Piden ocho años de prisión
para el sindicalista Paul Nicholson
Euskal Herria, enero de 2007. El representante del sindicato se presentó a declarar el 8 de enero en el juzgado de Gernika, a petición de una orden internacional. Desde Brasil se le acusa de haber participado junto a 2 mil mujeres en la ciudad de Porto Alegre en el destrozo de una multinacional de celulosa.
Los hechos en cuestión tuvieron lugar el 8 de marzo de 2006, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en el marco de la Conferencia Internacional sobre la Reforma Agraria de la fao, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, cuando miles de campesinas ocuparon de madrugada la estancia Barba Negra de la multinacional Aracruz Celulosa, empresa fabricante de papel.
Los manifestantes destruyeron miles de brotes de eucaliptos que eran clonados y material genético de laboratorio que la empresa calculó en 400 mil dólares. El objetivo era denunciar las miles de hectáreas que posee la multinacional para el monocultivo de eucalipto, pino y acacia para hacer celulosa blanca, dejando sin tierra a las poblaciones indígenas y afectando a la biodiversidad de la zona.
Nicholson tuvo entonces que declarar ante la policía brasileña, junto a otros dirigentes de Vía Campesina, como su secretario operativo, Henry Saragih, o Juana Ferrer, de la organización dominicana Conamuca, que fueron acusados por el Estado brasileño, junto a una treintena de líderes campesinas.
Según informa ehne en su publicación mensual, la acusación pide entre ocho y treinta años de prisión para Nicholson por su implicación en este acto. Las denuncias van desde violación de la propiedad privada, destrucción de plantas y de laboratorio, hasta secuestro, espionaje industrial, robo, formación de banda o asociación ilícita y lavado de dinero.
http://euskalherria.indymedia.org/eu/2007/01/35573.shtml
Los biocombustibles, nueva trampa sin soluciones reales
De acuerdo a información del Movimiento Mundial por los Bosques, no debemos caer en la trampa de pensar que la sustitución de los combustibles fósiles por biocombustibles (elaborados a partir de biomasa vegetal) sea un paso en la dirección correcta para no agravar el cambio climático. El biodiesel (obtenido de plantas oleaginosas) y el etanol (obtenido de la celulosa de los vegetales) pretenden derivarse de cultivos como la soja, el maní, el maíz, la colza, el girasol, la palma aceitera, la caña de azúcar, el álamo y el eucalipto.
Los gobiernos y las empresas están empeñados en que los cultivos de los cuales se extraigan estos biocombustibles se promuevan en los países del Sur, sin disminuir la explotación petrolera o gasífera pues “los combustibles fósiles seguirán siendo el principal componente de la matriz energética de los países del Norte”.
Las principales candidatas para producir biodiesel a gran escala son la soja y la palma aceitera. La primera es la principal causa de deforestación en la Amazonía brasileña y Paraguay, aun antes de que se la haya utilizado para producir energéticos. La segunda deforesta brutalmente Indonesia e impacta bosques de muchos otros países de África, Asia y América Latina.
“Se comienzan a desarrollar tecnologías para convertir la madera en etanol (con el uso de organismos genéticamente modificados), por lo que la industria de los biocombustibles impulsará una expansión aún mayor de los monocultivos de árboles de rápido crecimiento, en áreas boscosas —aumentando así la deforestación— como sobre suelos de pradera”.
Lo anterior implica la liberación del carbono allí almacenado. Pero el cultivo, el procesamiento y el transporte de los biocombustibles provocan emisiones también pues son “realizados en gran medida con base en petróleo y otros elementos que emiten gases de efecto invernadero: la producción de la maquinaria utilizada, el combustible empleado para su funcionamiento, la producción y uso de fertilizantes químicos y de agrotóxicos, los camiones y barcos para el transporte a destino”.
Esto puede agravar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que es precisamente lo que se pretendía evitar con este cambio. “En definitiva, el uso de los biocombustibles no sólo no soluciona el problema del cambio climático, sino que a la vez significa el agravamiento de otros problemas igualmente serios.”
Se concentrarán bajo el poder de grandes transnacionales cientos de millones de hectáreas de tierras fértiles “y pasarán, de producir alimentos, a producir combustibles —en un mundo donde el hambre y la desnutrición son ya problemas gravísimos. En el mismo proceso expulsarán a millones de productores rurales y pequeños campesinos, que en su mayoría deberán emigrar a los cinturones de miseria de las grandes ciudades. Los bosques dejarán de asegurar el sustento de millones de personas que de ellos dependen para ser sustituidos por soja, palma aceitera u otros cultivos energéticos. El agua se contaminará (por el uso de agroquímicos) o desaparecerá (por la plantación de árboles de rápido crecimiento), la fauna local se verá gravemente afectada por enormes desiertos verdes que no les proporcionarán alimentos, la flora nativa será eliminada y sustituida por extensos monocultivos y muchas especies locales serán contaminadas por los organismos genéticamente modificados utilizados en dichos monocultivos, en tanto que los suelos se degradarán por el monocultivo y el uso de agroquímicos”.
