Biodiversidad
Los asistentes al evento Nacional Crisis alimentaria en Colombia, acciones sociales para la defensa de la seguridad, soberanía y autonomía alimentaria, realizado en Bogotá entre el 4 y 6 de septiembre de 2008, en el que participamos más de 150 organizaciones indígenas, afrocolombianas, campesinas, organizaciones no gubernamentales y representantes de diez organizaciones de América Latina, expresamos nuestra solidaridad con todas las voces alternativas que los señalamientos criminalizadores quieren callar, y en especial nuestra solidaridad con Héctor Mondragón, investigador y pacifista, defensor de los derechos humanos de campesinos, indígenas, con un reconocido respaldo nacional e internacional.
Igualmente nos solidarizamos contra los señalamientos y persecuciones que buscan enlodar a través de montajes a la organización de derechos humanos MINGA, y a las organizaciones indígenas del Cauca (ACIN y CRIC) y a la Asociación de Campesinos del Valle del Cimitarra (ACVC), entre otras. Dichos señalamientos conducen a la violación de los derechos fundamentales, el despojo de tierras, los desplazamientos forzosos, la criminalización de la palabra y el pensamiento crítico.
Estas personas y organizaciones son involucrados en oscuras campañas de señalamiento gubernamental, y que algunos medios masivos de comunicación le hacen eco sin ninguna corroboración crítica, señalando supuestos vínculos de estas personas, organizaciones y entidades, con los actores armados del conflicto nacional, que paradójicamente el gobierno se empeñan en desconocer pero que utiliza según sus necesidades políticas coyunturales de relegitimación, dentro de la cada vez más evidente crisis del corrupto y oscuro régimen político nacional.
Las organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales participantes de este encuentro nacional, expresamos nuestro rechazo a la criminalización de las reivindicaciones y de la construcción de propuestas alternativas que adelantan las organizaciones sociales y comunitarias por el derecho fundamental a la vida, al territorio, a los recursos y bienes públicos y colectivos y a la soberanía alimentaria de los afrocolombianos, indígenas y campesinos.
No aceptamos que se criminalice la palabra, el derecho al disenso, la defensa de los derechos humanos, el derecho de vivir en paz y en armonía con el medio ambiente. Llamamos a defender activamente todas las voces alternativas, la búsqueda de la paz, el derecho a la palabra y el pensamiento crítico en Colombia. Reivindicamos el derecho que tenemos todos los ciudadanos a defendernos de las políticas y proyectos gubernamentales y del gran capital internacional —que buscan privatizar todos los recursos naturales y los territorios de las comunidades rurales.
Rechazamos los señalamientos que el gobierno nacional y los medios de comunicación hacen a estas personas, organizaciones y entidades, las cuales se han distinguido por su responsabilidad pública con las búsquedas nacionales de paz y de justicia social. Denunciamos esta forma perversa de pretender manejar la opinión nacional e internacional, con actitudes que ponen en riesgo la vida y el trabajo de quienes aportan al mejor estar de los sectores sociales en Colombia, en franca oposición a las políticas oficiales de exclusión social, privatización y mercantilización de los recursos naturales, bienes públicos y patrimonios colectivos, como el agua, la tierra y la biodiversidad, que son fundamentales para la indispensables a la soberanía y autonomía alimentaria.
¡No criminalicen la palabra, no criminalicen la lucha por la soberanía alimentaria!
Bogotá, 4 de septiembre de 2008