Biodiversidad
El horror de contar con minerales
La “guerra civil” en la República Democrática del Congo (rdc) ha costado de 3.5 a 4.5 millones de muertos, en el lapso de diez años. Pese a la complejidad del conflicto, no es aventurado afirmar que Ruanda y Uganda, tras invadir el territorio congoleño, han estado lucrando (en contubernio con grandes empresas transnacionales) del saqueo de los minerales estratégicos que en la rdc son tan abundantes: diamantes, oro, cobalto, casiterita y coltán (columbita-tantalita de la que se extrae tantalio —un súper conductor de nueva generación que soporta altas temperaturas y se utiliza en fibra óptica, naves espaciales, microchips, computadoras portátiles, video juegos y en baterías para teléfonos móviles (de los cuales se vendieron mil millones de unidades en 2006 a nivel mundial). De la casiterita también se extrae tantalio, en mucho menor cantidad.
Según datos del Comité de Solidaridad con el África Negra-Madrid, en 2000 Ruanda ganó 40 millones de dólares en diamantes, 15 millones por oro y 191 millones por el coltán extraído de suelo congoleño. El mismo año, Uganda obtuvo 1.8 millones de dólares por diamantes, 105 por el oro y 6.2 millones por el coltán —cifras oficiales que no contabilizan el abrumador tráfico clandestino.
La rdc cuenta con el 80% de las reservas de coltán existentes, situadas sobre todo en los Kivus, provincias orientales, fronterizas con Ruanda y Uganda, en yacimientos de aluvión a cielo abierto donde trabajan muchos niños. Ruanda, sobre todo, tiende una red de ilegalidades, patrocina grupos armados y “movimientos de liberación” como la llamada Reagrupación Congoleña por la Democracia (rcd), aniquila a miles de personas y detenta el virtual monopolio de la extracción y el tráfico del coltán con su empresa: la Sociedad Minera Grands Lacs (Somigl), en realidad una alianza de Africom (belga), Promeco (ruandesa) y Cogecom (sudafricana). Como joya de la vileza de esta invasión expoliadora disfrazada, dicho monopolio entrega a rcd y sus 40 mil efectivos militares, 10 dólares por kilo de coltán exportado. Su dirigente, Adolphe Onusumba, proclama orgulloso: “con la venta de diamantes ganábamos unos 200 mil dólares al mes. Con el coltán llegamos a ganar más de un millón de dólares al mes”.
El límite de la existencia es tan precario y la violencia y el horror son tan contundentes que en los años de la guerra el Consejo de Seguridad de la onu ha designado varios Grupos de Expertos para documentar la situación y hacer recomendaciones.
No obstante, a fines de 2006 y pese a preocuparse por hallar “las medidas viables y eficaces que el Consejo de Seguridad podría imponer con el fin de impedir la explotación ilegal de recursos naturales para financiar grupos armados y milicias en la parte oriental de la rdc”, el Grupo de Expertos, tras consultar a sus “contrapartes”, no consideró aconsejable sancionar las importaciones de bienes específicos procedentes de territorio congoleño, temeroso de que las sanciones “favorecerían a quienes violan el embargo”, podrían desencadenar una nueva guerra civil o tener “repercusiones negativas en el “incipiente entorno inversionista del país” [sic].
Alejandro Teitelbaum (Argenpress, 29 de marzo de 2007) critica esta postura y argumenta con claridad que aunque el Grupo se preocupa por la explotación ilegal, sólo menciona a algunas empresas locales y “no se refiere para nada a las grandes mineras y a las industrias electrónicas transnacionales que son las promotoras directas o indirectas de la situación, y los destinatarios finales y principales beneficiarios de los minerales de la rdc al precio de una masacre generalizada que va para diez años”.
Si uno hurga un poco, los grandes consumidores de coltán son: Sony, Microsoft, Hewlett-Packard, ibm, Nokia, Intel, Lucent, Motorola, Ericsson, Siemens, Hitachi y Bayer, entre otros, y aunque la Simigl monopoliza el coltán, el negocio del oro, los diamantes, el cobre y el cobalto está en manos de mineras como AngloGold Ashanti (sudafricana) y Metalor, sueca. Pero Anglogold está asociada con Anglo-American (Johannesburgo y Londres) y con Barrick Gold Corporation, con sede en Canadá. Anglo-American detenta el 45% de las acciones de DeBeers, que tiene el cuasi monopolio internacional de la industria del diamante. Barrick Gold es socia de Adastra Mining que a su vez es miembro del Corporate Council on África (junto con Goodworks, Halliburton, Chevron-Texaco, Northrop Grumman, ge, Boeing, Raytheon y Bechtel).