Las grandes beneficiarias de estos desastres serán “las industrias biotecnológica y química (que podrá seguir creciendo bajo un manto ‘verde’), las nuevas empresas surgidas en la ola de los biocombustibles y las propias empresas petroleras, que ya se están incorporando a este nuevo y lucrativo negocio”. l
Monsanto y los suicidios agrarios en India
La revolución verde ha muerto. Sus híbridos y variedades de alto rendimiento permitieron aumentos significativos en la producción de cultivos como el trigo. Pero su secuela de efectos negativos no sólo no se extingue todavía, sino que se hace más intensa.
El paquete tecnológico de la revolución verde provocó una fuerte salinización de suelos, el agotamiento y sobrexplotación de acuíferos y una intensa contaminación con plaguicidas de todo tipo. Lo más grave es que sembró la semilla de una crisis económica, social y ambiental en la vida de campesinos pobres que cobra más vidas cada año. Un ejemplo es el de Anil Khondwa Shinde, pequeño agricultor del distrito de Vidarba, estado de Maharashtra (en la parte centro occidental de India). Hace dos meses se suicidó ingiriendo un potente insecticida. Tenía 31 años y murió en pocos minutos. La desproporción entre costos de producción y precio de venta no le permitieron pagar el crédito extendido por los proveedores de insumos.
¿Un caso aislado? Para nada. El Ministerio de Agricultura de India reconoce las siguientes cifras: entre 1993 y 2003 ocurrieron 100 mil suicidios de campesinos. Y entre 2003 y 2006 (octubre) se han presentado unos 16 mil suicidios de campesinos cada año. En total, entre 1993 y 2006 hubo alrededor de 150 mil suicidios de campesinos, ¡30 diarios durante 13 años!
El propio gobierno de Maharashtra acepta la cifra de 1 920 campesinos suicidados en Vidarba entre enero 2001 y agosto 2006. Las organizaciones campesinas de ese distrito afirman que entre junio 2005 y agosto 2006 ocurrieron 782 suicidios de productores agrícolas. Para los últimos tres meses, los datos indican que en promedio hubo un suicidio cada ocho horas.
¿Bajo qué condiciones se presenta una tasa de suicidios de unos 30 campesinos diarios? Se dice que la causa radica en el endeudamiento, pero la razón última está en la imposición de una tecnología agrícola completamente inadecuada, tanto desde el punto de vista económico, como ambiental.
Anil Shinde había decidido sembrar algodón Bt, un transgénico producido por Monsanto, que supuestamente reduce la necesidad de plaguicidas y aumenta la rentabilidad del productor. Shinde no es una excepción. Cientos de campesinos que han sembrado algodón transgénico en los estados de Maharashtra, Andra Pradesh y Karnataka han buscado la salida del suicidio frente a una situación económica desesperada que empeora año con año.
Un elemento importante en esta historia es que el algodón Bt de Monsanto ofrece algo de protección frente al llamado gusano del fruto (Helicoverpa zea), pero no frente a otras plagas (por ejemplo, Spodoptera) que afectan este cultivo comercial en India. Así que los productores que, como Shinde, recurrieron al algodón de Monsanto buscando reducir el costo en plaguicidas, se llevaron una sorpresa, pues han tenido que seguir aplicando estos insumos de todas maneras. Peor aún: la trampa del endeudamiento se les vino encima más rápidamente porque las semillas del algodón de Monsanto son más caras.
En muchos distritos los prestamistas locales de antaño han sido remplazados por la red de concesionarios y vendedores de insumos de las grandes compañías, y sus métodos de cobranza han sido denunciados con frecuencia. Cuando los suicidios se agudizaron, el gobierno lanzó un programa de “ayuda” que aseguraba el pago de unos 2 mil dólares para los familiares sobrevivientes, pero ese dinero va directo a los bolsillos de los acreedores y, de hecho, se ha convertido en un incentivo perverso para que muchos productores se quiten la vida.
Pero los políticos son iguales en todos lados. El ministro de Agricultura Sharad Pawar se regodea viviendo en el pasado, hablando todos los días sobre los triunfos de la revolución verde. El mensaje al final de sus alocuciones es siempre el mismo: India necesita los cultivos genéticamente modificados para ayudar a los campesinos pobres a salir de la pobreza y resolver el “problema del hambre”. Gracias a la política de apertura neoliberal promovida por el gobierno, la superficie dedicada al algodón transgénico en Vidarba pasó de 0.4 por ciento a 15 por ciento en tan sólo tres años. En ese lapso también aumentó la tasa de suicidios agrarios, lo que convierte a Monsanto en el peor asesino serial de la historia. O si queremos jugar con las palabras, tal como esta compañía juega con las vidas de millones de campesinos, podemos describir a Monsanto como el peor asesino cereal del planeta.
