentes a herbicidas más fuertes como el Dicamba, lo que significará mayor uso de plaguicidas y mayores impactos en la salud y el ambiente (hasta el momento hay más de 20 diferentes tipos de transgénicos aprobados en Brasil).
Tenemos además la adopción de un nuevo tipo de soya transgénica en Argentina a través de la cual se consolida el poder de Monsanto en ese país; la aprobación de la soya transgénica en Colombia y la adhesión de Chile al Tratado UPOV 91.
Tenemos frente a nosotr@s un largo camino, pero no por ello desistiremos. La conciencia sobre los peligros que producen los transgénicos sigue aumentando, por eso en Argentina las poblaciones se han organizado en torno a la problemática de las fumigaciones asociadas a los cultivos de soya con resistencia a glifosato, los médicos han formado sus redes propias para enfrentar esta problemática, los consumidores de la región están teniendo más conciencia sobre el peligro de los alimentos genéticamente modificados.
No nos queda sino seguir trabajando porque algún día volvamos a tener una América Latina Libre de Transgénicos. el ejemplo de lo que pasó en Perú debe ser nuestra inspiración.
Coordinación de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos
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Costa Rica
Talamanca Libre de Transgénicos
Henry Picado Cerdas, Talamanca, Costa Rica. El 10 de junio el Programa Kioscos Ambientales de la Vice-rectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica facilitó un intercambio de información sobre transgénicos en las comunidades de Talamanca, cuyo Consejo Municipal declaró en 2008 una moratoria como “Cantón Ecológico y Libre de Transgénicos”, que se suma a otras siete declaratorias en el país.
Se contó con la participación de docentes de escuelas del circuito de Sixaola que trabajan Educación Ambiental, junto con la Escuela de Salud Ambiental de la Universidad de Costa Rica. Asistieron campesinas y campesinos del valle del Río Sixaola con experiencia en agricultura ecológica. Uno de los proyectos es la Finca Loroco localizada en Volio, a 2 kilómetros del centro de la comunidad de Bribrí Talamanca. Este proyecto familiar contribuye a la construcción de soberanía alimentaria, ya que es un modelo de finca integrada con más de 30 cultivos diferentes en tan sólo 2 hectáreas; demostrando de esta manera que la agricultura campesina es una respuesta efectiva a la crisis alimentaria actual.
La Finca cuenta de un banco de semillas criollas para la producción local, del cual se abastecen muchos productores y productoras de la zona. Este banco nace de la preocupación por el desabasto de semillas de calidad en la región atlántica donde los monocultivos de plátano y banano son las actividades económicas más expandidas. La Finca Loroco es entonces en un oasis de agrobiodiversidad frente a la homogenidad que generan los monocultivos, causantes de múltiples impactos negativos en la economía de la mayoría de parceleros de la zona y serias contaminaciones con agroquímicos.
Para don Gonzalo Moreno, director del proyecto de la Finca Loroco, los transgénicos representan una grave amenaza para la producción de alimentos sanos. Además, la liberación de plantas genéticamente modificadas pone en riesgo la semilla campesina. “La semilla debe ser libre para el intercambio y la producción agrícola. Las semillas transgénicas lesionan el derecho de campesinos y campesinas al libre intercambio. La agricultura orgánica campesina es incompatible con los OGM, esto debido a que la semilla campesina corre el riesgo de ser contaminada con genes modificados que no sólo ponen en riesgo la salud humana sino también están sujetos a mecanismos de propiedad intelectual nocivos para la agricultura orgánica”, apuntó el campesino.
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Colombia
Triunfo de la cadena láctea popular
en la sanidad alimentaria
Libardo Gómez Sánchez, Diario del Huila, Neiva, junio 6 de 2011. Rubén y Mónica, al igual que miles de jarreadores, están felices y tienen sobrados motivos para estarlo: el gobierno a través de los ministerios de Protección y Agricultura, dictó el decreto 1880 que reconoce como lícita y necesaria la venta de leche cruda en cantina y elimina la prohibición expresa en el decreto 616 del 2006.
Las consideraciones consignadas en la nueva norma, son algunas de las que la cadena láctea popular venía argumentando para controvertir la absurda medida: que más del cincuenta por ciento del consumo nacional lo atiende la venta informal, que su mercado lo constituyen especialmente los más pobres de Colombia, que es un comercio que forma parte de una costumbre muy arraigada en la población, que la leche es un alimento fundamental para la nutrición de la población, especialmente la infantil y se consume diariamente. Todas estas verdades finalmente fueron aceptadas por el gobierno y con ellas dispuso la reglamentación para comercializar leche cruda en establecimientos y de manera ambulante.