No extraña entonces que el Grupo de Expertos refleje la opinión de las “contrapartes”. Mientras tanto, además de los efectos catastróficos de la violencia de la guerra, las principales víctimas son los mineros. En algunas regiones del Congo, son entre 30 mil y 200 mil “mineros artesanales” conocidos como “cavadores” —que ganan al día entre 4 o 5 dólares diarios de salario bruto— extraen el mineral a cuenta de “sub-tratantes” que lo distribuyen en la red de compradores y contrabandistas. Son las minas de diamantes las que mayor número de mineros tienen a su disposición: un millón que vive en condiciones tan infrahumanas que existe una guerra perpetua entre ellos, los servicios de seguridad de las empresas, y las bandas criminales. La cuota de muertos es incontable. Los mineros trabajan con pérdidas, por los dineros que tienen entregar como “propina” a los militares o los grupos armados irregulares que cuidan las minas. Desde la privatización de la minera estatal Gecamines, existe una multitud de concesiones donde laboran unos 150 mil “mineros artesanales”, en condiciones tan duras que a fines de 2006 murieron tres y quedaron heridos veinte cuando los mineros se opusieron a la sociedad minera Chemaf. En la región los mineros pueden ganar hasta 200 dólares brutos al mes, de los cuales, en promedio, se quedan cuando mucho con 15 dólares de nuevas deudas.
Ruanda y Uganda, en cambio, reciben ayuda de muchos países donantes para el desarrollo y parte de sus deudas externas fueron canceladas.
Costa Rica vs. el tlc
Costa Rica es el único país potencialmente miembro del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica (menos Panamá y Belice), República Dominicana y Estados Unidos que todavía no lo ha ratificado. Y la apuesta del movimiento popular y social es a seguir bloqueando la aprobación del tratado.
Un movimiento popular cuestiona la esencia misma del modelo económico promovido desde el Norte y busca abrir puertas para un modelo de desarrollo más congruente con la historia costarricense. A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, donde se aplicó el consenso de Washington desde hace años, en Costa Rica la inversión pública en servicios sociales y en sectores estratégicos de la economía ha sido un factor determinante para tener una calidad de vida relativamente mejor.
En los últimos 25 años y a pesar de sus efectos negativos para la mayoría de la población, el proyecto neoliberal ha ido ganando espacio con la implementación de un Estado con menor intervención en la economía nacional, que cede espacio al libre mercado como regulador de las relaciones no sólo económicas sino también sociales, políticas y culturales.
El tlc expresa la consolidación de la tendencia neoliberal que ya ha demostrado sus enormes limitaciones, y esta tendencia se convertiría en permanente y prácticamente en la única vía de “desarrollo” permitida.
El pueblo costarricense es bombardeado todos los días con una millonaria campaña mediática aparentemente financiada por las grandes transnacionales farmacéuticas y respaldada por la Casa Presidencial, el Comex y el grupo Por Costa Rica, una fundación creada por los ex-negociadores del tlc.
La lucha contra el tlc está llevando a una enorme diversidad de grupos y personas a confluir en una gran alianza que va más allá de preocupaciones e intereses sectoriales: es la defensa de Costa Rica como nación soberana, la oportunidad de revisar y mejorar el modelo del Estado Social de Derecho, la posibilidad de pensar el país a futuro. Se está dando un grave proceso de criminalización de la protesta social, y de represión y hostigamiento contra quienes abiertamente manifiestan sus dudas respecto al Tratado.
Costa Rica es probablemente el país centroamericano que tiene más que perder con el tlc (por su alta nivel de inversión social y buena calidad de vida) y está hoy en un momento histórico.
(Edición: Laura Carlsen, irc.)