Miles de campesinos cuya forma de vida ha sido destruida al caer en las garras de sus acreedores han recurrido al suicidio como única escapatoria. En el proceso han puesto al descubierto el fracaso de un proyecto agrícola basado en “soluciones” tecnológicas con múltiples efectos negativos y relaciones sociales disfuncionales. ¿Por qué no corregir los daños de la revolución verde en lugar de saltar a abrazar la tecnología de los ogm?
Las semillas de la destrucción quieren decirnos algo. Pero este invierno, Nueva Delhi parece más preocupada por la contaminación atmosférica que por la tragedia que se desenvuelve diariamente en el campo.
Alejandro Nadal
La Jornada, 20 de diciembre de 2006
El mundo se urbaniza
Según información proporcionada por Karl Flecker, del Instituto Polaris, con sede en Canadá, en 1800 sólo 2% de la población del mundo era urbana. En 1950, ésta era ya 30% de la población mundial. En 2000, 47% de la población mundial vivía en la ciudades. Para 2008, más de la mitad del mundo vivirá en áreas urbanas. Se calcula que 60% de la población vivirá en las urbes en 2030.
Se calcula también que 180 mil personas engrosan la población urbana todos los días, y que los pobres son casi mil millones en el mundo, de los cuales más de 750 millones viven en áreas urbanas sin los servicios básicos y de vivienda.
El proceso de urbanización en los países desarrollados se ha estabilizado. Ahí, 75% de la población vive en áreas urbanas, pero para 2030, esta cifra aumentará a 84%.
En 1960, América Latina y el Caribe tenían una urbanización de 50%, pero ahora se calcula que 75% está urbanizado.
Se supone que la población urbana de los países en desarrollo alcance 50% hacia 2020. África es predominantemente rural, y en 1999 sólo 37.3% vivía en áreas rurales, pero con una tasa de crecimiento de 4.8%, África es el continente con la tasa más acelerada de urbanización. En 1999, 36.2% de la población asiática estaba urbanizada. Su crecimiento poblacional es de 3.77%. Para 2030, Asia y África tendrán las más altas cifras de población urbana del mundo. l
Nuevos salarios del miedo
De acuerdo con la información proporcionada por la investigadora Ana María Aragonés (La Jornada, 16 de diciembre de 2006), “en México un trabajador gana sólo 15 por ciento de lo que percibe su similar en el país vecino por el mismo trabajo, por tanto, para que disfrutara de un poder de compra equiparable debería ganar 16.32 dólares en lugar de los 2.50 dólares por hora. La diferencia es la brecha salarial que los patrones perversamente se guardan para incrementar las utilidades. En 2004 México era el país que presentaba el peor salario real en paridad de compra con una brecha salarial de 85 por ciento, pues incluso Brasil muestra una brecha menos dramática: 65 por ciento. Sin embargo, esta situación es reversible, pues en los últimos 29 años naciones como España y Corea del Sur eliminaron o redujeron la brecha salarial homologada en paridad de poder de compra; en contraste, México transitó en sentido contrario. Es decir, en 29 años Corea del Sur, con un desarrollo muchísimo menor que el mexicano, y cuya brecha salarial era el doble que la mexicana, la redujo a un nivel cercano a la de Japón —hoy sólo es de 27 por ciento—, en tanto México en ese mismo número de años la aumentó de 70 por ciento a 85 por ciento con respecto a Estados Unidos, incrementándose la exclusión de gran parte de su población por un mercado laboral con salarios de miseria.” l
Ecuador
Las mineras arremeten de nuevo
Según trascendió a fines de diciembre de 2006 en el Foro de los Pueblos Afectados la Minería, celebrado en la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito, son cinco provincias las que están en la mira de las mineras que ambicionan el cobre, el oro, el molibdeno y otros metales.
La arremetida está santificada por una ley minera aprobada en el gobierno de Gustavo Noboa con impulso del Banco Mundial.
Los datos hablan por sí solos: 20 por ciento del territorio ecuatoriano (5.5 millones de hectáreas) está concesionado a las mineras. Dos millones de estas hectáreas están en bosques protectores “con funciones ecológicas irremplazables”, de acuerdo a datos de Acción Ecológica.
Las empresas han intentado dividir a las comunidades afectadas e incluso las agreden mediante grupos armados privados. Entre las acusadas se encuentran las mineras Corrientes Resources y Asdendant Cooper Corporation, que intimidan dirigentes, incumplen la ley e intentan corromper a las comunidades.
A principios de diciembre, grupos armados de una empresa terciarizadora, Falericorp, de Asdendant Cooper, incursionaron en la zona de Intag con el fin de tomar control sobre la región para que los ingenieros entraran a la fase de exploración, pero las comunidades de la región capturaron a 56 hombres armados (entre los que se cuentan exmilitares y 14 militares en activo). Tras retenerlos unos días los entregaron a la policía nacional.