El decreto, presiona ahora a los ganaderos a registrar sus predios en el ICA y a garantizar que los mismos estén libres de Brucelosis y Tuberculosis, para lo cual deben vacunar sus hatos, darles un adecuado manejo y recibir una certificación.
La Cadena Láctea Popular siempre tuvo la razón, desde el momento en que se pretendió proscribir su actividad, pero sólo con la organización y la resistencia logró acumular la fuerza suficiente para persuadir al gobierno de cesar en su terrible propósito.
Sin embargo, los peligros para la Cadena Láctea Popular, que incluye a pequeños y medianos ganaderos, transportadores y comercializadores, procesadores y consumidores, no terminan aún. Continúan caminando los Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea y Mercosur, que representan un riesgo letal para la actividad en nuestro país, porque los excedentes lácteos de esas naciones, con las múltiples gabelas que reciben, terminarán tomándose nuestro mercado interno, copando la fuente de ingresos que garantiza la actividad de nuestros productores. Algunos despistados dirán que simplemente sustituiremos la cuajada por el queso gruyere, pero la realidad no es tan sencilla, de destruirse el hato nacional, no sólo desaparecerán numerosos puestos de trabajo, sino que nuestra seguridad alimentaria en lácteos y cárnicos quedará a merced de los comercializadores internacionales, especuladores de oficio. Un ejemplo para reflexionar está en Cuba, que en la época de sus acuerdos con la extinta URSS, a cambio de azúcar recibía el suministro de carne desde las estepas rusas, con lo que desatendió su ganadería perdiendo las especies criollas y marchitando los programas de pastos y forrajes; ahora es muy escasa la carne vacuna para consumir, salvo la que se importa a precios astronómicos.
El decreto preserva la comercialización de leche cruda, pero no resuelve las innumerables exigencias a los procesadores que trata por igual, ya sea que cuaje para el mercado de la vereda o el barrio o el que lo haga para mercados especializados o de exportación, de tal suerte que la tarea de la Cadena Láctea Popular aún no termina. Debe fortalecer la organización y la cohesión para que se adelanten programas de modernización con el apoyo de recursos estatales, concluir la revisión de la normatividad diferenciando las condiciones exigidas, según el mercado que se vaya a atender, siempre en el propósito de defender la producción nacional y hacerla evolucionar positivamente.
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Minería: espeluznante actualización
A empresas, 26% del territorio nacional
Para los consorcios, 51 millones de hectáreas
Carlos Fernández-Vega, México SA, La Jornada, 30 de junio 2011. La información actualizada sobre el saqueo minero en México resulta espeluznante: las hectáreas concesionadas por el gobierno federal para tal fin no suman 25 millones (cifra correcta al cierre del sexenio foxista), sino 51 millones, pues durante el calderonato (26 millones de hectáreas cedidas en cuatro años, hasta 2010) ese tipo de cortesías al capital privado se duplicó, de tal suerte que en las dos últimas administraciones, alrededor de 26 por ciento del territorio nacional fue entregado a consorcios mineros para su único beneficio.
Un dato revela la dimensión del paradisíaco negocio que el gobierno federal garantiza al capital privado, y el descarado atraco para la República: sólo en 2010, el calderonato concesionó más de 4 millones de hectáreas para su explotación minera, por las que el erario habría recibido (en el mejor de los casos, y utilizando un promedio tarifario) alrededor de 20 millones de dólares. En cambio, ese año los consorcios beneficiados (nacionales y foráneos) ingresaron a sus arcas poco más de 15 mil millones de billetes verdes (50 por ciento más que en 2009), una diferencia de 750 tantos a favor de los segundos. Lo bueno es que la Constitución establece que se trata de bienes bajo el dominio directo de la nación.
La información actualizada sobre el número de hectáreas entregadas al capital privado minero proviene de un detallado análisis (El mineral o la vida; la legislación minera en México, abril, 2011), realizado por Francisco López Bárcenas y Mayra Montserrat Eslava Galicia, dos destacados académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, quienes lo comparten con México SA. En él se documenta, por ejemplo, que durante el gobierno de Vicente Fox se concesionaron poco más de 25 millones de hectáreas (promedio anual: 4.2 millones) para los fines citados; en cuatro de años de calderonato se otorgaron casi 26 millones de hectáreas (promedio anual: 6.4 millones), de tal suerte que entre ambos entregaron alrededor de 25 mil concesiones, poco más de 51 millones de hectáreas, algo así como 26 por ciento del territorio continental mexicano.
