De Porto Alegre a Caracas
El surgimiento de un “nuevo internacionalismo” de la mano de la emergencia y consolidación del llamado “movimiento altermundialista” ha teñido de manera profunda y singular la experimentación de los movimientos sociales y populares en América Latina y el Caribe. En este camino, a las fuerzas sociales y políticas de esta región –particularmente del Brasil– les cupo un importante papel en la gestación del proyecto del Foro Social Mundial, siendo la ciudad brasileña de Porto Alegre su cuna y sede por cuatro ediciones (sobre el proceso del FSM ver el artículo de Edgardo Lander en este número). De manera paralela, y en permanente relación con el proceso del FSM, el continente americano fue cruzado también por otra experiencia de convergencia continental originada en la oposición a la iniciativa estadounidense de subsumir a los países de la región bajo un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
La coordinación de las resistencias al libre comercio y la militarización regional habrán de plantear también para los movimientos sociales involucrados la necesidad de avanzar en los contenidos de otra integración. Hacia finales de 2005, estos procesos se darán cita en las diferentes manifestaciones y la realización de la III Cumbre de los Pueblos (paralela a la Cumbre de las Américas) que precipitarán el fracaso de la iniciativa estadounidense de relanzar allí el proceso del ALCA. Así también, a nivel regional o sectorial, otras experiencias tendrán lugar, entre ellas la realización del VI Foro Mesoamericano (Costa Rica, diciembre), las movilizaciones y actividades impulsadas por los movimientos de mujeres por el Día de Lucha por el Derecho al Aborto en América Latina y el Caribe (28/9) –sobre el movimiento de mujeres ver el artículo de Carmen Teresa García y Magdalena Valdivieso en este número– y el IV Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), Guatemala, octubre.
La búsqueda de esa Otra América bajo la referencia de la integración de los pueblos habrá de tener en el ciclo de conflictos sociales, crisis políticas y transiciones que recorre parte de la reciente geografía regional su capítulo nacional. En este camino, la contundente expresión del pueblo que habita el territorio de Bolivia a favor de modificar la injusta matriz neoliberal –que signó la victoria electoral de Evo Morales– habrá de señalar nuevamente la vigencia de un horizonte alternativo para las sociedades latinoamericanas2.
Sobre ambas cuestiones intenta reflexionar el presente artículo, que introduce a la lectura de las cronologías de los principales hechos políticos, económicos y de conflicto social acontecidos en nuestra región, y en el que aspiramos a presentar un panorama de estos procesos y de las experiencias y desafíos que afrontan los movimientos sociales en el continente, iniciando este recorrido con una breve referencia sobre la evolución de la protesta social a nivel regional.
El mapa de la conflictividad social
En la tarea de seguimiento de la conflictividad social coordinada por el OSAL desde 2000, la cantidad de hechos de conflicto relevados para 19 países de América Latina y el Caribe correspondientes al año que está concluyendo resulta significativamente mayor a la consignada para el año anterior (2004), aunque menor a la registrada en los tres años precedentes (2001-2003).
En este contexto, la conflictividad social del tercer y último cuatrimestre de 2005 en comparación con el segundo del año experimenta, a nivel regional, un leve descenso siendo que, por otra parte, es sensiblemente mayor a la relevada para igual período de 2004. Sin embargo, el crecimiento señalado respecto de la comparación inter-cuatrimestral presenta una evolución diferente según los países y regiones del continente que consideremos.
En el caso del área andina, similar comparación señala una marcada disminución de los hechos de protesta. Aunque dicha región sigue abarcando la mayor proporción de conflictos en relación al Cono Sur y al conjunto comprendido por México, Centroamérica y el Caribe, en esta oportunidad la misma resulta, por primera vez desde inicios de 2003, menor al 39% de los hechos totales consignados. Esta merma de la conflictividad resulta de su caída en todos los países considerados: Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, destacándose en esta tendencia los dos primeros.
Contrariamente a este proceso, las protestas registradas para las otras dos subregiones de América Latina y el Caribe se incrementan. En el caso del Cono Sur, el crecimiento experimentado por la conflictividad social por segundo cuatrimestre consecutivo responde particularmente al significativo incremento de las mismas en Brasil y Paraguay. Para el caso de la zona norte de Latinoamérica, los datos del OSAL indican un crecimiento en seis de los países que la conforman (Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua y Puerto Rico), disminuyendo los hechos de protesta relevados en Guatemala, Panamá y República Dominicana.