Los campesinos amparan sus acciones en el artículo 88 de la Constitución ecuatoriana que define que “toda acción estatal que pueda afectar el medioambiente, deberá contar con los criterios de la comunidad, para lo cual ésta será debidamente informada”. Las comunidades de la región insisten en que las autoridades deberían suspender la actividad minera por los graves impactos ambientales y sociales de una de las regiones de mayor biodiversidad del país, incluidas las fuentes de agua.
Según datos del gerente de Asdendant Cooper, Francisco Veintimilla, las reservas de cobre y molibdeno de la cordillera de Toisán en Intag, podrían ascender a 73 millones de dólares.
Otro foco de la ambición minera es la Cordillera del Cóndor, donde la transnacional Ecuacorrientes y la empresa Hidroabanico intentan generar electricidad para la actividad de explotación. Ecuacorriente tiene concesionadas 60 mil hectáreas para un programa minero a cielo abierto en pleno territorio del pueblo shuar. Pese a los engaños con los que Ecuacorrientes entró en la región, hoy se sabe que pretende sacar 17 minerales entre ellos oro, plata, zinc.
Por su parte, en Morona Santiago y Zamora Chinchipe, las comunidades insisten en suspender las actividades de la Corrientes Resources, compañía que, ante los reclamos, reprimió a los pobladores con sus empleados y militares del batallón Gualaquiza, lanzando bombas lacrimógenas, hiriendo a varios y secuestrando a 13 personas, entre ellos a Salvador Quishpe, del movimiento Pachakutic.
No obstante, las comunidades resisten, aprenden y continúan su lucha. (Con información de Acción Ecológica y alai). l
Paro huaorani contra Repsol ypf
Orellana, Ecuador, 30 de noviembre. Las comunidades huaoranis Dicaro, Yarentano, Peneno, Ipoca y Guyero decidieron un paro contra la petrolera española Repsol ypf, que opera en el Bloque 14 de la Amazonía ecuatoriana. La exigencia, acompañada de varios cortes carreteros en la Vía Maxus, es que se elabore un nuevo convenio de compensación, pues las comunidades se quejan de numerosos incumplimientos de Repsol al convenio existente, escasa atención médica por parte de la compañía y un desinterés general por la vida y bienestar de los pobladores. La zona está militarizada. El señor Eweguime Enkery fue tomado preso y los militares no lo liberaron sino hasta el día de hoy.
Es grave la situación pues la Vía Maxus es el único acceso a las comunidades en conflicto y Repsol tiene controles que no dejan pasar a nadie sin la autorización de la compañía. Igual impedimento ocurre en el caso de los derrames u otros problemas ambientales. En la práctica, toda el área es una especie de finca privada de la petrolera española.
Pese a que el Bloque 14 está situado dentro del Parque Nacional Yasuní, declarado Reserva de la Biosfera, Repsol extrae más de 55 mil barriles de crudo pesado diariamente. Que el crudo sea pesado significa que por cada barril extraído salen a la superficie muchos barriles de aguas de formación con contenidos tóxicos que hay que tratar. Repsol alega que lo reinyecta al subsuelo, lo que también es muy discutible porque, dependiendo de las condiciones del suelo y la profundidad de la reinyección, pueden ser afectadas las corrientes de agua subterránea.
Los huaoranis son el último pueblo de la selva ecuatoriana que tomó contacto con la “civilización”. En los años sesenta, al inicio de la explotación petrolera, la apertura de carreteras y la colonización, el pueblo huaorani se vio bruscamente acorralado. Perdió gran parte de su territorio y su existencia como pueblo está seriamente amenazada.
En cuanto a Repsol, al precio actual del crudo, el valor de su producción supera los 2 millones de dólares diarios. Hasta el 2003, la compañía no pagaba impuestos y apenas en 2004 y 2005 comenzó a pagar algo, pero en cantidades inferiores a lo correspondiente a sus volúmenes de extracción.
