LA LEY DE PROTECCION A LAS OBTENCIONES VEGETALES y UPOV EN COSTA RICA
por Isaac Rojas, Silvia Rodríguez, et al. Noviembre de 1999
Costa Rica es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y como tal tiene que cumplir con las obligaciones surgidas de esa organización. En materia de propiedad intelectual, durante el mes de junio de 1999, el Ministerio de Comercio Exterior presenta a la Asamblea Legislativa varios proyectos para cumplir con las obligaciones emanadas desde el Acuerdo sobre Propiedad Intelectual relacionado al Comercio (ADPIC) de la OMC. Entre estas propuestas se encuentra el Proyecto de Ley de Obtenciones Vegetales. El diputado Belisario Solano, presidente de la Comisión sobre Propiedad Intelectual de la Asamblea Legislativa, acoge estos proyectos de ley para su trámite. A grandes rasgos, este proyecto de ley es una copia del acta de UPOV 91 con la diferencia de que en el proyecto de ley se garantiza protección mediante patentes y amplia la protección al producto de la cosecha. En Costa Rica por lo tanto y para cumplir con ADPIC se confunde lo que es sui géneris con UPOV. Es necesario indicar que hasta el momento el país no es miembro de este acuerdo.
Desde 1997, en Costa Rica algunas organizaciones académicas, ecologistas, campesinas e indígenas han trabajado el tema de biodiversidad en forma conjunta: han formado parte de la subcomisión especial que redactó la Ley de Biodiversidad; conformado la Red de Coordinación en Biodiversidad; poseen epresentación ante la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) que es el órgano donde además participa el sector público y empresarial y se definirán las políticas nacionales en biodiversidad. Desde este espacio de organizaciones se ha conquistado un espacio en las discusiones por medio del cual hemos incidido en el rumbo de algunas de estas. El reconocimiento al trabajo de algunas personas miembras de la Red -- Dra.Silvia Rodríguez, premio Roberto Brenes Mesén 1999 -- y la presencia del señor expresidente del país, Rodrigo Carazo Odio, son hechos que han fortalecido el trabajo que desde las organizaciones llevamos a cabo en el tema de biodiversidad.
Cuando el paquete sobre propiedad intelectual, para cumplir urgentemente con las imposiciones de la OMC, entran en la Asamblea Legislativa, esta le da el trámite normal que se sigue en todos los casos: publicar el proyecto en el periódico oficial, pasarlo a una comisión de la Asamblea Legislativa que rendirá un dictamen y luego pasará al plenario de la Asamblea donde se aprobara o rechazara el proyecto. Ante esto, pensamos que en esta materia de interés nacional y que implica la puesta en juego de muchos derechos, la Asamblea Legislativa debió promover la participación de los diversos sectores sociales en la discusión del proyecto de ley; sin embargo no lo hizo.
Desde las organizaciones que trabajamos este tema, se elaboró un documento de análisis sobre el proyecto de ley, solicitamos audiencia a la Comisión -- en varias oportunidades -- que estudia el proyecto dentro de la Asamblea Legislativa y se demuestra la necesidad de abrir esta discusión, hecho que es acogido tanto por la Comisión como por quienes representan al Ministerio de Comercio Exterior.
Este proyecto de ley (*) no era sino una copia del acta de UPOV 91 pero se diferenciaba de esta en que otorga patentes. Del mismo modo, se cumple con ADPIC sosteniendo que la vía para hacerlo es mediante la copia de UPOV sin analizar que el sui generis del artículo 27.3.b de ADPIC no es sinónimo de UPOV y más bien, puede y debe ser utilizado para que los diversos países protegan sus intereses nacionales en el tema de protección a obtenciones vegetales.
El proyecto posee un ámbito de aplicación muy amplio ya que la protección que brinda incluye especies y géneros.
Los requisitos que el proyecto enumera para poder otorgar la protección que brinda, excluyen al campesinado costarricense y que solamente protégé a fitomejoradores lo cual implica la pérdida de control de los derechos y sistemas de producción que posee el campesinado y otras comunidades locales. Favorece, como otros artículos la introducción y el fortalecimiento de una agricultura industrializada y géneticamente uniforme así como la erosión genética por la introducción de variedades uniformes, homogéneas y estables. La definición que el proyecto da de innovación es desde la perspectiva industrial.