López Bárcenas y Eslava Galicia señalan que la minería es una industria floreciente en México. Su incidencia en la economía nacional comenzó a tener importancia en la década de los noventa, después de la reforma al artículo 27 constitucional (1992, Carlos Salinas de Gortari) y la firma del TLCAN, dos hechos importantes en el futuro de la industria minera: el primero permitió el cambio en la orientación de la legislación respectiva, mientras el segundo marcó las pautas de lo que debería aprobarse, lo cual no sólo se reduce a la legislación minera, pues incluye el acceso a la tierra bajo la cual se encuentran los minerales, el uso del suelo, el uso del agua para el procesamiento del mineral, la prevención o remediación de la contaminación ambiental y la inversión extranjera en este rubro.
Dicha actividad se regula por diversas leyes, pero la central es la Ley Minera. En ella, el carácter de la actividad minera se aparta de los fines establecidos en la Constitución, como aprovechar los recursos naturales para conseguir el beneficio social, hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos. Contrario a estos fines, la Ley Minera declara la actividad como de utilidad, preferente a cualquier otra actividad y libre de contribuciones estatales o municipales. Por si fuera poco, a partir de 2006 la concesión minera es única, es decir, no es posible diferenciar entre la otorgada para la exploración y la autorizada para explotación.
Pero no sólo se pueden explotar los minerales enunciados expresamente en la ley sino también otros que determine el Ejecutivo federal, atendiendo a su uso industrial debido al desarrollo de nuevas tecnologías, indican los académicos. “Se trata de una disposición demasiado abierta que otorga facultades al presidente de la República para que declare, por la vía de un decreto administrativo, es decir, sin pasar por el Congreso de la Unión y por lo mismo sin tener carácter de ley, como minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyen depósitos distintos de los componentes de los terrenos, o cualquier sustancia que en el futuro pueda ser comercializable en el mercado internacional… Si esta situación llegara a presentarse tendríamos un grupo de disposiciones legales y otro de disposiciones reglamentarias que enunciarían las sustancias reguladas en la ley minera, lo cual no tiene más objetivo que evitar su discusión por el Poder Legislativo si se aumentan o no las sustancias sobre las cuales el Estado puede otorgar concesiones para su aprovechamiento a los particulares. En otras palabras, sería un reglamento el que regulara una disposición constitucional”.
No acaba allí el paraíso: la norma aplicable “prevé que si las sustancias que llegaran a catalogarse como minerales ya se estuvieran explotando por particulares, éstos tendrían el derecho preferente para obtener la concesión minera correspondiente, para lo cual bastaría que lo solicitaran y reunieran los requisitos que la ley exige para otorgarlas. Otras personas que no estuvieran explotándolas y tuvieran interés en hacerlo quedarían excluidas, situación que podría dar lugar a la concentración de las concesiones en unas cuantas empresas.
Entre los minerales que tienen una fuerte importancia en la industria y que es probable que se comiencen a explotar en los próximos años se encuentra el berilio (que se emplea en diversas aplicaciones, como la fabricación de computadoras, sensores, aviones, misiles, satélites y hasta en cabezas nucleares); el indio (interruptores cerámicos de los celulares y junto con el tantalio —bajo la forma de compuesto bario-zinc-óxido de tantalio— son componentes claves de las estaciones de las redes telefónicas de celulares; el indio, en el compuesto indio-galio-arsénico, también se usa para fabricar displays de cristal líquido o pantallas planas; el galio en circuitos integrados, junto con cadmio, selenio, telurio e indio, en la industria de las celdas fotovoltaicas); el germanio (fibra óptica, radares y electrónicos); el platino (lo mismo se emplea en convertidores catalíticos de automóviles, que en fabricación de circuitos integrados, electrónicos, capacitadores o monitores de cristal líquido), y el titanio (clave en la construcción de los arcos estructurales y sistemas de propulsión de los aviones y el dióxido de titanio de alta pureza, básico para el corazón dieléctrico de los teléfonos).