Democracia y cambio social en Bolivia
El rotundo triunfo de la candidatura presidencial de Evo Morales y el significativo resultado obtenido por el Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones legislativas y prefectrurales3 en Bolivia constituyen el acontecimiento más significativo del período en el ciclo de resistencias y crisis de la hegemonía neoliberal que recorre al país andino y buena parte de la región desde, por lo menos, el año 2000. El mismo plantea un nuevo escenario que cierra, superándolo, un período signado por la creciente capacidad destituyente de los movimientos populares –que conllevó la caída de los gobiernos de Sánchez de Lozada (2003) y Carlos Mesa (2005)– y la persistente continuidad de la dominancia neoliberal, y que algunos análisis refirieran como una situación de empate4. Un proceso que en la historia boliviana se inició con la Guerra del Agua (abril de 2000), para prolongarse en el “septiembre negro” (setiembre de 2000), las elecciones presidenciales (2002), la revuelta de febrero frente al “impuestazo” (2003), la Guerra del Gas (octubre de 2003) y el ciclo de movilizaciones que culminó con la renuncia de Carlos Mesa (junio de 2005)5.
La densidad alcanzada por los movimientos socio-políticos, la extendida experiencia –cargada ciertamente de tensiones y conflictos– de iniciativas de los movimientos sociales y disputas político-institucionales, el basamento comunitario-territorial de las organizaciones y su concepción sobre el carácter de “instrumento político” del MAS, entre otras cuestiones, parecen distinguir al proceso boliviano de otros similares vividos en la región recientemente y en el pasado.
Por otra parte, tras superar reiteradas –y en parte concretadas– amenazas de postergación6, las elecciones del pasado 18 de diciembre resultan, desde distintos puntos de vista, un hecho de proporciones históricas en el proceso de democratización societal de la sociedad boliviana. La elección del primer presidente indígena (en una sociedad mayoritariamente indígena signada por un régimen colonial de poder) que obtiene –contra la preferencia de las élites y el gobierno norteamericano– un apoyo popular inédito en la reciente historia de la democracia representativa en Bolivia, y en el marco de una participación electoral desconocida en las últimas décadas7, señala la magnitud del hecho y los desafíos que plantea, en particular frente a los poderosos intereses (locales y regionales) involucrados en la defensa de la matriz neoliberal.
El período de los cuatro meses que anteceden a la elección registra un número de hechos de protesta sólo un tanto menor al del segundo cuatrimestre del año. Entre ellos se destacan los motivados por la reforma de los escaños legislativos y la disputa por los beneficios del impuesto establecido por la nueva ley de hidrocarburos, aún no totalmente reglamentada. Justamente, la demanda de nacionalización y distribución de los beneficios derivados de la explotación de los hidrocarburos constituyó la bandera de referencia tanto del ciclo de luchas sociales reciente (claramente desde 2003) como de la programática asumida por el MAS. También los productores de coca de los Yungas se movilizan por el traslado del cuartel militar instalado en la región. Proveniente de las filas del movimiento cocalero, el nuevo presidente lleva el compromiso de poner fin a la persecución militar del movimiento y las erradicaciones forzosas, así como de avanzar en la legalización del cultivo de la hoja de coca con fines lícitos. Por último, aunque no menos importante, el tercer punto de la programática que acompañó la campaña del MAS en vinculación con las formulaciones de los movimientos sociales fue la propuesta de convocatoria a una Asamblea Constituyente prevista inicialmente para el año próximo.
Finalmente, en estas breves consideraciones respecto del proceso boliviano no puede dejar de señalarse el alcance e impacto que el mismo tiene en el contexto regional andino y continental, particularmente frente a la geopolítica de subordinación económica y control militar desplegada sobre los territorios latinoamericanos y caribeños por el gobierno estadounidense (sobre ello ver el artículo de Atilio Boron en este número).
Libre comercio, elecciones y movimientos sociales en la región andina
En el marco de la campaña electoral en Bolivia tienen lugar también diferentes movilizaciones (promovidas por sectores empresarios) y declaraciones gubernamentales sobre la necesidad de sumar a dicho país a las negociaciones del TLC con EE.UU. Las mismas expresan la intensidad que adopta la estrategia estadounidense y de sectores económicos y gobiernos locales por concluir en la fecha prevista (noviembre de 2005) dicho acuerdo. En este contexto, se desarrollan dos rondas oficiales de negociación (la XII en Cartagena, Colombia, en septiembre; y la XIII en Washington, EE.UU., en noviembre), así como una serie de encuentros bilaterales y mini rondas. Sin embargo, sólo el presidente peruano Alejandro Toledo –de escasa popularidad y cuyo partido cuenta con nulas chances para las próximas elecciones presidenciales de abril de 2006– habrá de anunciar a principios de diciembre la conclusión del tratado. A pesar de que el texto definitivo se conocerá aparentemente recién en tres meses, los trascendidos sobre agricultura, carnes y propiedad intelectual auguran funestas consecuencias sobre la economía y la vida de los pueblos del Perú.