Los huaoranis insisten en que sus acciones continuarán hasta que la compañía acepte negociar sus condiciones. l
Ocho mandatos de los pueblos de la Amazonia, los Andes y la Costa
Ante la reiterada invasión de los territorios ancestrales de los pueblos amazónicos por las petroleras, las mineras, las empresas forestales y otras muchas empresas transnacionales de bioprospección y seudo desarrollo, con la consecuente devastación general, es de vital importancia que varias organizaciones de los pueblos de la frontera ecuatoriana, peruana y colombiana se hayan reunido en Lago Agrio, Ecuador, en agosto de 2006, para disponer conjuntamente una serie de mandatos para defender sus territorios y hacer frente a las transnacionales y los gobiernos con incidencia en la región. Presentamos el documento que surgió de la reunión, firmado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Red de Líderes Comunitarios Ángel Shingre (rlcas), la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (opip), la Coordinación de Organizaciones del Movimiento Indígena del Chimborazo (comich), el Movimiento Indígena del Chimborazo (mich), la Federación de Comunidades Awá del Ecuador (fcae), el Movimiento Indígena de los Pueblos Manta Wancavilca y Puná (Mipmawpu), la Comunidad Sarayaku-opip, la Asociación de Cabildos Indígenas Curarai-acic y la opip-Pacayaku, de Ecuador. La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectados por la Minería (Conacami-Perú), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Organización Regional Aidesep Iquitos Iquitos (orai), la Organización Kichwaruna Wuangurina del Alto Napo (Orkiwan), la Federación de Comunidades Nativas Fronterizas del Putumayo (Feconafropu), la Organización Indígena Secoyas del Perú (Oispe), la Federación Indígena Kichwa del Alto Putumayo Intiruna(fikafir), de Perú. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca(acin), la Asociación de Cabildos del Pueblo Nasa del Putumayo (Asone’hwesx), la Mesa Permanente del Pueblo Cofán, el Proceso de Comunidades Negras (pcn), la Asociación Comunidad Motilón-Barí (Ascobarí), de Colombia. Su palabra es la siguiente:
Sobre la triple frontera de Ecuador, Colombia y Perú se cierne una amenaza sobre el territorio, vida y cultura de nuestros pueblos por la apertura de nuevas fronteras petroleras.
La actividad petrolera, una de las más destructivas del planeta, viene acompañada con contaminación, violencia, enfermedad, muerte y atentados al derecho de la autodeterminación y bien vivir de nuestros pueblos, en aquellos lugares en donde ya opera.
Nuestros territorios son las zonas más ricas del mundo en diversidad natural y cultural y somos nosotros quienes las hemos cultivado y conservado desde nuestros corazones, abuelos y abuelas.
Por la existencia de convenios internacionales y leyes nacionales, amparados por la Ley de Origen, por ser pueblos milenarios inmemoriales que anteceden a los Estados actuales.
En honor a la memoria, en respeto a nuestros sabios y por el clamor de las montañas, los ríos, los árboles e iluminados por la sabiduría del fuego y las serpientes.
Disponemos
Uno. Porque nuestros territorios son sagrados, protegemos la biodiversidad, el agua, el aire, la territorialidad y nuestra cultura y resolvemos desterrar toda actividad destructiva.
Dos. Porque somos pueblos milenarios y es parte de nuestras tradiciones, invocamos a nuestros sabios y sabias, al espíritu de nuestros mayores, a las montañas, a la selva, para que se unan a la lucha y se levanten junto con sus pueblos.
Tres. Por las petroleras que amenazan nuestros territorios y la extinción de nuestros pueblos, resolvemos: prohibir el ingreso de empresas transnacionales y nacionales petroleras, madereras y mineras y a todos aquellos que pretendan comercializar con la vida, a nuestros territorios, incluyendo sus investigadores, funcionarios y relacionadores comunitarios.
Cuatro. Porque nos sentimos agredidos por la violencia, resolvemos: condenar la relación de los militares con las empresas transnacionales y rechazar la presencia de grupos paramilitares y ejércitos mercenarios.
Cinco. Porque el Estado tiene una visión de corto plazo, exigimos al Estado el cese de políticas de extracción intensiva de recursos naturales.
Seis. Porque compartimos fronteras, pueblos e identidades, exigimos a los gobiernos de los tres países el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, afroamericanos y campesinos.
Siete. Porque nos une la historia y el vínculo con el territorio, resolvemos: fortalecer el hermanamiento entre pueblos, países y comunidades y articular nuestras luchas.
Ocho. Porque creemos en el ejercicio de nuestra autodeterminación, resolvemos: fortalecer las organizaciones comunales de cada uno de los pueblos y nacionalidades de los tres países, en función de nuestro derecho al autogobierno y a decidir sobre nuestro destino común.
El presente mandato es declarado en el corazón de la selva de la Amazonia por nuestros pueblos y nacionalidades indígenas amazónicos, andinos y afroamericanos de Ecuador, Colombia y Perú, reunidos en Lago Agrio. Tienen el carácter de cumplimiento inmediato y obligatorio y serán vigilados por los pueblos que lo declaran. En caso de incumplimiento aplicaremos nuestras propias leyes y correctivos. l
Periodistas en la mira
Un resumen elaborado por la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (ciap), de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap), consigna el asesinato de 28 periodistas en 8 países de América Latina durante 2006. México resultó el país más peligroso para los informadores con diez asesinados durante el año.
A nivel mundial, continúa el informe, fueron 105 periodistas los asesinados, 48 de los cuales perdieron la vida en Irak, “por la ilegal ocupación armada de Estados Unidos”, afirma Hernán Uribe, periodista chileno y presidente de la ciap, en un artículo divulgado por alai-amlatina, del 5 de enero de 2007.