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La Vía Campesina se movilizó en Francia
para denunciar la incompetencia del G20
Saquen las manos
Lucas Silva, Radio Mundo Real. Las políticas alimentarias no pueden quedar en manos del G20. Ésa es la síntesis del mensaje que quiso transmitir La Vía Campesina el 22 y 23 de junio, en las protestas que protagonizó en París, durante la reunión de los ministros de Agricultura de ese bloque. Los jerarcas ministeriales de los países más poderosos del mundo llegaron hasta suelo francés para preparar la conferencia que se efectuará en noviembre en Cannes.
Además de sus lineamientos, las organizaciones campesinas cuestionan la legitimidad del ámbito del G20 y ponen un ejemplo que resulta muy ilustrativo: en ese espacio el único representante de África —un continente agobiado por el hambre y donde el acaparamiento de tierras un mal endémico—, es Sudáfrica.
Más allá de la exclusividad de este club, según la Vía Campesina, el G20 suma ya un largo rosario de errores que dejan en evidencia otro factor: su incompetencia. “Con su intención de construir un nuevo orden económico mundial, el G20 ha intentado, desde su creación en 1999, controlar la especulación y los paraísos fiscales […] pero estos intentos han fracasado porque los líderes de dichas naciones siguen promoviendo las mismas políticas neoliberales que han creado las crisis alimentarias y financieras actuales”, sentenció la organización en un comunicado.
La Vía Campesina culminó la incursión parisina con una protesta frente a la sede de una empresa francesa que busca fondos de inversión para comprar tierras en Asia, África, y América, y llegaron hasta ese lugar con la consigna “G20 Agricultura: ¡No jueguen con nuestra comida!”
Radio Mundo Real se comunicó, minutos después de esa protesta, con Javier Sánchez, vocero de los convocantes. El dirigente se lamentó porque el G20 le hace creer a los ciudadanos “que están preocupados por la volatilidad” de los precios y que en este tiempo han querido frenar los paraísos fiscales, aunque sólo “lograron destruir más la soberanía alimentaria”.
“Hay que poner en el centro que las personas son más importantes que los mercados”, resumió el dirigente de La Vía Campesina, que aprovecha estos espacios para reclamarle a los gobiernos políticas públicas de acceso al agua y la tierra, a las semillas y mayor disponibilidad de crédito para la agroecología.
“Son incompetentes”, fue el resumen de Sánchez. Una de las demandas de los campesinos es ponerle fin a la apropiación de la tierra, así como una urgente implementación de los compromisos adquiridos por la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR) de la FAO. Sánchez comentó que hay millones de hectáreas de tierra en África que han pasado a manos de gobiernos ricos y fondos de inversiones, como por ejemplo la fundación capitaneada por los multimillonarios Bill y Melinda Gates.
“Los gobiernos tienen que prohibir el acaparamiento, que está expulsando a millones de campesinos”, reclamó Sánchez, antes de reflexionar que el auge de los agrocombustibles en países como Argentina y Brasil está sustituyendo “miles de hectáreas que se destinaban a la alimentación”. “Hay que darle vuelta a este modelo”, concluyó el dirigente campesino.
El acaparamiento de tierras es una de las mayores preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil, que en París recordaron los lineamientos de un documento redactado en el Foro Social Mundial celebrado en Dakar, la capital de Senegal, febrero de 2011.
El denominado Llamamiento de Dakar fue entregado al gobierno francés, orientado por Nicolás Sarkozy y que hoy preside el G20, un espacio que sistemáticamente, y en coordinación con el Banco Mundial, ha favorecido el acaparamiento de tierras a través de la denominada Inversión Agrícola Responsable (IAR).
Las OSC consideran que, a pesar de que es promovida como una herramienta con fines antagónicos, la IAR ha legitimado la apropiación de tierra, en perjuicio de los pequeños productores. “Debería prohibirse a los inversionistas extranjeros y nacionales que tomen el control de grandes áreas. Los alimentos deberían estar en el plato de todos, no sólo en el de los más ricos”, señala La Vía Campesina, que definió como “un paso atrás” la iniciativa del G20 de convocar a una “reunión anual de las partes interesadas para la seguridad alimentaria”, supuestamente para “involucrar a la sociedad civil”.
Para las OSC y La Vía Campesina, el reformado Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones Unidas debería respetarse como un “espacio central” para negociar las políticas globales sobre la alimentación.