Aún en un contexto de significativa disminución de la protesta social en dicho país en el tercer cuatrimestre del año que concluye, se destacan las movilizaciones que reclaman un cambio de rumbo en la negociación del TLC (la multisectorial del 22/9; los campesinos y agricultores el 9/11), así como la presentación a la justicia de más firmas de las necesarias para peticionar la convocatoria oficial a un referéndum sobre dicho tratado8. En un período signado por el inicio de la campaña hacia las próximas elecciones presidenciales de abril próximo, habrá de registrarse la orden de detención de dos de las dirigentes más reconocidas del movimiento cocalero, así como de otros activistas sindicales; y hacia fin de año el gobierno decretará el estado de emergencia en diferentes zonas del país frente a una serie de acciones armadas adjudicadas a Sendero Luminoso.
En el caso de Ecuador, en una situación de mayor conflictividad social y disputas políticas, también la lucha contra el TLC –junto al reclamo de caducidad del contrato de la petrolera OXY y la Asamblea Constituyente– habrá de ser una de las consignas principales que acompañará el desarrollo de las acciones de los movimientos sociales. Particularmente, las jornadas de movilización nacional de mediados de noviembre habrán de señalar, en cierta medida, la reaparición del movimiento indígena en el escenario principal de la protesta, luego del proceso vivido bajo el gobierno de Lucio Gutiérrez (ver artículo de Pablo Dávalos en este número). También a mediados de noviembre las comunidades campesinas de Los Ríos se movilizan cortando rutas contra la construcción de una represa, protesta que se extiende como paro regional luego de que los primeros cortes fueran reprimidos violentamente. En este contexto, la negociación del TLC se posterga para una nueva ronda prevista para enero próximo. Por otra parte, el gobierno de Alfredo Palacio –ungido presidente tras la crisis política que desencadenó la renuncia de Lucio Gutiérrez– intenta promover la realización de una consulta popular sobre la convocatoria a Asamblea Constituyente. En la medida en que la propuesta oficial no recoge el apoyo de los movimientos sociales –por las limitaciones de la convocatoria y la falta de respuesta ante los cuestionamientos al TLC y al contrato de la petrolera OXY– y despierta la oposición de la mayoría parlamentaria, particularmente de las bancadas de los partidos tradicionales –situación que parece reproducir en parte la tensión entre el Ejecutivo y el Parlamento que precediera a la caída de Gutiérrez9–, la iniciativa de la consulta es finalmente descartada por el gobierno. La intensidad que asumen estas disputas político-institucionales –que implicaron la reestructuración bajo iniciativa de la mayoría parlamentaria del Tribunal Electoral y la reformulación presidencial del gabinete– señalan la amplitud de las fuerzas y conflictos planteados de cara a 2006 y las previstas elecciones presidenciales en octubre próximo.
También en el caso del gobierno colombiano, que había manifestado pronto interés en la conclusión del acuerdo con EE.UU., las negociaciones se postergan para los meses venideros. Habrán de tener lugar en este país importantes movilizaciones contra este tratado, entre ellas la realizada frente a la XII Ronda en Cartagena (22/9, donde muere un joven como resultado de la represión), la promovida por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC, 10/10) y la masiva demostración multisectorial (paro y movilización) que ocupará las calles de 32 de las principales ciudades del país y, según los organizadores, habrá de movilizar a más de medio millón de personas en oposición también a la reelección presidencial. Por otra parte, el crecimiento del rechazo popular al TLC se da en un contexto donde el presidente Álvaro Uribe –que cuenta con buenos índices de popularidad– obtiene finalmente la habilitación, por parte de la Corte, para la posibilidad de su reelección para las próximas elecciones presidenciales previstas para el próximo mayo.
En el campo del conflicto social se destaca también un prolongado e intenso proceso de toma de tierras en el departamento del Cauca por parte de los movimientos indígenas-campesinos (uno de sus primeros hitos resulta la ocupación de la hacienda Emperatriz el 1/9), que sufre una reiterada y dura represión (que cobra el 9/11 la muerte de una joven indígena) y suscita el anuncio gubernamental de entregas de tierras y la conformación de una mesa de diálogo con los representantes de las comunidades. Asimismo, resultan importantes diferentes protestas de estudiantes y profesores de distintas universidades frente a las iniciativas oficiales de reformas privatizadoras. Por otro lado, en el marco de la prosecución del Plan Colombia y su proyección andina con sus trágicas consecuencias (ver artículo de Lilia Solano en este número), los intentos de reestablecer la cooperación con el gobierno ecuatoriano en las fumigaciones y control militar combinado de la frontera entre ambos países se ven enturbiados por la denunciada incursión militar de fuerzas colombianas en territorio del vecino país.