La especulación mexicana del maíz
Según Luis Hernández Navarro, editor e investigador en asuntos rurales, el aumento del precio de la tortilla, alimento fundamental de los mexicanos, se debe a tres razones básicas: el acaparamiento y especulación de maíz blanco por parte de los grandes monopolios industriales; el incremento en insumos básicos para la producción, traslado e industrialización del grano (diesel, electricidad y gasolina); la subida del precio del maíz en el mercado mundial por su uso en la producción de etanol.
“México es el cuarto productor mundial de este cereal”, afirma Luis Hernández.
“El año pasado cosechó 22 millones de toneladas, principal aunque no exclusivamente de grano blanco. Es un volumen muy lejano al producido por Estados Unidos: 280 millones de toneladas durante 2005, en lo esencial de maíz amarillo. Ese país controla más de 70% del mercado mundial de esta semilla.”
Antes del tlcan, las dependencias gubernamentales regulaban los mercados, acopiaban, importaban y distribuían maíz.
Eso se acabó tras la firma del tlcan. A partir de 1998, el presidente Zedillo le brindó en charola de plata a las grandes empresas como Maseca, ligada a adm, en asociación con Cargill, Corn Products Internacional y Arancia, el monopolio del mercado nacional.
Industrializan el maíz, acaparan el grano local y lo importan. Controlan así la oferta y la demanda a tal punto que, pese a que “el precio del maíz en el mercado mundial ha aumentado en los meses recientes como resultado de la utilización del grano para elaborar etanol, ese incremento no tiene relación con el precio que tiene en México. En la Bolsa de Chicago se cotiza en unos 144 dólares la tonelada, esto es, menos de la mitad de la cantidad a la que se vende en la ciudad de México. El costo del diesel, la gasolina y la electricidad, todos ellos insumos necesarios para el transporte y el procesamiento del grano, subieron durante los últimos meses del gobierno de Fox, impactando el precio de la tortilla. Pero esos insumos constituyen sólo 30% de los costos de producción”.
La conclusión es que se conjuntan varios factores para el encarecimiento desmedido que tiene en México, pero a fin de cuentas es la especulación propiciada por el modelo establecido por el tlcan, con su desmantelamiento de agencias estatales y regulaciones, la que impone la devastación del agro mexicano en manos de transnacionales que cobran el haber puesto en el poder a un nuevo paladín de la derecha en América Latina: Felipe Calderón.
La paradoja es que los campesinos indígenas autónomos, con sus siembras locales propias, han sentido menos el impacto de estos extremados vaivenes. En cambio, las clases populares urbanas se hunden en una crisis que tendrá serias repercusiones si al aumento en el precio del maíz se le suman los otros muchos aumentos y los recortes presupuestales en el gasto social. l
El mar de la soja transgénica llega a Venezuela
Una nueva alianza entre el gobierno venezolano y el llamado rey de la soja argentina, Gustavo Grobocopatel, por más de 400 millones de dólares, implica la siembra de 100 mil hectáreas con soja en los próximos cuatro años, con la idea de alcanzar “un millón de hectáreas” sembradas. (Argentina siembra 16 millones y Brasil 45 millones de hectáreas de soja.) El pacto creó una nueva empresa, derivada de Petróleo de Venezuela (pdvsa), que tendrá por nombre pdvsa-Agrícola y cuyo gerente será Grobocopatel mismo.
Esta alianza fue impugnada desde que se perfiló —primero con la visita de Grobocopatel a Venezuela, y luego en la Cumbre de Mar del Plata. En esta reunión, justo cuando Chávez hablaba apareció un enorme cartel que rezaba: “Con soja no hay alba”. Según Jorge Eduardo Rulli del Grupo de Reflexión Rural (grr), Chávez “no podía dejar de ver el cartel de ocho metros de largo que se movía con abierta complicidad de muchos de los presentes, según donde fuera su mirada, mirada que obstinadamente trataba de dirigirse hacia el sitio contrario”.