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Azuay, Ecuador
El gobierno le declara guerra por el agua a las comunidades
Ecuarunari, parte fundamental de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, emitió un comunicado donde señaló que “El día sábado 2 de julio, con autorización de Oswaldo Larriva, gerente de la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca (ETAPA-EC) se ordenó la militarización de la planta de agua potable del sistema comunitario de las parroquias de Tarqui y Victoria del Portete, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay. Cientos de militares tomaron la planta de agua potable del sistema comunitario, que por más de cuarenta años administraron y manejaron su propio sistema comunitario. También sus dirigentes fueron amenazados por la fuerza pública. La lucha incansable de los comuneros y las comuneras que defendemos el agua, la Pachamama, los recursos naturales y la vida, sigue siendo amenazada y ahora hasta la militarizaron los funcionarios y autoridades locales del gobierno de Rafael Correa en Ecuador. Así actúa la ‘revolución ciudadana’, una etiqueta falsa. La criminalización a nuestras luchas y resistencia es una evidencia de la guerra declarada a los pueblos y nacionalidades”.
Ecuarunari remachó: “Con estas actitudes las autoridades locales lo que pretenden es dejar luz verde para que las empresas mineras actúen en las alturas de Kimsakocha, por eso utilizan la fuerza pública y la represión. Desde ya alertamos que cualquier cosa que suceda en Tarqui y Victoria del Portete serán responsables las autoridades del Azuay y el gobierno central. Exigimos la inmediata desmilitarización. Hacemos un llamado a las nacionalidades, pueblos indígenas, movimientos sociales organizados, instituciones que promueven el cuidado de la madre tierra, a estar vigilantes y solidarizarse sobre estos acontecimientos que están sucediendo en nuestros territorios indígenas.
Por su parte Ecuachaski reportó que “La planta de agua potable comunitaria trabajada en mingas de dos parroquias, Tarqui y Victoria del Portete (en Cuenca) está militarizada desde el día 2 de julio de 2011, por gendarmes del ejército, fuerzas de la policía, del GOE y seguridad privada. El propósito es atemorizar a la comunidad, romper la organización comunitaria y allanar el paso a la minería (Iam Gold) en Kimsakocha, lugar donde nacen varios ríos, incluso dos de ellos abastecen de agua para los comuneros de Tarqui, Victoria del Portete, la ciudad de Cuenca y otros ríos a las ciudades de Girón entre otras”.
Ecuachaski continuaba: “Los dirigentes manifestaron que ‘militarizar su agua, es una declaración de guerra’, hecho que sorprendió a los cuencanos porque nunca antes había ocurrido, y retaron al alcalde y gobierno que ‘si quieren guerra, guerra la tendrán en defensa de sus fuentes de agua y su obra comunitaria, pero no sucumbirán ante las multinacionales mineras, Iam Gold y Cornecston, que tienen más de 50 mil hectáreas concesionadas’, verdadero fondo de este conflicto por el agua.
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Ecuador
Para favorecer a empresa china, Senagua presiona
sin escrúpulo alguno en Río Grande
El 6 de julio de 2011 ingresaron por tres horas a la zona de Río Grande (Chone, Manabí) setenta policías que acompañaron a una jueza de Chone y a funcionarios de la Senagua (Secretaría Nacional del Agua) de esta provincia, con el objetivo de ingresar al predio de Alfredo Zambrano, en el cual la empresa china Tiesiju quiere construir el dique de una represa ilegítima que es rechazada por los miles de moradores de la zona de Río Grande que van a ser desplazados a causa de esta obra, y que además provocará daños irreversibles en el Humedal de La Segua.
Senagua, responsable de la negociación con la empresa Tiesiju, ha recurrido a numerosas acciones con el propósito de convencer al señor Alfredo Zambrano que entregue su tierra a la empresa, incluso la utilización de varios hijos de este respetadísimo líder local, como sucedió durante el ingreso de este miércoles 6 de julio. Los pobladores de Río Grande afirmaron que este tipo de cosas sólo podían imaginarse en tiempos de la partidocracia, pero que en mano de supuestos revolucionarios resulta más grosero e inaceptable.
La Acción de Protección que presentaron las comunidades locales ante los administradores de justicia sólo ha servido para que la jueza viabilice la construcción de la represa porque la jueza que tramitó esta Acción de Protección rechazó todas las peticiones comunitarias. Peor aún, ella misma se hace presente en la zona de Río Grande de la mano de Senagua y un piquete policial para obligar a las comunidades que renuncien a su derecho constitucional a la Resistencia y den paso a la empresa china Tiesiju.