Los derechos que otorga este proyecto de ley dan un fuerte control en lo comercial sobre el material reproductivo, la semilla y la planta misma extendiendose hasta variedades vegetales. El derecho del obtentor se amplia y abarca el producto de la cosecha ?obtenido por utilización no autorizada de material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, a menos que el obtentor haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación?. De igual modo se amplia a productos fabricados directamente a partir de un producto de cosecha de la variedad protegida. Es decir, en el proyecto se toma como obligatorio lo que el acta de UPOV da como facultativo ya que se brindan derechos sobre el producto de la cosecha de la variedad protegida. Del mismo modo, en el proyecto de ley costarricense, se eliminan las limitaciones que otorga UPOV en este punto.
Todas estas observaciones han sido expuestas ante la Asamblea Legislativa.
Ante estas críticas se ve la necesidad, como ya lo dijimos, de abrir un proceso de participación de los diversos sectores en relación a este proyecto de ley que pretende consultar a diversos sectores sociales en forma individual y luego confrontar posiciones mediante debates, mesas redondas, ? que permitan tomar una decisión acorde a las necesidades e intereses nacionales.
Sin embargo el pasado 10 de noviembre, en el periódico oficial, se publica un proyecto de ley que pretende la adhesión de Costa Rica a UPOV. Según lo manifestado tanto por la persona representante del Ministerio de Comercio Exterior y el diputado que preside la comisión sobre propiedad intelectual, tanto este proyecto como el que hemos comentado, están para discutirse y no se aprobaran sin antes dar una discusión al respecto con los sectores sociales involucrados en el tema; garantizando de esta forma una mayor participación social en una materia de interés nacional.
El hecho de ampliar los plazos de aprobación de un proyecto de ley contrario a los intereses nacionales, es un paso adelante dado por las organizaciones y personas que hemos trabajado el tema. Del mismo modo representa un avance sobre las presiones foráneos que han y plantea un reto para el país al asumir la formulación de un instrumento jurídico que venga a proteger los intereses nacionales.
Para más información, favor comunicar con los autores a través de:
Isaac Rojas COECOCEIBA-Amigos de la Tierra Tel/Fax: (506) 223 39 25 Correo electrónico: gavitza(at)sol.racsa.co.cr
(*) Los siguientes comentarios se encuentran en ?El patentamiento de formas de vida en general y de las plantas en particular? de Rodríguez, Silvia; Rojas, Isaac y Badilla, Javier (eds), setiembre de 1999. Este documento fue presentado a la Asamblea Legislativa.
TITLE: Plant Variety Protection Law and UPOV in Costa Rica AUTHORS: Isaac Rojas, Silvia Rodriguez and others PUBLICATION: Prepared for BIO-IPR DATE: November 1999
PLANT VARIETY PROTECTION LAW AND UPOV IN COSTA RICA
By Isaac Rojas, Silvia Rodriguez and others November 1999
Costa Rica is a member of the World Trade Organisation (WTO) and as such must comply with WTO obligations. In the field of intellectual property, the Ministry of Foreign Trade presented several bills to the Legislative Assembly [Parliament] in June 1999 to fulfill the requirements of WTO?s Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Among these is the Plant Variety Protection (PVP) bill. The deputy Belisario Solano, President of the Intellectual Property Committee of the Legislative Assembly, took charge of the discussion over these bills. In broad strokes, the PVP draft is a copy of the 1991 Act of the UPOV Convention, with the difference that the bill allows for protection of plant varieties by patent and it extends the breeder's right to the product of the farmer?s harvest. Thus, for the purpose of TRIPS, Costa Rica is confusing the sui generis option with UPOV. We should point out that up to now, our country is not member of UPOV.