En América Latina, con conflictos bélicos o sin ellos, prosigue Uribe, “los informadores son eliminados por narcotraficantes, por mafias de diversa naturaleza y siempre porque los periodistas son testigos de crímenes y otros delitos. La matanza de periodistas se constató durante las dictaduras cívico-castrenses emergidas con mayor fuerza en los años setenta del siglo pasado. Mas tal situación continuó bajo gobiernos electos y prosigue hoy”. En agosto de 2006, la Relatoría para la Libertad de expresión de la oea (consigna Hernán Uribe) afirmó que “en los últimos diez años se registraron 83 asesinatos de periodistas en Colombia, 24 en Brasil e igual número en México”. Ocurrieron también en Guatemala, Ecuador, Haití, Nicaragua, Venezuela y otros.
De acuerdo al presidente de la ciap, durante 2006 fueron asesinados en Ecuador José Luis León, reportero de Radio Minutera y Saúl Suárez, reportero gráfico de La Hora Durandeña. Ambos a tiros. En El Salvador cayó abatido Douglas Hernández, de La Prensa Gráfica. En Colombia fueron Gustavo Rojas Gabalo, periodista radial, Mariano Pérez Murga y Francisco Bonilla Romero.
Edgardo Maas, fue muerto a tiros en Guatemala. Ronaldo Wadell, comentarista de televisión en Guyana, fue tiroteado también al igual que Richard Stewart, Chetram Pergaud, Elión Wegman, Mark Mikoo y Shazim Mohamed, quienes fueron baleados en el interior de Kaieteur News, el 8 de agosto de 2006.
En República Dominicana, perdieron la vida Domingo Disla Florentino y Facundo Lavatta, de Radio Comercial. En Venezuela lo fueron Jesús Flores Rojas, Jorge Aguirre y Pedro Bastardo.
En México ocurrieron asesinatos de periodistas por todo el país: José Valdés en Coahuila, Jaime Olvera Bravo en Michoacán, Ramiro Téllez Contreras en Tamaulipas, Enrique Perea Quintanilla y Rosendo Pardo Ozuna en Chiapas, Misael Tamayo Hernández en Guerrero, José Manuel Nava, ex director de Excélsior, en el Distrito Federal; Roberto Marcos García en Veracruz; Alfonso Sánchez Guzmán en Oaxaca. Un caso aparte es Bradley Will, conocido camarógrafo de Indymedia, quien murió tiroteado por paramilitares del gobierno oaxaqueño durante el conflicto que continúa en la entidad por la represión desatada por el gobernador Ulises Ruiz. l
Certificación
Un parásito exprime la agricultura “ecológica”
Mario Mejía Gutiérrez, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia en Palmira, asegura que “las firmas certificadoras se han constituido en el parásito de la agricultura ecológica”, pues burocratizan, elitizan y encarecen el alimento sano. Como condición de comercio, la certificación es “elitista porque encarece los productos y por tanto excluye a los seres con menos capacidad adquisitiva. Construye otro privilegio para los adinerados: el del alimento sano”. Es parásita porque “no agrega valor mediante tratamiento o transformación: su esencia es eminentemente burocrática; su poder viene de la intermediación”.
Ser campesinos deja de tener el valor de una vida en la siembra, en crianza mutua con el territorio propio, cuando es la certificación la que justifica la actividad campesina posibilitándole un sobreprecio. Con todos los disfraces que se le presente, la certificación es eminentemente mercantil, y fue impulsada con el “advenimiento de supermercados y grandes compañías transnacionales en el negocio de los alimentos sanos”.
Mejía afirma: “son ya cerca de seiscientas mil granjas certificadas a nivel mundial para veintisiete millones de hectáreas. Ahora las transnacionales son a la vez transgénicas, químicas y ecológicas: CocaCola (según Conexión Ecológica, abril de 2005) envasa jugo de naranja orgánico. Unilever, la tercera transnacional mundial de los alimentos, le juega a la vez a lo sustentable, a lo ecológico, a lo químico y a lo transgénico, es decir, al dinero, donde quiera que pueda encontrarse”.
Los certificadores a su vez, se convierten también en grupos de élite que lucran de controlar el acceso de los pequeños productores a los mercados especializados. Anoten la cifra que da Mario Mejía, que en 2005 era de “tres millones de pesos colombianos por cada año y por cada certificado”. l
Paraguay
Los brasileños ocupan el 40% del Alto Paraná y Canindeyú
Actualmente, los brasiguayos poseen 1.2 millones de hectáreas, que significan el 40 por ciento de la superficie total de los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú. En los últimos años, la tensión fue creciendo cuando organizaciones campesinas empezaron a exigir al gobierno expropiar las tierras.
La capitalización de brasiguayos, mediante el negocio de la soja, en el Alto Paraná, obligó a muchos campesinos paraguayos a vender sus tierras. Esto provocó la desaparición de alrededor de diez colonias nacionales creadas por el Instituto de Bienestar Rural, hoy Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Organizaciones campesinas, como la Asociación de Agricultores del Alto Paraná (Asagrapa), hoy acusan a los brasiguayos de muchos males, que van desde la contaminación por uso de agroquímicos, la tala de árboles, hasta de imponer la cultura y la lengua brasileñas en una vasta zona del territorio paraguayo.