El pueblo montubio de Río Grande sigue en resistencia, no se vende ni renuncia a su dignidad.
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Argentina
Comunicado del Movimiento Nacional Campesino Indígena
Nuestro repudio a los acuerdos y declaraciones sobre
la crisis alimentaria del G20
Los medios de comunicación argentinos difunden la noticia de que los acuerdos del G20 en el tema agricultura son un éxito para Argentina y el mundo. Y se destaca en esto la posición argentina en cuanto a la crisis alimentaria.
Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena repudiamos los acuerdos y las falsas soluciones basadas en las presiones y lobbies de las transnacionales. Basados en certezas científicas sesgadas y corrompidas como un cáncer en gran parte de la producción pseudo-científica de las universidades durante el auge del neoliberalismo.
En primer lugar el G20 no es un espacio democrático ni legítimo para debatir políticas agrarias globales. Están allí ausentes casi todos los países y principalmente aquéllos que han sufrido la pérdida de soberanía alimentaria debido a la Revolución Verde y a la invasión de las transnacionales, muchas veces precedidas por tropas militares de la OTAN.
Los gobiernos de Argentina y Brasil impulsaron que el Consejo de Seguridad Alimentaria en la FAO, sea el espacio de gobernanza mundial agrícola.
Y ahora, por lo que se leen en los medios de comunicación, ¿claudicaron en sus convicciones?, ¿mintieron a la sociedad civil y a 193 gobiernos que aprobaron la reforma del CFS/FAO?
La FAO tiene muchísima información para demostrar que el problema del hambre no es un problema de productividad de alimentos si no de cómo se produce, quiénes producen y cómo se distribuyen los mismos. Un reciente documento de FAO describe que en la cadena agroindustrial global se pierde 40% de los alimentos producidos por descomposición y desechos.
El informe del International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD) del cual FAO es parte, demuestra que a medida que se desarrolla la agricultura industrial y se fortalece el poder de las transnacionales el hambre crece en el mundo. El mismo informe recomienda retomar la vía de la producción campesina familiar y agroecológica como forma de luchar contra el hambre.
¿Es por estas contundentes pruebas que la discusión de la política agraria global se sale de la ONU y de FAO y se lleva a la OMC y a al G20 donde los países poderosos y las transnacionales tienen mucho más poder?
Pero ¿y la posición argentina?
La posición que llevó el gobierno argentino a la reunión del G20 es producto de la presión y el lobby de la mesa de enlace y las corporaciones transnacionales. El actual modelo agropecuario no es sustentable, el mercado interno está apenas sostenido por enormes masas de subsidios que el Estado nacional debe aportar a los sectores concentrados del las carnes, lácteos y granos para que los precios mínimos de los alimentos básicos no se disparen. La cadena agroalimentaria está cada vez más monopolizada, producto del acaparamiento de tierras y de la concentración industrial, así como de la burbuja financiera que rodea al mercado global de los alimentos.
Las cosechas récord de millones de toneladas de granos son incapaces de saciar el hambre a los argentinos. En pleno 2011 todavía tenemos que soportar índices que dan cuenta de esta realidad, y aunque el hambre se publica en menos de 5%, la pobreza sigue en dos dígitos 13.9 %
Los agrocombustibles (mal llamados biocombustibles) generan también enormes presiones para que los alimentos aumenten.
Plantear que debemos redoblar las exportaciones de alimentos en el marco del modelo actual genera claras contradicciones con las aspiraciones de un desarrollo industrial armónico con justicia social y con las políticas de derechos humanos. Además, esto va en dirección a consolidarnos como productores de materias primas en el marco de un saqueo transnacional que nada tiene que envidiarle a los antiguos esquemas coloniales. Aumentar a 160 millones de toneladas de granos (forrajeros y no alimentarios) la producción anual (tal como anunció el ministro) es sumar otros 10 millones de hectáreas a los 20 millones que se cultivan de soja transgénica, además de los otros cultivos. Y no tiene otra forma de hacerse que a partir de los desalojos de las familias campesinas que producen de manera sustentable en el bosque, a partir de eliminar la biodiversidad de ecosistemas frágiles y en franco deterioro como el Parque Chaqueño. Presionando al éxodo rural que continuará sobredimensionando las ciudades.