Rulli resalta la contradicción entre el discurso venezolano y su impulso a los transgénicos: “mientras el comandante Chávez se juramentaba ante la Vía Campesina que no iba a dejar entrar los transgénicos a Venezuela, en el metro de Caracas se le repartía a la gente volantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología afirmando el disparate científico de que los alimentos transgénicos eran más saludables que los comunes... Venezuela está contra la producción de biocombustibles, en especial porque dispone de petróleo y combustibles que le interesa vendernos, pero toda su práctica y su modelo es de producción en grandes escalas y la aplicación de tecnologías similares a las que en otros países conducen inexorablemente a poner la agricultura al servicio de producir combustibles para reemplazar el petróleo”. Rulli continúa: “Tenía razón Grobocopatel, visionario del socialismo del siglo xxi y amigo de la revolución bolivariana. Grobocopatel, el mayor contaminador de Carlos Caseres, localidad de la Provincia de Buenos Aires, donde nos bastó ver las casas abandonadas en torno a sus inmensos silos en el centro del pueblo y recoger las memorias acerca de los innumerables muertos de cáncer que ha dejado el polvillo, para comprender con qué amasa su fortuna este capitalista rapaz... al que le gusta sobreactuar llamándose a sí mismo un ‘sintierras’ en grotesca comparación con los campesinos del Brasil, porque debe arrendar la tierra de otros para trabajarla, debido a que no tiene la suficiente tierra propia. No se apresuren a compadecerse, por favor. El hombre termina reconociendo tener en producción unas 150 mil hectáreas arrendadas para soja y maíz transgénicos... Yo multiplicaría por cuatro esa cantidad de tierras y es posible que me quedara corto...”
El convenio de Chávez es con un consorcio de empresarios rurales, encabezados por Los Grobo, empresa de la familia Grobocopatel, por el cual cobrarán unos 120 millones de dólares anuales. Una “transferencia tecnológica similar a la que en general los Grobo hacen en Argentina. Ellos no compran la tierra sino que hacen el gerenciamiento de la explotación, le dicen al productor qué hacer y cómo hacerlo, cuándo fumigar o qué productos usar. Eso exactamente harán con Venezuela”, señala Marcelo Cantón (Clarín, 8 de marzo).
Lo más enredoso del asunto es que aunque según diversas fuentes el mandatario venezolano pidió como condición que la soja incluida en la transferencia tecnológica no fuera transgénica, lo real es que los paquetes de insumos argentinos se basan en semillas transgénicas que, por lo demás, cuentan con patentes propiedad de Monsanto.
Paraguay: “Legitiman” la treta de los servicios ambientales
Por toda América Latina, por lo menos, diferentes estrategias de enajenación, privatización y lucro se tienden contra pueblos y comunidades rurales. Unas avanzan primero en Argentina o Brasil, otras se prueban primero en México, Ecuador, Colombia o Bolivia. El caso de los servicios ambientales es ya conocido en México y otros países de la región como un esquema mañoso mediante el cual los gobiernos ofrecen retribuciones a los campesinos para que cuiden sus bosques o sus recursos acuíferos. Tras una primera etapa que parece “hacer justicia” al esfuerzo de cuidado que durante siglos han tenido las comunidades, el siguiente paso es someter esos pagos a esquemas de bonos cambiarios que juegan en las bolsas de valores mundiales. En México, en particular, tras los “pagos” se esconden contratos mañosos que exigen que los pueblos y comunidades renuncien al manejo que han tenido por siglos y lo enajenen a las dependencias gubernamentales, que después ceden este manejo a empresas transnacionales cuya mira son las riquezas de los territorios indios.
Ahora, la secretaría del Ambiente de Paraguay se apresta a poner en marcha la reglamentación, mediante decreto presidencial, para valorizar y retribuir los servicios ambientales. Según los funcionarios, se trata de “generar incentivos económicos para conservar y proteger los bosques en aquellas propiedades que posean una superficie mayor al 25% de cobertura forestal natural, que los técnicos se encuentran trabajando en la reglamentación de la referida normativa ambiental con el fin de implementar un mecanismo para la emisión de ‘bonos verdes’ que generarán recursos económicos para beneficiar a los propietarios que cumplen con la Ley”, bonos que al igual que en los programas de otros países se emitirán para “ser comercializados en la bolsa de valores de donde provendrán los fondos destinados a los propietarios que conserven sus bosques”. El esquema impone requisitos de registro único forestal, y la “aplicación de mecanismos financieros para motivar aquellas actividades que contribuyan a la conservación y protección de los bosques, la preservación de la biodiversidad, la captación de carbono, el cuidado de suelos y de recursos hídricos”. Las empresas transnacionales se lamen ya los bigotes para ser quienes instrumenten esos jugosos negocios.