En los últimos años, la tensión fue creciendo cuando las organizaciones sociales se propusieron recuperar cuanto menos unas 30 mil hectáreas de tierra que reivindican para solucionar el problema de los sintierras en Alto Paraná.
Hoy día, los brasiguayos poseen 1.2 millones de hectáreas. Según estimaciones privadas, de 1.5 millones de hectáreas de soja sembrada en la actual temporada, 1.2 millones corresponden a los agricultores brasiguayos. La mayoría de los 37 mil brasileños que viven en zonas rurales de ambos departamentos son hacendados medianos, con propiedades de 500 hectáreas, lo que los coloca en al equivalente de la clase media urbana.
En las mismas zonas habitan cerca de 295 mil paraguayos, incluidos los descendientes de inmigrantes brasileños con residencia legal.
No existen registros locales sobre la cantidad de habitantes que son hijos de brasileños. En algunos distritos como Santa Rita, Naranjal, San Cristóbal, Iruña, San Alberto y Santa Fe se percibe la presencia de más de 90 por ciento de brasileños y sus descendientes, donde se habla, se lee y se educa en portugués.
Ante la ausencia del Estado paraguayo, los colonos fundaron por su cuenta escuelas, contrataron profesores y se preocuparon de la salud y la seguridad.
Se puede mencionar que la mayoría de las comisarías están asentadas en propiedades privadas, las residencias de los efectivos policiales son donadas por los brasiguayos, e incluso las patrulleras que utilizan son de propiedad particular.
Un ejemplo es el caso de la comisaría ubicada en Torokua, distrito de Ñacunday, donde el local está instalado en la propiedad de la empresa agroganadera Agrotoro.
El campo está quedando en manos de grandes propietarios. En las antiguas colonias paraguayas están entrando los sojeros, desplazando a miles de familias paraguayas.
“Empiezan alquilando la tierra por uno o dos años y después ya las venden y vienen aquí a la ciudad, en los barrios, sin trabajo, sin forma de vida. Es un problema acuciante”, denunció en más de una ocasión el padre José Fernández, de la Pastoral Social de la Diócesis de Ciudad del Este.
Fernández sostiene que los empresarios de la tierra tienen de 300 a 3 mil hectáreas y los pequeños agricultores no poseen ni un metro cuadrado.
El sacerdote señaló que hay que sumar un agravante: las máquinas desplazaron totalmente a la gente. “Con un operador de máquinas es suficiente para manejar mil hectáreas, donde antes trabajaban 100 a 200 familias”, sentenció.
En 2003, por presión de organizaciones campesinas, se conformó una comisión multisectorial integrada por la Junta y el ejecutivo departamentales y técnicos de la oficina regional del entonces ibr (hoy Indert) para recuperar derecheras en poder de extranjeros no sujetos a la reforma agraria.
“Recuperamos más de 200 hectáreas de tierras. Derecheras que eran propiedades del Estado que estaban en manos de personas no sujetas a la reforma agraria. Posteriormente salí de la presidencia y el ingeniero Mario Ramírez salió del Indert y vino otra persona, que no tiene la más mínima vocación de servicio y todo el trabajo quedó en la nada”, señaló Luis Moriz, actual presidente de la Junta Departamental. Éste aseguró que existe una silenciosa invasión brasileña en el departamento ocupando tierras fiscales, incluso en complicidad con funcionarios de la oficina local del ente agrario.
En la colonia Nueva Conquista, ubicada en Rancho Alegre, distrito de Itakyry, se detectó que las escuelas y las iglesias de la comunidad están rodeadas de sojales. Ante esta situación, muchos decidieron abandonar sus tierras y volver a la ciudad “porque fueron avasallados en su derecho”, aseguró Moriz, al tiempo de afirmar que el 95 por ciento de las 30 mil hectáreas que tiene la colonia está en mano de los brasileños, incluyendo las reservas.
En el caso de la colonia Nueva Fortuna, ubicada en el distrito de Hernandarias, el concejal departamental sostuvo que se encuentra en la misma situación.
Joaquín Bonett
http://alainet.org/active/14267
Declaración Rumbo a Nyèlèni 2007
El trabajo, la creatividad, la sabiduría de las mujeres
Nosotras, mujeres, campesinas, indígenas, afro descendientes, pescadoras, del movimiento de mujeres y ambientalista reunidas en San José Uruguay en el Taller Escuela Regional de Mujeres: ya es Tiempo de Soberanía Alimentaria, venidas de todas partes del continente, reconocemos:
La soberanía alimentaria es un principio orientador de nuestra vida y lucha.
El trabajo, la creatividad y la sabiduría de las mujeres son fundamentales para construir y garantizar nuestra soberanía alimentaria.