La agricultura argentina (exceptuando la campesina, indígena y familiar) no es nacional, ni responde a intereses nacionales, y por tanto no podemos engañarnos, un modelo basado en retenciones a las exportaciones agrícolas no conduce a ningún desarrollo, mucho menos al buen vivir, o calidad de vida. Las retenciones son una buena medida coyuntural, pero para nada una solución estructural.
Por eso la Argentina debe rectificar su posición, en primer lugar el debate debe darse en el ámbito de la ONU y FAO, y en segundo lugar se hace necesario plantear herramientas globales para frenar la escalada de precios de los alimentos así como detener al capital financiero. Sobran ejemplos para ver que todo lo que toca este tipo de inversiones luego cae catastróficamente.
Frente al problema del hambre es urgente generar mecanismos de control sobre las transnacionales y poner firmes límites a los acaparamientos de las cadenas agroalimentarias por parte de las mismas.
Además, la única salida a la crisis alimentaria y a la crisis climática es fortalecer la agricultura campesina y familiar; la única garantía de producción de alimentos sanos y suficientes en el marco de sistemas de mercados locales dinámicos y justos. Claro: eso se logra con intervención estatal. El Brasil ha sido un claro ejemplo con su programa Hambre Cero, realizado entre gobierno, movimientos de agricultores familiares campesinos y consumidores urbanos como sujetos activos.
Las exportaciones de alimentos deben estar centralizadas y fiscalizadas por el Estado, los ingresos económicos deben ser insumos para políticas públicas y el desarrollo.
El rol de las organizaciones campesinas indígenas y de la agricultura familiar es de carácter estratégico, la mayoría de las estructuras del Estado fueron configuradas al servicio del agronegocio, por lo tanto para desarrollar políticas públicas transparentes y democratizadoras, las mismas deben contar con la activa participación de las organizaciones.
La cuestión de la tecnología y la ciencia está hoy al servicio del capital y de las corporaciones. Es necesario socializar y generar conocimiento científico capaz de articular con el conocimiento y los saberes ancestrales acumulados en las comunidades campesinas y desarrollar nuevos modelos de producción agroecológica.
No nos engañemos más, que la idea de maximizar a toda costa la exportación de mercancías históricamente benefició y fortaleció a la oligarquía rural y sus aliados las transnacionales. No hay posibilidad de construir un modelo sustentable y justo en ese esquema, porque el poder de la producción de alimentos no es algo a subestimar.
Finalmente plantear que el planeta tierra y todas sus fuentes naturales y energéticas son fuente ilimitada de energía y mercancías es algo irracional y para nada científico. Y este modelo de producción y consumo industrial intenta obviar esa evidencia. Eso puede llevarnos a toda la humanidad a un final catastrófico.
La Revolución Verde no solucionó el hambre sino que la acrecentó. La revolución transgénica ha provocado violencia contra los productores genuinos de alimentos y muchos más hambrientos. No son los científicos los que garantizarán los alimentos, sino los agricultores campesinos, pescadores artesanales, pastores y pueblos indígenas.
Sin explayarnos lo suficiente diremos además que este modelo nos expone directamente a millones de litros de agrotóxicos que son esparcidos sobre nuestro territorio y que están presentes en la mayoría de los alimentos que ofrece la gran industria, sumándole los componentes transgénicos, de los cuales todos los consumidores somos ratas de laboratorio para conocer que efectos provocarán en la humanidad y en el planeta.
No habrá manera de establecer la justicia social sin soberanía alimentaria, y no es posible la soberanía alimentaria en el marco de una agricultura industrial controlada por una las corporaciones transnacionales y la mesa de enlace.
Éste es un debate urgente y todos aquellos sectores que nos consideramos progresistas, de izquierda nacional y popular estamos obligados a darlo profundamente sin especulaciones políticas ni electorales. No escamoteemos la realidad con el credo del progreso moderno, que tantas consecuencias nefastas está trayendo a la humanidad y a la vida en la madre tierra.
¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!
¡Somos Tierra para Alimentar a los Pueblos!
Movimiento Nacional Campesino Indígena-
CLOC-Vía Campesina
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Minería y resistencia en Argentina
El proyecto Navidad
Agencia de Noticias Biodiversidadla, 8 de junio, 2011. Desde septiembre del último año, una asamblea de vecinos autoconvocados rechaza en la localidad Gan Gan, departamento Telsen, Chubut, el avance del proyecto Navidad, de aprovechamiento de plata, y cualquier forma de extracción de los recursos que convierta a la meseta centro-norte de la provincia en una “zona de sacrificio”.