Monsanto, la policía de las semillas
El Centro de Seguridad Alimentaria de Estados Unidos en su informe Monsanto contra los productores estadounidenses, afirma que la compañía de agroquímicos y semillas tiene puestas demandas contra 190 agricultores por la supuesta utilización “ilegal” de sus semillas transgénicas patentadas.
Para sustentar sus acusaciones, la empresa realiza investigaciones en el terreno que “orillan a los agricultores a cambiar su modo de cosechar. El resultado es una agresión a los procedimientos tradicionales que han perdurado por siglos”.
La transnacional emprende tres etapas para proceder a un juicio contra los “transgresores”: investigar a los sospechosos de transgredir las patentes, realizar acuerdos extrajudiciales o llegar al litigio contra quienes la compañía considera que violaron su propiedad privada.
Hasta el momento 147 agricultores y 39 pequeñas empresas están sujetas a demanda después de que sus cultivos se contaminaron con polen o semillas transgénicas. A Monsanto no le importa si fue sin premeditación o si nunca se firmó un contrato.
El Centro de Seguridad Alimentaria asegura: “conforme aumentan los productores sometidos a hostigamiento, investigación y acusación por parte de la empresa a partir de un supuesto incumplimiento de las regulaciones de patentes de semillas y uso de tecnología, deberá ejercerse mayor presión para revocar las políticas gubernamentales que sustentan dicha persecución”.
Si bien la empresa cuenta con los dispositivos legales, es obvio que saca ventaja de la forma natural en que se polinizan las especies vegetales, es decir, de la contaminación que sus técnicas provocan.
Teniendo interés, artilugios legales y fuerza policiaca, lucra adicionalmente de contaminar, hostigar, investigar y someter a juicio a quienes les resulte conveniente.
¿Arroz con proteínas humanas?
Un plan para cultivar las primeras plantas modificadas por vía genética destinadas a producir proteínas humanas recibió la aprobación preliminar en Estados Unidos.
La producción comercial de arroz que contiene genes que se encuentran en la leche materna podría comenzar en los próximos meses.
El arroz se refinaría para su uso en medicinas contra la diarrea, la deshidratación y otras enfermedades que causan un gran número de muertes infantiles cada año.
El Departamento de Agricultura estadounidense le dio el visto bueno inicial a la propuesta de la empresa Ventria Bioscience, con sede en California.
Sin embargo, diversas organizaciones de defensa del ambiente y algunos grupos de producción de alimentos se oponen al plan. “Me preocupa mucho porque, en primer lugar, este arroz podría ir a parar a la cadena de alimentos y, en segundo lugar, no se ha puesto a prueba”, dijo Bill Freese, del Centro Estadounidense para la Seguridad de los Alimentos. “No ha pasado un proceso de evaluación farmacológica. Estamos ante algo desconocido, que podría dañar la salud humana”, añadió.
Ventria Bioscience insiste en que no hay riesgo de que otros cultivos se contaminen.
El público estadounidense tiene hasta finales de marzo para presentar objeciones al plan, según informó la agencia de noticias Associated Press. Si recibe la aprobación final, la empresa podría sembrar 1 215 hectáreas del arroz transgénico en el estado de Kansas, a partir de abril o mayo, dijo el presidente de Ventria Bioscience, Scott Deeter.
http://infoagro.net/es/apps/news/record_view.cfm?vsys=a2&id=12835
Glifosato en la frontera Ecuador-Colombia: Es guerra, no accidente
El gobierno colombiano autorizó sembrar en cuatro de sus 33 departamentos dos clases de maíz transgénico, uno de los cuales es resistente al herbicida con que rocían vastas extensiones para destruir cultivos de coca, pero que también se utiliza como disuasivo para vaciar una ancha franja fronteriza entre Ecuador y Colombia, como parte de una estrategia de guerra genocida que ocasiona letales daños humanos, ambientales y agrícolas. Las fumigaciones con glifosato producido por Monsanto, obedecen a un programa financiado por Estados Unidos, operado por DynCorp International —impugnada por sus ligas con paramilitares colombianos—, empresa privada que provee servicios técnicos (incluidos militares) al gobierno de eua en el Ecuador, Colombia, Irak, Afganistán, y muchos otros países. En el Ecuador administra la Base del ejército estadounidense en Manta.
El Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo Colombia, una instancia no gubernamental integrada por juristas, artistas, humanistas y activistas, emitió el primero de marzo un comunicado donde expresa: “las políticas promovidas e impuestas por el Estado colombiano atentan gravemente contra la biodiversidad agrícola y forestal que fue utilizada sustentablemente durante siglos por las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas”.
En este escenario, la autorización de la siembra de un maíz transgénico resistente al glifosato, parece una medida incluso cínica en un momento en que el gobierno de Ecuador sostiene una querella contra el gobierno de Bogotá por las fumigaciones, que se habían suspendido y se reanudaron a fines de 2006.
El vicepresidente ecuatoriano, Lenin Moreno afirmó que “en el Tribunal de La Haya se van a presentar las pruebas... para que el gobierno colombiano ... haga la correspondiente compensación por el daño causado a los recursos materiales y fundamentalmente a los humanos” del lado ecuatoriano de la frontera.
Moreno fue demasiado cauto al señalar que el glifosato llega a Ecuador por efecto del viento.
Desde 2001, la misma Dyncorp, encargada de las fumigaciones de “plantas narcóticas” en Colombia, reconoce que fue puesta “una demanda en Washington dc, por 100 millones de dólares de parte de 10 mil ciudadanos del Ecuador quienes alegan daños a personas y propiedades y homicidio culposo como consecuencia de la fumigación según la frontera con el Ecuador... De acuerdo con el contrato, el Departamento de Estado [estadounidense] indemnizará a DynCorp International por obligaciones a partes terceras, siempre y cuando haya fondos a mano”.
En junio de 2005, una Misión Internacional en que participaron siete organizaciones internacionales y catorce ecuatorianas que recorrieron Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, a lo largo de la frontera del lado ecuatoriano, recabó datos y testimonios con autoridades civiles, religiosas, policiales y militares, funcionarios de gobierno y población en general, sobre la situación de inseguridad, desplazamiento, contaminación, enfermedad, hostigamiento y asesinato. Desde entonces, la Misión hacía la siguiente reclamación: “Es urgente que el Estado ecuatoriano transparente los términos en que está manejando las relaciones con Colombia. Debe aclararse si existen convenios que permitan sobrevuelos de aeronaves colombianas de fumigación o combate en el espacio aéreo ecuatoriano. Si es así, esos convenios deben revisarse inmediatamente, pues algunos pobladores han sido víctimas de fumigaciones, ametrallamientos y constantemente sienten miedo y se inquietan al escuchar los helicópteros, las bombas, los disparos. De no existir los convenios, es urgente que se promueva una nota diplomática para que Colombia respete el espacio aéreo y la inviolabilidad del territorio ecuatoriano y repare los daños económicos y morales causados a las víctimas de sus actuaciones bélicas”.
Por su parte, el investigador francés Robert Bellé, advirtió que el glifosato provoca las primeras etapas de la cancerización.
“Cuando se pulveriza en avionetas o hasta en un atomizador manual, la mezcla es cien veces más concentrada que aquélla que puede desregular el funcionamiento de las células. Las aspersiones aéreas son una catástrofe. Es una locura pulverizar con avión”. l
Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria: Declaración de Nyéléni
Nyéléni, Selingué, Malí, 27 de febrero de 2007. Nosotros y nosotras, más de 500 representantes de más de 80 países, organizaciones campesinas, agricultores familiares, pescadores tradicionales, pueblos indígenas y sin tierra, trabajadores rurales, migrantes, pastores, comunidades forestales, mujeres, niños, juventud, consumidores, movimientos ecologistas y urbanos, nos reunimos para fortalecer el movimiento global por la soberanía alimentaria. […] Nuestro trabajo tiene el nombre de Nyéléni, inspirados en la legendaria campesina maliense que cultivó y alimentó a su gente.
La mayoría de nosotros producimos alimentos, somos capaces y tenemos la voluntad de alimentar a todos los pueblos del mundo. Nuestra herencia como cultivadores de alimentos es fundamental para el futuro de la humanidad: particularmente las mujeres y los pueblos indígenas, creadores de saberes ancestrales agrícolas y alimentarios subvalorados.
Tal herencia y capacidad de producir alimentos nutritivos, de calidad y abundantes, es amenazada y socavada por el neoliberalismo y el capitalismo globales.