Since 1997, several organisations of academics, environmentalists, small farmers and indigenous peoples have been working together on biodiversity issues in Costa Rica. These groups: take part in the special subcommittee which drafted the Biodiversity Law; form the Biodiversity Coordination Network; and are represented in the National Committee on Biodiversity Management (CONAGEBIO) which is a body including the public and business sectors as well, to define national policy on biodiversity. Our organisations have gained a space in the national policy-making arena and have been able to have an impact in several discussion processes. The recognition of the work of some people who participate in the network -- for example, Dr Silvia Rodriguez was granted the 1999 Roberto Brenes Mesen prize -- and the presence among us of former President Rodrigo Carazo Odio have strengthened the work of our organisations on biodiversity policy.
When the package of intellectual property laws was sent to the Legislative Assembly for urgent compliance with WTO requirements, the Assembly took it into the ordinary law-making process: publication of the bill in the official journal, assignment of the draft to a committee for examination and then discussioin in the plenary which approves or rejects the law. We anticipated that, since the subject of the proposal is of great national interest and many people?s rights are at stake, the Legislative Assembly should promote the participation of different social sectors in the discussion of the bill. However, this was not the case.
From our side as organisations which work on these issues, we elaborated an analysis of the law and requested several times to discuss our views with the Committee which is studying the bill in the Legislative Assembly. We felt it was necessary to open the debate, since the draft is in the hands not only of the legislative Committee but also the Ministry of Foreign Trade.
The draft bill (*) was not just a copy of UPOV 1991. It allowed for the granting of industrial patents [on plant varieties]. In this way, Costa Rica would be complying with TRIPS by basing itself on the UPOV model without analysing that the sui generis option under TRIPS Article 27.3(b) does not have to follow UPOV and that it actually can and should be used freely by different countries to protect their own national interests with regards to plant varieties.
The bill has a very broad scope of application, covering all species and genera. The requirements for protection leave Costa Rica?s farmers out of the picture and only address professional plant breeders. This means that farmers and other local communities will lose control of their rights and production systems as a result of this law. The law promotes the introduction and strengthening of industrial agricultural systems based on genetic uniformity. The criteria for protection -- varieties must be distinct, uniform and stable -- will enhance genetic erosion. The concept of innovation embedded in the law draws from an industrial perspective only.
The rights granted under the bill give very strong commercial control over reproductive material, seeds, varieties and plants. The breeder?s right extends all the way to the product of the farmer?s harvest ?obtained through unauthorised use of the reproductive material or multiplication of the protected variety, unless the breeder has had a reasonable opportunity to exercise his right in relation to multiplication or the reproductive material.? In the same manner, the breeder?s right extends to products obtained directly from the harvest of a protected variety. That is to say, the law makes obligatory what under UPOV is optional. In the Costa Rican draft, the limitations UPOV offers with respect to the extension of the breeder?s right to the harvest are eliminated.
All of these observations have been presented to the Legislative Assembly.
Given these criticisms, it is necessary to open the discussion to different social sectors -- each with their own interests and collectively -- through debates, roundtables and other fora. This would allow the decision-making process to take account of the national interest.
However, on 10 November 1999, yet another bill was published in the official journal through which Costa Rica was apparently seeking accession to UPOV. According to representatives of the Ministry of Foreign Trade and the deputy in charge of the legislative Committee on Intellectual Property, both this new bill and the previous one described above, are up for discussion and will not be approved without consultation among the different social sectors which have an interest in the matter. Therefore, we are assured of an opening to greater public participation in the discussion process.
The fact that the decision-making process on a draft law which goes against the national interest has been opened up and its deadline extended is a step forward for the organisations and individuals who have been working on these issues. At the same time, we have gained space against foreign pressure bearing down on our country. It is now up to us to formulate the right legal instrument which will truly protect the naitonal interest with respect to plant varieties.
For more information, please contact the authors through Isaac Rojas at:
COECOCEIBA-Amigos de la Tierra [Friends of the Earth] Tel/Fax: (506) 223 39 25 Email: gavitza(at)sol.racsa.co.cr
(*) The following comments are from ?El patentamiento de formas de vida en general y de las plantas en particular? [Patenting of life forms in general and of plants in particular], Silvia Rodríguez, Isaac Rojas and Javier Badilla (eds), September 1999. This document was presented to the Legislative Assembly.