Por siglos, las mujeres hemos mantenido un vínculo fuerte con la tierra, las agriculturas, los alimentos y las semillas. Nosotras, iniciadoras de la agricultura, recolectamos, seleccionamos, reproducimos, propagamos y custodiamos las semillas. Construimos conocimientos y saberes que son fundamento de las culturas de los pueblos.
Nosotras que somos un pilar fundamental en la producción y preparación de los alimentos, nos declaramos luchadoras incansables por la soberanía alimentaria y en el combate al hambre en el mundo, provocada por los procesos capitalistas y las políticas neoliberales que expulsan de sus territorios a campesinos y campesinas, a pescadores, a los pueblos indígenas, a los afrodescendientes y para instalar y favorecer agronegocios que explotan, depredan, destruyen, contaminan y envenenan nuestros territorios. Mientras nuestros campos se transforman en monocultivos intensivos de árboles, transgénicos y plantaciones para biocombustibles, en nuestros territorios se construyen represas que destruyen ríos, se instalan industrias extractivas que dejan desolación y muerte. Nuestros pueblos sufren el flagelo del hambre, la explotación y la desarraigo.
Con el discurso del desarrollo y la modernidad, el modelo de sociedad que tiene como motor el mercado mercantiliza nuestros cuerpos, deseos, lengua y cultura; nuestros afectos, nuestra vida; reconcentra la tierra en manos de empresas transnacionales, nos convierte en manos de obra barata, utiliza estrategias como la ocupación forzada, la militarización de los campos, la criminalización de nuestras luchas y movimientos, destruye nuestros bosques, mercantiliza la naturaleza con servicios ambientales y procesos de certificación.
Las políticas impulsadas por la omc, el Banco Mundial, el fmi, las instituciones financieras internacionales y los gobiernos están hechas para favorecer los intereses de las corporaciones transnacionales, a través de negociaciones de tratados de libre comercio, acuerdos bilaterales y multilaterales. El libre comercio que promueve la inversión extranjera, mercantiliza la agricultura y la naturaleza de los alimentos, privatiza el conocimiento y los saberes. El Plan de Integración de Infraestructura Regional para Sur América promovida por la instituciones financieras internacionales desintegrará nuestros territorios, con proyectos como los megapuertos, las carreteras, las hidrovías. Sumado a esto, el actuar de un sector de la cooperación internacional debilita nuestros procesos sociales al respaldar discursos como la responsabilidad social corporativa, los procesos de certificación, de comercio justo, creando confusión y dispersión en los esfuerzos por construir soberanía alimentaria. Así, nos comprometemos:
A mantener nuestra identidad, alcanzar la libertad y la justicia, recuperar y defender nuestros territorios y nuestras semillas, construir la solidaridad para todas las mujeres y los hombres del campo.
A construir soberanía alimentaria produciendo, intercambiando, consumiendo alimento acorde a nuestra tradición y saberes ancestrales; sin permitir la intromisión política, económica o militar. Respetando los ciclos de la naturaleza, defendiendo el agua, la diversidad biológica, y manteniendo los suelos fértiles.
A fortalecer la campaña La Semilla Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humanidad y proponer a los movimientos sociales que la semilla sea el símbolo de nuestras resistencias.
A liberar las semillas que se encuentran en las cárceles de los centros de investigación, gobiernos y transnacionales. Para que regresen al control de los pueblos en los semilleros campesinas e indígenas.
A defender el agua, el patrimonio cultural y la naturaleza realizando acciones de resistencia en marzo de 2007, que simbolizan nuestra unidad entre mujeres y campesinado.
A desarrollar un trabajo sostenido de concientización y educación popular por la soberanía alimentaría teniendo como base los alimentos como una necesidad para la existencia de los seres vivos y de construcción de identidad para los pueblos.
A fortalecer las alianzas entre los pueblos indígenas, las organizaciones campesinas, de pescadores, mujeres, ambientalistas, jóvenes, barriales, comedores comunitarios, sindicales y desarrollar una fuerza social que construya y defienda la soberanía alimentaria en sus múltiples aspectos.
A fortalecer y promover las ferias y los mercados locales, la agricultura urbana, los trueques e intercambios de productos como expresión de defensa de la soberanía alimentaria, construcción de relaciones solidarias y resistencia al modelo que se impone con hipermercados y cadenas de distribución en manos del gran capital.
A crear redes de comunicación, información, capacitación y coordinación entre los pueblos campesinos, indígenas, afrodescendientes y pescadores sobre la soberanía alimentaria.
A crear y fortalecer redes de solidaridad entre productores y consumidores de productos tradicionales.
A articular la lucha por la soberanía alimentaria con la soberanía energética, ecológica y otras soberanías de los pueblos.
Lucharemos por una reforma agraria integral que garantice la tierra a mujeres y hombres y el control del pueblo a sus territorios. l