La soberanía alimentaria nos da esperanza y poder para conservar, recuperar y desarrollar nuestros saberes y nuestra capacidad de producir alimentos.
Soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sustentable, ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo […] Es una estrategia para resistir y desmantelar el libre comercio corporativo y su régimen alimentario actual, encauzando los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca para que sean gestionados por quienes los producimos a nivel local. Es darle prioridad a las economías y mercados locales y nacionales, a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional. Es promover un comercio transparente, que garantice ingresos dignos a todos los pueblos, y el derecho de los consumidores de controlar su propia alimentación y nutrición. Es garantizar que los derechos de acceso y gestión de nuestra tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y biodiversidad estén en manos de quienes producimos los alimentos. Supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdad entre hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones.
Hemos intercambiado experiencias de las luchas de nuestros movimientos por conservar la autonomía y recuperar nuestro poder. Necesitamos crear un movimiento y promover nuestra visión colectiva. Luchamos por un mundo donde:
* Todos los pueblos, naciones y Estados puedan decidir sus propios sistemas alimentarios y políticas que nos brinden alimentos de calidad, adecuados, asequibles, nutritivos y culturalmente apropiados.
* Se reconozcan y respeten los derechos y el papel de las mujeres en la producción de alimentos y en la representación en todo los órganos de toma de decisiones.
* Todos los pueblos de nuestros países vivan con dignidad de su trabajo, y tengan oportunidad de vivir en sus lugares de origen.
* La soberanía alimentaria sea un derecho humano básico, reconocido y respetado por comunidades, pueblos, Estados e instituciones internacionales.
* Podamos conservar y rehabilitar los entornos rurales, las zonas pesqueras, los alimentos tradicionales, basados en la gestión sustentable de tierra, suelo, agua, semillas, ganado y biodiversidad.
* Valoremos, reconozcamos y respetemos la diversidad de nuestros saberes, alimentación, lenguas y culturas tradicionales; el modo en que nos organizamos y expresamos.
* Exista una verdadera reforma agraria integral que garantice a los campesinos plenos derechos sobre la tierra, defienda y recupere los territorios de los pueblos indígenas, garantice a las comunidades pesqueras acceso y control de las zonas de pesca y ecosistemas, reconozca el acceso y el control de las tierras y las rutas de migración de pastoreo, garantice empleos dignos con sueldos justos y derechos laborales para todos los trabajadores, y un futuro para los jóvenes del campo, donde las reformas agrarias revitalicen la interdependencia entre productores y consumidores, garanticen la supervivencia de la comunidad, la justicia económica y social, la sustentabilidad ecológica y el respeto a la autonomía local y la gobernanza con igualdad de derechos para mujeres y hombres.
* Se garantice el derecho a los territorios y a la autodeterminación de nuestros pueblos.
* Compartamos nuestros territorios en paz y de manera justa entre nuestros pueblos, seamos campesinos, comunidades indígenas, pescadores artesanales, pastores nómadas u otros.
* En las catástrofes naturales y provocadas por las personas, y en las situaciones posteriores a los conflictos, la soberanía alimentaria actúe como auténtica garantía que fortalezca los esfuerzos de recuperación local y mitigue el impacto negativo. Donde se tenga presente que las comunidades afectadas desamparadas no son incapaces, y donde una sólida organización local por medios propios sea la clave para la recuperación.
* Se defienda el poder de los pueblos para decidir sobre sus herencias materiales, naturales y espirituales.
Luchamos contra:
* El imperialismo, el neoliberalismo, el neocolonialismo y el patriarcado, y todo sistema que empobrezca la vida, los recursos, los ecosistemas; contra los agentes que los promueven como las instituciones financieras internacionales, la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre comercio, las corporaciones multinacionales y los gobiernos que perjudican a sus pueblos.
* El dumping de alimentos a precios por debajo de su costo de producción en la economía global.
* El control de nuestros alimentos y de nuestros sistemas agrícolas en manos de compañías que anteponen las ganancias a las personas, la salud y el ambiente.
* Tecnologías y prácticas que erosionan nuestra capacidad de producción alimentaria futura, dañan el ambiente y ponen en peligro nuestra salud: los cultivos y animales transgénicos, la tecnología terminator, la acuacultura industrial y las prácticas pesqueras destructivas; la llamada Revolución Blanca industrial en el sector lácteo, las Nueva y Vieja Revoluciones Verdes, los Desiertos Verdes de los monocultivos de biocombustibles industriales y otras plantaciones.