Por otra parte, el gobierno venezolano, que por fuera del TLC andino promueve –frente a la iniciativa estadounidense– la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), obtiene la sanción de la nueva ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional –que incluye la reserva militar y las guardias territoriales– y la firma con España del contrato de compra de buques y aviones. En un escenario de descenso significativo de la conflictividad social, y tras la victoria conquistada por las fuerzas bolivarianas en las elecciones municipales del pasado agosto, las elecciones legislativas realizadas en diciembre habrán de consagrar a los candidatos promovidos por estas fuerzas ante el retiro de buena parte de los partidos de oposición tras denuncias de manipulación no avaladas por los veedores internacionales10. A nivel interno, se suceden diferentes expropiaciones de empresas –particularmente alimenticias– y entrega de tierras a organizaciones campesino-indígenas; el 28/10, resultado de la tarea realizada por la llamada Misión Robinson, se firma el decreto gubernamental –avalado por la UNESCO– que declara a Venezuela territorio libre de analfabetismo. En el terreno de la conflictividad social, se destaca el conflicto impulsado por mineros de la región de Puerto Ordaz en demanda de trabajo, la movilización campesina que exige esclarecimiento de los ataques y el fin de la acción de sicarios en el campo, la huelga de los médicos y trabajadores de la salud en el estado Zulia y distintas movilizaciones estudiantiles. Por otra parte, a nivel regional, las iniciativas venezolanas de integración alternativas al proyecto del ALCA, impulsado principalmente por el gobierno estadounidense, habrán de cristalizar de forma significativa en la intervención frente a la Cumbre de las Américas realizada a principios de noviembre en Argentina.
Mar del Plata: réquiem para el ALCA
El horizonte de la IV Cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata, Argentina, durante la primera semana de noviembre impregnó desde inicios de año la agenda política continental y pautó los tiempos, debates e iniciativas relativos a los diferentes proyectos de integración presentes en la región. Ya en el quinto Foro Social Mundial realizado en enero de 2005 en Porto Alegre los movimientos sociales convocaron a intensificar la movilización continental contra los proyectos hegemónicos norteamericanos de cara a la cumbre de finales de año. Dicha convocatoria fue ratificada en el marco del IV Encuentro Hemisférico de lucha contra el ALCA en el mes de abril en La Habana, Cuba (ver el Llamado del V Foro Social Mundial de Porto Alegre y la Declaración del IV Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA en la sección Documentos).
En un contexto regional signado por recambios gubernamentales recientes que, sobre todo en el Cono Sur, expresaron desacuerdos con los tiempos, ritmos y contenidos originales del ALCA, el gobierno norteamericano buscó configurar un arco de alianzas regionales que le permitiera recuperar la iniciativa política para conseguir en Mar del Plata el tránsito definitivo a una zona de libre comercio continental, prevista originalmente para inicios de 2005. La conclusión del acuerdo de libre comercio con cinco países centroamericanos y República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) y la continuación de las rondas de negociaciones llevadas a cabo desde 2004 con los países andinos (Perú, Ecuador y Colombia) fueron, en el plano de la diplomacia comercial, las aristas más visibles de la política estadounidense. La intensa actividad desplegada en los citados países andinos por las respectivas campañas contra los TLCs y la legitimidad pública alcanzada por estas coordinaciones entorpecieron las aspiraciones norteamericanas de concluir las negociaciones en 2005. Esta intensa actividad diplomática fue acompañada por iniciativas concretas para rediseñar la política de seguridad en la región del istmo y el Caribe, en compás con la defensa de los intereses comerciales y políticos del país del norte. En el Cono Sur esta ofensiva diplomático-militar se vio coronada en Paraguay con la aprobación en mayo de 2005 por parte del Congreso del ingreso de tropas norteamericanas, con inmunidad diplomática. En el marco de la campaña presidencial boliviana, el gobierno norteamericano buscó, sin éxito, deslegitimar al candidato indígena Evo Morales, abiertamente opuesto a la política norteamericana.