Habla Danilo Sotera, efectivo de Defensa Civil, miembro de Vecinos Autoconvocados de Gan Gan sobre el proyecto Navidad, entrevistado por el Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales (OCRN) y Acción por la Biodiversidad.
Háblanos del proyecto Navidad, de Pan American Silver Corp., considerado uno de los yacimientos más grandes de plata aún sin desarrollar en el mundo.
Sí, de plata y plomo, con reservas por más de 10 mil millones de dólares. Se supone que este emprendimiento durará unos quince años. Prácticamente nos va a hacer desaparecer por el consumo tan extenso de agua que va a producir: unos 460 litros por segundo, que equivale a 40 millones de litros por día durante quince años. A nosotros se nos complica subsistir con la sequía, y eso sin que la empresa esté trabajando. El día que la empresa esté trabajando directamente nos quedaríamos sin agua. El proyecto está ubicado a unos 50 kilómetros de Gan Gan, entre Gan Gan y Gastre. Son realidades muy diferentes las que se viven; actualmente, la comunidad de Gastre está muy ansiosa para que se abra la mina.
La Ley 5001 prohibe la utilización de cianuro en los procesos de producción minera y la actividad minera metalífera a cielo abierto. ¿Existen en la provincia áreas exceptuadas de esta prohibición?
No, no. Es una ley que hasta ahora se viene manteniendo. Como comunidad y como hijos de la tierra que somos es muy poco lo que se nos respeta. A nosotros no se nos consultó cuando se instaló esa empresa minera. El señor gobernador, Mario Das Neves, firmó los acuerdos junto con el intendente. No se respetó la Constitución Nacional, la cual garantiza el respeto a nuestra identidad y asegura nuestra participación en la gestión de los recursos naturales.
¿Cuál es el futuro de esa norma?
En un determinado tiempo yo creo que esa ley se va a terminar derogando para que se pueda explotar la minería en Chubut. A las comunidades indígenas el gobierno en ningún momento las tuvo en cuenta. Con esa visión que tiene y con esa actitud lo que van a lograr es derogar la ley para que se pueda explotar la minería, sin escuchar a las comunidades.
¿Han tenido algún trato con representantes de Pan American Silver Corp.?
No, no. Ellos no han asistido a ninguna asamblea. Se hicieron tres asambleas en Gan Gan, a las cuales fueron invitados. No asistió nadie de la empresa ni tampoco gente del gobierno, que también fue invitada. Ni el mismo representante de la comuna de Gan Gan ha asistido.
¿Puede Navidad disputarles el agua a los pobladores de la meseta central?
Lo tenemos por seguro, porque en su supuesta etapa de exploración el agua ya está faltando. Es un derroche total lo que están haciendo: pudimos descubrir durante la cabalgata que se hizo el 6 de marzo que hay un caño que está derrochando agua en el proyecto Navidad, un caño de dos pulgadas aproximadamente, sin ningún fin. Son entre 80 mil y 90 mil litros de agua diarios. Hay gente vecina al proyecto Navidad que hoy por hoy tiene que estar juntando el agua para poder darle a los animales, y que están tomando agua con barro mientras la empresa se burla en la cara de la gente derrochando y acarreando agua mineral para tomar. Continuamente estoy recorriendo campos de las comunidades, y ya podemos ver lo que está produciendo esta empresa.
¿Es imposible la convivencia con la actividad minera en Gan Gan y Gastre?
A Gan Gan y a la zona nos afectaría muchísimo. La corriente de agua viene de Norte a Sur, y a las aguas subterráneas, a medida que van viniendo, la empresa las iría absorviendo. No llegarían a Gan Gan, sería totalmente perjudicial la empresa minera. Queremos como comunidades y como pueblos originarios que se nos escuche, que se nos respete. En muchas ocasiones se ha dicho que nosotros somos agresivos. Nosotros solamente queremos el diálogo, queremos ser escuchados. No somos políticos, defendemos la tierra, el agua y el aire para que no sean contaminados por la minera. Somos indios, artesanos, pero sabemos respetar. No vamos a ir a destrozarles las casas ni mucho menos. Queremos que se haga una consulta pública por el tema de la minería, pero lucharemos hasta las últimas consecuencias.
Esta entrevista forma parte del proceso hacia el Juicio Ético a las transnacionales, Proceso de Justicia Popular contra las estrategias neocoloniales en Nuestra América Buenos Aires, 14-16 de octubre. http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/64119