* La privatización y la mercantilización de nuestros alimentos, servicios básicos públicos, saberes, tierras, aguas, semillas, ganado y patrimonio natural.
* Proyectos/modelos de desarrollo e industrias extractivas que desplazan a los pueblos y destruyen nuestro ambiente y herencia natural.
* Guerras, conflictos, ocupaciones, bloqueos económicos, hambrunas, desplazamientos forzados y confiscación de tierras; todas las fuerzas y gobiernos que los provocan y los apoyan; los programas de “reconstrucción” tras un conflicto o catástrofe que destruyen nuestro ambiente y nuestras capacidades.
* La criminalización de quienes luchan por proteger y defender nuestros derechos.
* La ayuda alimentaria que encubre el dumping, introduce ogm en los entornos locales y los sistemas alimentarios y crea nuevos patrones de colonialismo.
* La internacionalización y globalización de los valores paternalistas y patriarcales que marginan a las mujeres y a las diversas comunidades agrícolas, indígenas, pastoriles y pesqueras en el mundo.
Nos comprometemos a construir nuestro movimiento colectivo forjando alianzas, apoyando nuestras diferentes luchas y haciendo que nuestra solidaridad, fuerza y creatividad lleguen a los pueblos de todo el mundo que tienen un compromiso con la soberanía alimentaria. Cada lucha por la soberanía alimentaria, sin importar en qué lugar del mundo se libre, es nuestra lucha […]
¡Es hora de soberanía alimentaria!
Esta es una versión abreviada. Ver la versión completa en http://www.radiomundoreal.fm/rmr/?q=es/node/21721
Piratas: la nueva generación
El libro Pacific Genes and Life Patents, de Aroha Te Pareake Mead y Steven Ratuva, publicado por la Universidad de Naciones Unidas, es una recopilación de casos en que investigadores y compañías farmacéuticas, sobre todo estadounidenses y australianas cometen actos de piratería genética contra las comunidades isleñas del Pacífico Sur.
En la presentación del libro, la investigadora maorí, Aroha Mead relató en entrevista a la agencia Efe, que la tribu hagahai, de Papúa, Nueva Guinea, ha sido una de las más saqueadas, desde que en 1989 aceptó donar sangre para análisis, cuyas muestras salieron del país y se sometieron a procedimientos desconocidos.
En 1993, afirma la agencia Efe, “la investigadora estadounidense Carol Jenkins, junto con el Departamento de Salud de Estados Unidos, solicitaron una patente sobre líneas de células T de 24 individuos hagahai, aduciendo que eran útiles para tratar y diagnosticar aquellas personas infectadas con un virus asociado con la leucemia y una enfermedad neurológica”.
Si bien por gestiones del gobierno de Papúa se consiguió frenar la solicitud de patente, el material genético de los hagahai “está a la venta, accesible para cualquiera que pueda pagar 216 dólares”, continúa la nota de Efe.
El libro relata otros casos semejantes ocurridos en las Islas Solomon y uno muy grave en las Islas Cook donde a la población local, que se sabe padece la llamada diabetes tipo 2 estuvieron a punto de transplantarle células pancreáticas de cerdos como tratamiento (bajo la suposición de que ésta era la solución).
Por fortuna, el gobierno neozelandés intervino y el procedimiento hubo de suspenderse.
No obstante, un año después la empresa neozelandesa Diatranz intentó ir adelante con el experimento, sin pedir permiso a los individuos, con el contubernio del gobierno de las Islas Cook. Pero los habitantes, alertados ejercieron una presión comunitaria de tal magnitud que la empresa tuvo que retirarse.
Por desgracia, conforme el patentamiento de la vida y las soluciones de biología sintética cobran fuerza, la tentación de probar sus nuevas “curas” en poblaciones no informadas de las repercusiones, o de sacar muestras sanguíneas para utilizar el material genético de maneras poco claras, sin supervisión, información o consentimiento previos, nos alerta a redoblar esfuerzos por impedir cualquier intento por apoderarse de la diversidad biológica y cultural de cualquier pueblo del mundo.