Por su parte, en base a una serie de iniciativas de integración energética con países del Caribe y del área andina, el gobierno venezolano buscó consolidar una política de alianzas a nivel gubernamental que permitiera ampliar el sustento político de su oposición al ALCA (sobre ello ver el artículo de Adalberto Ronda Varona en este número). La activa diplomacia regional venezolana comprendió también a un conjunto de movimientos sociales de la región con los que el presidente de Venezuela rubricó algunos acuerdos. Valga como ejemplo de esta novedosa estrategia diplomática la firma de un documento con el MST de Brasil para estimular la protección del mercado interno de semillas y desarrollar técnicas agrícolas adecuadas para la preservación del medio ambiente y la calidad de los alimentos.
En este contexto, y convocada con la consigna de discutir las políticas de empleo como mecanismo de promoción del crecimiento con igualdad, tuvo lugar los días 4 y 5 de noviembre la IV Cumbre de las Américas en la citada ciudad argentina. Dicha reunión estuvo precedida por la realización de la III Cumbre de los Pueblos. Convocada y organizada por la Campaña Continental contra el ALCA y la Alianza Social Continental, este tercer capítulo del encuentro continental de movimientos sociales opuestos al ALCA contó con la participación de más de 600 organizaciones de todo el continente y cerró sus actividades el 4 de noviembre con una marcha de más de 60 mil personas que concluyó en el Estadio Mundialista de Mar del Plata. El multitudinario acto en el que habló el presidente venezolano Hugo Chávez fue precedido por la lectura del documento final de la Cumbre de los Pueblos, en el cual los movimientos sociales de todo el continente incorporaron por primera vez de forma explícita la referencia al ALBA en la búsqueda de proyectos de integración alternativos. El impacto político de las movilizaciones, sumado a la oposición de los gobiernos de Argentina, Brasil y Venezuela a incorporar al ALCA en la declaración final de la cumbre oficial, prefiguraron el estridente fracaso de la diplomacia norteamericana en tierras rioplatenses. El alineamiento del presidente mexicano Fox y los gobiernos de América Central con el presidente Bush no resultó suficiente para evitar el derrumbe de las aspiraciones estadounidenses de relanzar el ALCA (en relación a esta cuestión ver el artículo de Héctor de la Cueva en este OSAL).
Las semanas posteriores a la fracasada cumbre oficial de Mar del Plata, animadas por el intercambio de declaraciones entre el presidente mexicano Fox y el mandatario venezolano en torno al seguidismo del primero respecto de la política norteamericana, estuvieron marcadas por una intensa actividad diplomática conosureña y por la renovada dinámica que asumieron las campañas contra el libre comercio en la región andina. La visita del presidente argentino Néstor Kirchner a Venezuela en noviembre constituyó una nueva ocasión para que el gobernante venezolano avanzara aún más en su política de integración energética regional, con el anuncio de la intención de construir un gasoducto que uniría Venezuela, Brasil y Argentina. Por otra parte, a finales de noviembre, los presidentes argentino y brasileño relanzan en un encuentro realizado en Puerto Iguazú la alianza estratégica entre Brasil y Argentina y ratifican que el MERCOSUR negociará en bloque los proyectos de integración regional. En el marco de la Cumbre de Presidentes del MERCOSUR realizada el 5 de diciembre en Montevideo, Uruguay, se aprueba la incorporación de Venezuela como miembro pleno del bloque y se firma el convenio que consigna la realización de un estudio de factibilidad con miras a la construcción del mencionado gasoducto.
En el contexto de la disputa sobre los rumbos de los procesos de integración, en la que parece condensarse cada vez con mayor visibilidad la confrontación en torno a los destinos del neoliberalismo en el continente, cabe también señalar la realización de una reunión de organizaciones campesinas con representación de Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Brasil, realizada a fines de noviembre en Quito, Ecuador. Dicho encuentro, en el que los movimientos participantes discuten, entre otras cuestiones, los escenarios posibles en caso de aprobación de los TLCs o el ALCA, califica la propuesta del ALBA de vital importancia para la integración latinoamericana y decide analizar esta propuesta para promoverla como opción frente a los mencionados tratados. Por último, la realización entre el 11 y 13 de diciembre en Costa Rica de la sexta edición del Foro Mesoamericano, último capítulo anual de encuentros de los movimientos sociales, cobra particular importancia en un contexto en que los parlamentos centroamericanos han ido votando (con excepción aún de Costa Rica) el texto del Tratado de Libre Comercio que une a cinco países de la región con EE.UU. La declaración final del VI Foro Mesoamericano ratifica el carácter anticapitalista, antipatriarcal y multicultural de este espacio de encuentro de las redes y organizaciones sociales, y reafirma la voluntad de lucha y resistencia al libre comercio en pos de la construcción de una sociedad solidaria (ver Declaración Final del VI Foro Mesoamericano en la sección Documentos).